Los jóvenes que delinquen en el centro del debate político

En medio del debate electoral, el asesinato de un chofer de camiones –Daniel Capristo- de nueve balazos por parte de un joven de 14 años, en las cercanías de Buenos Aires, le dio un nuevo impulso al debate siempre latente en torno a qué debe hacer el Estado con los jóvenes que delinquen.

Este país se ve constantemente conmocionado por cada hecho de sangre que se da a difusión y la polémica sobre cuánto es inseguridad real y cuánto “sensación” divide a la sociedad poniendo, de un lado, al gobierno y del otro, a un amplio espectro de detractores.

Lo cierto es que en 25 años de democracia no se ha dado una respuesta al problema de la violencia urbana, en especial la encarada por jóvenes menores de edad. Ante ello, sin respuestas de parte del Estado, la sociedad ha buscado –y de mal modo- las propias.

De hecho, el caso que ahora ocupa a los medios de comunicación casi sin descanso y que empuja al Congreso a aprobar nuevas leyes que permitan condenar a menores de 16 años, tiene sus propios puntos poco claros. La conmoción causada por el asesinato ocasionó que el fiscal de la causa, Enrique Lázzari, fuera salvajemente golpeado por manifestantes que reclamaban mejores condiciones de seguridad.

Según relató el periodista Raúl Killman, del diario Página 12, ese hecho “demoró las pericias, el levantamiento de rastros y la investigación en sí misma”. Por esto, recién ahora se conoce que la víctima fatal salió de su casa portando un arma de fuego calibre 38 y no está del todo claro si Capristo alcanzó a dispararle al joven de 14 años que intentaba robarle el automóvil antes de que este vaciara el cargador de su arma en la víctima fatal.

“El caso vuelve a demostrar que en el 90 por ciento de los hechos, el uso de un arma para evitar un robo trae gravísimos perjuicios”, señaló Kollman, casi solitario en medio de una andanada de la prensa que exige –en conjunto con la masa enfurecida y la oposición, aunque también con el apoyo del ex presidente Néstor Kirchner en plena campaña electoral- el endurecimiento de las leyes.

Ahora, nuevas leyes para los jóvenes que delinquen

Tratando de montarse sobre la ola de bronca popular, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández se apuró en asegurar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentará al Congreso “un nuevo proyecto de Régimen Penal Juvenil “que respete los derechos de los menores”, pero, dijo “se tiene que asegurar un proceso penal que hoy no existe y que se establezcan sanciones para los menores que cometan delitos. Todo menor de 14 años –agregó- sabe que está prohibido robar y matar. Entonces, frente a un delito grave, es necesario que tenga sanciones graves”, dijo, dándole respaldo oficial –aunque suavizando el discurso- a la idea de bajar a los 14 años la edad de imputabilidad de los jóvenes, establecida en la actualidad en los 16 años.

Sin embargo, más allá de que el Gobierno presente o no un proyecto propio, la Cámara de Diputados sacó del olvido algunos proyectos que permanecían en estudio de las comisiones y el Senado de la Nación le puso fecha al tratamiento de una iniciativa propia: el próximo 29 de abril.

En Diputados, la propuesta con mayor consenso pertenece a los legisladores Emilio García Méndez (partido Solidaridad e Integración, opositor) y Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social, crítica).

García Méndez, en diálogo con ComunidadSegura.org se quejó de lo que denomina “populismo jurídico”: cuando la justicia se pone del lado del reclamo popular y, por lo tanto, no hace justicia.

El legislador –de reconocida trayectoria al frente de la Fundación Sur, especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes- señaló que “cuando se trata de menores de edad, todo indica que nada debe hacerse apurados por la coyuntura electoral, ni en momentos de grave alteración del orden público por hechos de violencia que tenga a menores como víctimas o victimarios”.

Y cuestionó que “desde 2003 hasta ahora, ninguna iniciativa del Congreso ha sido impulsada ni ha tenido el visto bueno del Poder Ejecutivo nacional”.

García Méndez cuestionó por esto al gobierno argentino y lo acusó de preparar un proyecto “a las apuradas”, con la autoría del ministro de la Suprema Corte de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni.

El legislador desconfía de Zaffaroni, ya que éste, desde su lugar en la Justicia rechazó, en diciembre del año pasado, un Hábeas Corpus a favor de jóvenes menores de 16 años recluídos en pésimas condiciones y a pesar del viso bueno obtenido previamente en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Sin embargo, citando a Nelson Rodríguez, le dio una chance a la esperanza: “Hay gente que en función de sus intereses personales –dijo- hasta es capaz de una buena acción”.

Críticas al oportunismo

En tanto, la diputada Vilma Ibarra cuestionó la virulencia del debate político sobre este tema. Criticó al ex presidente Kirchner, quien gusta hablar del tema en las tribunas políticas a diario, tergiversando el debate. “No hay que aprovechar las situaciones de angustia y de dolor de la ciudadanía –analizó- para decir cosas, porque cuando se pudo tratar este tema la mayoría parlamentaria no los trató”.

Mientras esto se dice en el Congreso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal candidato del oficialismo en las próximas elecciones, Daniel Scioli, salió a reclamar “penas más duras” para los jóvenes que delinquen, repitiendo un libreto simple y muy utilizado en todo Occidente por políticos en campaña que se ven acosados por el aumento de la criminalidad.

Como respuesta, la  Procuradora del Estado bonaerense, María del Carmen Falbo, dio su opinión: “Bajar la edad de imputabilidad de los menores o agravar las penas no sirve para modificar un estado de inseguridad”.

Todo este clima que se vive en la Argentina se vio enrarecido cuando el juez que investiga el asesinato de Capristo decidió darle la libertad al joven asesino, abriendo un abanico de críticas.

Los jóvenes, nuevamente tienen a su libertad condicionada por los fuegos de artificio de una campaña electoral, mientras vastos sectores de la población esperan medidas de fondo y no un coro de candidatos que sumen, sin pensarlo, su voz al reclamo popular con la idea puesta, solamente, en conseguir resultarles simpáticos sin cambiar la realidad.