Conocer el camino de las armas y reducir la violencia

El Estatuto del Desarme, aprobado en diciembre de 2003, y la campaña de entrega voluntaria de armas en Brasil son indicados como responsables de las alteraciones significativas en el mórbido índice de homicidios por armas de fuego en Brasil. Según el Ministerio de Salud, la caída en números absolutos fue del 12% entre 2004 y 2006.

 
Mientras los números enseñan que “menos armas = menos muertes”, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de la Cámara Federal, diputado Raul Jungmann, cumple su parte en garantizar que el Estatuto se preserve en su esencia. 

 
Su liderazgo fue fundamental en la aprobación por el plenario de la Cámara de la Medida Provisional 417, que aguarda votación en el Senado.  La MP reedita la campaña de recogida de armas y prorroga el período para re-catastro de armas hasta el 31 de diciembre de 2008. La MP garantiza que propietarios de armas de fuego tengan la oportunidad de sacarlas de la ilegalidad a tasas reducidas (R$ 30) y sin necesidad de testes psicológicos o de manoseo.

 
Según la Policía Federal, existen hoy 14 millones de armas ilegales en circulación en Brasil. La expectativa es que la medida provisional ayude las fuerzas de seguridad pública a traer parte de esas armas para la legalidad. 

 
La Comisión de Seguridad Pública también discute en el momento el regreso de la campaña de entrega voluntaria de armas, más una acción en el sentido de prevenir el aumento del arsenal del crimen: sólo en 2003, también según datos de la Policía Federal, 27 mil armas fueron robadas de residencias y entraron para el ciclo del crimen.
 

Hoy en el comando de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado federal Raul Jungmann fue también sub-relator de la Comisión Parlamentaria de Averiguación (CPI) sobre el Tráfico de Armas, cuyo informe final trajo información sobre el camino de las armas desde su fabricación hasta su destino final en las manos de criminales, y secretario general del Frente Parlamentario Brasil Sin Armas.
 

En alianza con la sociedad civil, el Frente Parlamentario ayudó a hacer público el debate sobre violencia armada en el país, que tuvo su mayor expresión en la realización de un referendo popular –primero en la historia brasileña- sobre comercio de armas de fuego.
 

Jungmann habló con Comunidad Segura sobre seguridad pública, desarme y la importancia del trabajo parlamentario en la reducción de la violencia armada.
 

Cuando le eligieron para la Comisión de Seguridad, anunció que pretendía dar prioridad al paquete penal (cambios en el Código Penal) y al paquete de seguridad.  ¿Cómo está la tramitación de esos proyectos?
 

El Congreso no terminó de apreciar el paquete penal hasta hoy porque las Medidas Provisionales (MPs) estaban bloqueando la pauta de votaciones.  Con la aprobación, el último miércoles (16/04), de la propuesta que acaba con el bloqueo de la pauta por las MPs, se abre un espacio para que podamos tratar de cuestiones tenidas como de fundamental importancia para la sociedad brasileña.
 

¿Cuáles serían los principales puntos de los paquetes?
 

Uno de los principales proyectos es el que prohíbe la restricción de recursos para el área de Seguridad Pública.  El segundo es el que trata la cuestión de la agilidad de los procesos, pues necesitamos buscar nuevas formas para dar mayor celeridad a los procesos, garantizando obviamente el derecho de defensa a todas las personas.
 

¿Alguno más?
 

Otro proyecto a discutirse es la tipificación de los crímenes cometidos por personas que llevan aparatos de comunicación -como móviles, radios y pagers [buscas/mensáfonos]- para dentro de los presidios.  Ese crimen ya ha sido tipificado para presos sentenciados.  Falta tipificarlo para terceros, que no están presos, ni son funcionarios públicos, pero llevan los aparatos para los que se encuentran presos.  Es ese tipo de comunicación que fortalece el crimen organizado.  Es de ese modo que las órdenes de comando salen de la cárcel y resultan en atentados, asaltos y secuestros en todo el país.  Necesitamos tomar medidas firmes que restrinjan ese tipo de comunicación.
 

El 10/04 la Comisión de Seguridad se reunió con las de Derechos Humanos y Seguridad Social para debatir la cuestión expuesta en la película Juicio.  ¿Cómo la Comisión de Seguridad pretende tratar la cuestión del joven en conflicto con la ley?
 

La película muestra la realidad de los menores infractores en el país.  Vamos a tratar esa cuestión, de los menores infractores, en conjunto con la comisión de Derechos Humanos.  Primero, pretendemos profundizar el debate entorno de ese problema junto a la sociedad.  Después, vamos a proponer alternativas de políticas públicas orientadas al enfrentamiento de tal problema, así como alternativas para la re-socialización de estos adolescentes.
 

