Reforma de la policía en Venezuela: ¿utopía o realidad?

soraya_venezuela.jpgUna policía eficiente y transparente, democrática, que trabaje a servicio de la población orientada por los principios de los derechos humanos, cuyas funciones sean planificadas y sometidas a un proceso constante de evaluación y control de desempeño. Parece utopía, pero la formación de esa policía casi fue posible en Venezuela.
 

Durante nueve meses, la Comisión para la Reforma Policial, convocada por el entonces ministro del Interior y Justicia, Jesse Cahcón, trabajó sobre datos, informaciones, opiniones, investigaciones, para llegar a un consenso sobre cuál sería el mejor modelo de policía para el país.
 

Existen actualmente en Venezuela 126 corporaciones policiales, de las cuales 24 son estatales y 99 municipales. Además de éstas, también cumplen funciones de policía preventiva u ostensiva la Guardia Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminológicas y el Cuerpo de Guardas de Tránsito Terrestre. “Entre 1990 y 2006, se crearon 105 nuevas policías sin que se siguiesen estándares, reglas de carrera o códigos de conducta comunes a todas", explica Soraya El Achkar, que coordinó la Secretaría Técnica de la Comisión.
 

La comisión era un órgano temporal, interinstitucional, de carácter consultivo, y con una característica muy particular: estaba formada por representantes de varios órganos gubernamentales y no gubernamentales representativos de toda la sociedad.
 

La iniciativa ocurrió en respuesta a un contexto de violencia policial que seguía un estándar común a la mayoría de los países de América Latina –uso indiscriminado de la fuerza, impericia en el uso de las armas de fuego, torturas y amenazas, detenciones arbitrarias, invasiones ilegales.
 

“A pesar de todos los esfuerzos hechos a lo largo del tiempo, no logramos que la policía fuese una institución que respetase los derechos humanos y sigue habiendo en toda América Latina problemas de relación entre policía y comunidad”, afirma Soraya, que forma parte de la ONG de defensa de los derechos humanos Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
 

Soraya Achkar participó en Río de Janeiro de la segunda edición del Curso de Liderazgo para el Desarrollo Institucional Policial, promovido por Viva Rio en el ámbito de la Red Latinoamericana de Policías y Sociedad Civil. El curso reunió a representantes de las policías y de organizaciones de la sociedad civil de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y Brasil con el objetivo de promover el intercambio de experiencias en el área de seguridad pública y la búsqueda de soluciones para los países de América Latina.

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Violaciones a los derechos humanos
 

En el artículo “Reforma policial en Venezuela: una experiencia en curso” Soraya afirma que el “registro sistemático hecho por las organizaciones de derechos humanos durante más de tres décadas nos permite afirmar que en Venezuela las corporaciones policiales y militares violan los derechos humanos y que están arraigados mecanismos de impunidad que impiden la justa sanción de los responsables de estas violaciones".
 

Una investigación publicada en 2004 por la Red de Apoyo a la Justicia y a la Paz revela que todas las corporaciones de seguridad (nacionales, estaduales y municipales) tuvieron responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos. Según la organización, entre 1990 y 2005, ocurrió un promedio de 15 muertes al mes por las manos de la policía.

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Fuente: Investigación propia

El trabajo de la Comisión se realizó en tres dimensiones. La primera consistía en hacer un diagnóstico de la policía, después se construiría un nuevo modelo de policía y, por último, recomendaciones para implementación inmediata. Todo el proceso estuvo orientado por el concepto de que todos los sectores de la sociedad deberían participar en la concepción y deberían estar de acuerdo con este nuevo modelo de policía.

 
Consulta popular

 
Para ello, se llevó a cabo una consulta popular en dos frentes. La consulta difusa se realizó a través de Internet, buzones esparcidos por mil poblaciones y entrevistas por teléfono. En otro tipo de consulta, llamada de concentrada, se utilizaron mecanismos como foros regionales, talleres sectoriales y mesas técnicas. Participaron en total cerca de 70 mil personas.
 

La consulta, inédita en el ámbito de la seguridad pública, estuvo orientada según siete ejes temáticos: uso de la fuerza física, corrupción, cultura organizacional, carrera policial, gestión y eficiencia, rendición de cuentas, atención a las víctimas, estructura de la policía.
 

Para Soraya, la consulta popular es la mejor forma de obtener información para que se cree e implemente una política pública. Pero ella debe estar siempre presente. “La consulta popular es un principio de democracia y debe ser siempre un ente transversal y continuo. El principio democrático de participación ciudadana debe estar presente no sólo al inicio de la gestión pero durante toda la gestión”, opina.
 

