Latinoamérica unida para debatir política de drogas

La necesidad de formular un conjunto de recomendaciones que dé voz a la región en el marco de la revisión de las metas establecidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1998 es la misión de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia lanzada el último 30 de abril, en Río de Janeiro, por Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil. La comisión también es liderada por los ex presidentes César Gaviria y Ernesto Zedillo, de Colombia y México, respectivamente.

“Las propuestas elaboradas por la comisión serán presentadas a la opinión pública de nuestros países y a la comunidad internacional. Es necesario que la voz de Latinoamérica sea escuchada en el debate global sobre un problema transnacional que afecta a todos”, explicó Cardoso.

El ex mandatario afirmó que el aumento de la criminalidad por tráfico de drogas reduce la confianza de la población en las instituciones, lo que se ha transformado en una “amenaza para la propia democracia”. Los otros dos ex presidentes también manifestaron su preocupación con el fracaso de las actuales políticas de combate a las drogas.

Gaviria, que estuvo al frente de Colombia de 1990 a 1994, durante el periodo de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, resaltó que las drogas no deben ser vistas como un problema exclusivo de las autoridades: “No se trata de poner en discusión que es necesario el control, pero este tema es un reto para nuestras democracias y necesitamos recursos sociales para enfrentar los problemas causados por el narcotráfico. Por eso es muy importante el papel de la familia, la escuela y la medicina”.

Por su vez, el ex presidente de México de 1994 a 2000, que tomó parte en la anterior Asamblea General de la ONU sobre drogas, reconoció que el abordaje adoptado hace diez años fue inadecuado. Zedillo, que participó del encuentro por video conferencia porque no pudo estar presente en el evento, hizo un llamado para la necesidad de formular propuestas concretas de políticas alternativas: “Continúo convencido que el narcotráfico no es apenas un flagelo para nuestras sociedades, sino también la mayor amenaza a la seguridad pública de nuestros países”.

En 1998, las Naciones Unidas establecieron un plazo de diez años para resolver el problema de la producción y el comercio de drogas en el mundo. Pero, según especialistas, a pesar de los millones de dólares invertidos en la guerra contra las drogas, la producción, el tránsito y el consumo de sustancias ilícitas sólo ha aumentado en la región.

“Los gastos con el combate a las drogas son enormes. Es casi el mismo valor generado por el comercio de drogas, que moviliza aproximadamente US$ 60 mil millones. El combate cuesta US$ 40 mil millones y la eficacia es relativa” comentó Cardoso. “Queremos discutir como mejorar eso. No es un problema fácil y debe ser enfrentado”, agregó.

Tres regiones, tres abordajes diferentes

Tras la ponencia de los ex presidentes y la presentación de los objetivos y la agenda de trabajo de la comisión, Martin Jelsma, experto en política de drogas del Transnacional Institute, organización internacional con base en Holanda, expuso el actual estado del debate en la Unión Europea y en la ONU.

“Es hora que Latinoamérica desarrolle su propia respuesta más allá de la ideología de Estados Unidos que dominó el debate en la última década”, afirmó. Jelsma destacó la experiencia positiva de algunos países de Europa que han adoptado la perspectiva de reducción de daños: “No va a haber un mundo sin drogas, por eso la política de tolerancia cero está siendo sustituida por la reducción de daños, que aproxima la población al problema”.

El holandés explicó que la política de reducción de daños incluye una serie de medidas que visan disminuir lo máximo posible el daño causado por las drogas, como por ejemplo la regulación de pequeñas cantidades de droga y el canje de jeringas.

Por su vez, Peter Reuter, de la Universidad de Maryland, defendió alternativas económicas y estuvo de acuerdo que la represión no aleja a los jóvenes de las drogas. “Actualmente hay 500 mil personas presas por crímenes relacionados a drogas en Estados Unidos. Es la misma población en todas las prisiones de Europa por todo tipo de crimen. Mismo así, el precio de la heroína y la cocaína en el país ha bajado, contrario a todo lo que se esperaba”.  

De acuerdo al estadounidense, el mercado de las drogas no está siempre vinculado a la violencia. “Esto se debe a problemas de seguridad pública que ya existen en países con altos índices de criminalidad, como Brasil, Estados Unidos, México y Colombia”, dijo.

Ya para el antropólogo y director de la ONG Viva Rio, Rubem Cesar Fernandes, la guerra contra las drogas sólo ha aumentado el margen de lucro de las organizaciones criminales que se expanden frente a la fragilidad institucional de la región.

Para el brasileño es necesario un cambio a nivel de tomadores de decisión y una mejor comunicación con la sociedad, especialmente los jóvenes. “Nuestro gran reto es hacer la transición del colectivo al individuo y abordar el tema desde la perspectiva de reducción de daños”, señaló.

Por una voz en conjunto

El tema de cómo abordar el problema de las drogas dividió a los miembros de la comisión, pero encontró unisón al establecer el fracaso de la actual política de drogas y la necesidad de elaborar propuestas para políticas más eficientes, seguras y humanas.

Gaviria, por ejemplo, defendió la discusión sobre despenalización del consumo de drogas. Para el colombiano, los instrumentos usados contra el alcohol y el cigarro podrían ser utilizados con otras drogas: “No es más posible discutir apenas desde una perspectiva criminal, pues también se trata de un tema de salud pública”.

Por su parte, Cardoso cree que la despenalización es algo a ser conversado, mientras tanto apuesta en la reducción de daños: “Es necesario evaluar, pues no es tan sencillo. Lo que sabemos es que la represión no resuelve. La prevención talvez sea más eficaz.”

Cardoso también enfatizó que la actitud pública necesita cambiar en una región donde los usuarios son demonizados por la policía y la prensa. “Los medios tienen un importante papel en presentar alternativas, y pueden motivar la solidaridad con los dependientes químicos”, observó.

Además de los tres ex jefes de Estado, componen la comisión 15 personalidades de la región, que incluye desde escritores y ex jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta periodistas de varios países. Los participantes se vuelven a reunir en septiembre, en Colombia, y en México, en febrero, cuando deberán finalizar un documento para presentar en el encuentro ministerial que concluye la revisión de la ONU en marzo de 2009 en Viena, Austria.

La comisión cuenta con el apoyo del Instituto Fernando Henrique Cardoso (IFHC), Open Society Institute (OSI), Plataforma Democrática y Viva Rio.

Para saber más:

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