Usted fue secretario general del Frente Parlamentario Brasil sin Armas durante la campaña del referendo de las armas, realizado en 2005.  ¿Cómo era la relación del frente con la sociedad civil?
 

La relación del frente con la sociedad siempre fue muy buena.  El referendo tenía como objetivo la prohibición de la comercialización de las armas, pero su gran mérito fue el hecho de levantar el debate sobre la cuestión, con amplia participación, tanto de la sociedad en general como de entidades de la sociedad civil organizada.  Entidades como Sou da Paz, Viva Rio y otras tantas, de todos los estados, fueron los grandes estímulos propulsores de ese debate.
 

Además de ello, la sociedad civil fue la gran responsable de la aprobación del Estatuto del Desarme, que a veces se intenta mutilar.  Además de importante, me parece fundamental esa participación y seguimiento popular a los trabajos de los parlamentarios.
 

Usted también lideró la CPI del Tráfico de Armas, que resultó en un informe importante sobre el origen y el destino de las armas fabricadas y vendidas legalmente en Brasil.  ¿Qué destacaría entre las conclusiones del informe de la CPI?
 

Demostramos, con los trabajos realizados, que la cuestión de la información es central en este sector, y que sin datos de calidad y actualizados sobre armas se hace inviable el combate a sus desvíos.  Así, usando poderes de investigación de la CPI, pudimos movilizar esfuerzos, como de la Policía Federal, del Directorio de Fiscalización de Productos Controlados (DFPC) y de algunas secretarías estaduales de Seguridad y obtener la colaboración de los fabricantes de armas, probando que es posible el rastreo de grandes cantidades de armas ilegales, nunca antes hecho en este país.
 

¿Cómo estudios de este tipo pueden y deben auxiliar el poder público y la sociedad civil en el combate a la violencia armada?
 

Creo que cumplimos nuestro papel: Investigamos, inquirimos, analizamos, revelamos e hicimos propuestas.  La adopción de políticas, de ahora en adelante, corresponde a los otros poderes de la República, que necesitan cumplir su papel, también, bajo riesgo de que la opinión pública se les cobre posteriormente.
 

¿Cuál es la importancia del control de armas para acciones efectivas de seguridad pública?
 

Muchas de las armas usadas en la criminalidad, no sólo en el crimen organizado, se vendieron legalmente y, posteriormente, fueron robadas y desviadas para el crimen.  Otra cosa es que, como la legislación permite que policías compren en las fábricas un determinado número de armas al año, hay malos policías que revenden estas armas de modo irregular.  Hay, aún, casos de armas brasileñas vendidas para fuera del país que vuelven contrabandeadas por el crimen organizado, lo que muestra la importancia de que se amplíen las medidas tarifarias que desalienten esa compra.
 

Todos estos factores muestran cómo es necesario el control de armas y el rastreo.  Es importante entender que ese rastreo es el camino para desbaratarse los crímenes, reducir la violencia.  Al conocer el camino de las armas, es posible tomar medidas para reducir esa cantidad de armas y, con ello, reducir la violencia.
 

Hay un proyecto de ley en tramitación en el Congreso sobre la reedición de la campaña de recogida de armas. ¿Qué modelo le parece más apropiado?
 

La MP 417 reabre las campañas de recogida de armas, que son importantísimas.  Ése es su objetivo.  Pero la materia terminó incluyendo otra cuestión en su contenido.  Presenté una enmienda sobre un problema serio que tenemos hoy, que es la conservación de armas.  Esa conservación no tiene registro, las armas quedan muy mal guardadas y, por veces, terminan volviendo al crimen. Lo que sabemos a partir de registros e investigaciones realizadas es que no existe cualquier control sobre ello.  Si el Poder Judicial está obligado a informar y mantiene los datos actualizados, conseguiremos cerrar el ciclo de la información.  No se puede prescindir de este tipo de información para la realización de un buen trabajo de Seguridad Pública. 
 

¿Cuál es la relevancia de la participación de la sociedad civil en el trabajo de la Comisión?
 

Es de fundamental importancia esa participación, tanto con relación a los trabajos de la comisión -que trató del tráfico de armas- como fuera de ella.  Tuvimos varias iniciativas implementadas como resultado de la comisión.  Fue el caso, por ejemplo, de la creación de la Subcomisión Permanente de Control de Armas, en el ámbito de la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado.
 

¿Qué canales pueden usarse para comunicación entre la sociedad civil y la comisión?
 

Pretendemos utilizar todos los medios posibles, desde las propias audiencias públicas y reuniones de la Comisión de Seguridad hasta la divulgación y discusión de las materias en tramitación.  Nuestro objetivo es hacer que la opinión pública siga dando su contribución en el sentido de debatir estas cuestiones.

Para saber más:

Dossier CPI del Tráfico de Armas 

En otros sitios:

Medida Provisonial 417  (en portugués)

Diputado Raul Jungmann  (en portugués)