Y ella va más lejos. Afirma que las consultas son, en realidad, un instrumento pedagógico y que es a través de ellas que la población discute y consolida sus valores. “Durante las reuniones que hicimos, las comunidades podían construir y deliberar sobre la relación que querían tener con la policía. Es una oportunidad de delinear valores sociales y políticos”, enseña.
 

El resultado de la consulta difusa fue que la policía es una institución corrupta, que son necesarios mecanismos para controlarlo y que los ciudadanos pueden cooperar. En la consulta concentrada, se indicó el uso desproporcionado de la fuerza, la corrupción, la interferencia política en la organización de la policía, entre otros.
 

Pero el diagnóstico de las características de la policía venezolana no se hizo sólo con base en las consultas. También se realizaron estudios empíricos. El Informe de Autopercepción Policial, el Informe de Análisis Organizacional de los cuerpos de seguridad del Estado y el Informe de la Formación Policial en Venezuela son algunos de ellos.
 

Con relación a los ítems indicados en la consulta, uno llama la atención y es especialmente importante en Venezuela. De acuerdo con Soraya, la influencia política sobre las corporaciones policiales es un problema grave en el país con gobernadores y alcaldes actuando incluso sobre la carrera de los policías.
 

Para ella, cambios en la legislación no solucionan los problemas de la relación entre los políticos y la policía. “Podemos tener un manual de procedimientos, podemos tener reglas disciplinarias, un sistema de rendición de cuentas impecable, una relación perfecta con la población. Esto no sería suficiente para tener una policía digna y que respete los derechos humanos, si no modificamos las expectativas que los políticos tienen sobre la policía y sus funciones", explica.
 

Con relación a las recomendaciones de implementación inmediata, sólo se aprobaron dos. Una de ellas sugería la creación de un instrumento legal que previniese y controlase las operaciones de seguridad pública y la otra sugería la creación de un código de conducta que orientase las acciones de los policías.
 

La medida que recomendaba la creación de un sistema con información sobre las armas de los órganos de seguridad, la que sugería la creación de un programa permanente de certificación de buenas prácticas policiales y la que creaba una instrucción de supervisión de los órganos policiales, no fueron aprobadas por el gobierno.
 

Proyecto suspendido
 

A pesar de que la Comisión haya cerrado la propuesta de modelo de la policía, el proyecto fue interrumpido debido a cambios en el Ministerio del Interior. Según Soraya, el cambio de ministros es un problema recurrente. “Estamos viviendo un momento complejo en el país en que ocurren muchos cambios de ministros. En mitad del proceso, el ministro del Interior fue sustituido por otro que no concordaba con la reforma", explicó. 

Soraya informa, todavía, que la reforma de la policía venezolana no era una decisión presidencial, y que hasta ahora el nuevo ministro no demostró ninguna señal de que va a dar continuidad a la reforma. Incluso porque el país está en vísperas de una reforma constitucional en que están en pauta modificaciones referentes a los derechos humanos.
 

Constitución
 

La Asamblea Nacional Constituyente de 1999 amplió el capítulo de derechos humanos y garantías constitucionales a favor del respeto a los derechos fundamentales incluso durante estados de excepción. La Constitución de 1999 limita el período del estado de excepción y garantiza el respeto al derecho a la información y a la integridad física.
 

Entre las propuestas enviadas por el gobierno y que deben ser votadas por la población en referendo, está la de que no haya límite de período para el estado de excepción. La reforma constitucional tampoco menciona como intangibles los derechos cuya garantía no se puede suspender en estados de excepción.
 

Para Soraya, eso es un retroceso, ya que la Convención Americana no exige la delimitación de tiempo y esto había sido una conquista constitucional. “Nuestra lucha ahora es para que no se aprueben los artículos relacionados al estado de excepción. Hacemos presión durante la campaña para el referendo e informando la población”, afirma.
 

Con relación a la reforma de la policía, Soraya tampoco es tan optimista. En uno de los artículos el presidente Hugo Chávez propuso que las Fuerzas Armadas se encargaran de los temas de seguridad ciudadana. As organizaciones que trabajan con derechos humanos en Venezuela lograron revertir la decisión y la Asamblea Nacional corrigió el artículo.
 

Pero el fantasma de la represión todavía asombra. “Con la reforma constitucional, queda abierta una ventana pues hay una disposición transitoria que dice que funcionarios de la Guarda Nacional, que es una institución de las Fuerzas Armadas, pueden convertirse en policías. " Hay que esperar par ver qué pasará.

Íntegra del artículo "Reforma policial en Venezuela: una experiencia en curso" (formato PDF)

Para saber más:

Red de Policías y Sociedad Civil de Latinoamérica

Situación de la violencia y delincuencia en Venezuela

Venezuela: diálogo entre la sociedad civil y el Estado para reducir la violencia armada

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