Aquí pobre, allá esclava
La promesa de una vida rica y repleta de alternativas lleva miles de brasileños (as) a dejar sus hogares todos los años en busca de un futuro de sueño. Sólo que centenas se despiertan en una pesadilla hablada en otro idioma.
Considerado una forma moderna de esclavitud, la trata de personas en Brasil victima principalmente a mujeres jóvenes, solteras, con poca escolaridad, que son engañadas por hombres mayores y acaban rehenes de redes internacionales de prostitución.
Sin documentos, sin dominar el idioma local y con miedo de ser presas y deportadas, no denuncian sus victimarios, y así alimentan un mercado que mueve entre US$ 7 mil millones y US$ 9 mil millones por año, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado transnacional, según investigación de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC). Se estima que, sometidas a la exploración sexual o trabajos forzados, cada persona traficada rinde a una red criminosa cerca de US$ 30 mil. Según el Informe Mundial de la Trata de Personas de UNODC (2006), cerca de 54% de las víctimas en todo el mundo todo son mujeres y 44% son niñas.
El primer gran estudio sobre el tema en Brasil fue la Investigación sobre Trata de Mujeres, Niñas y Adolescentes para Fines de Explotación Sexual Comercial (Pestraf), de 2002, coordinada por la profesora de la Universidad de Brasília Maria Lúcia Pinto Leal. El estudio identificó 241 rutas del tráfico, siendo 141 internacionales.
En Brasil, la investigación de la UNODC, hecha en colaboración con el Ministerio de la Justicia, fue realizada en los estados de Goiás, Ceará, Rio de Janeiro y São Paulo, teniendo como base de información 22 procesos judiciales y 14 averiguaciones policiales instauradas entre enero de 2000 y diciembre de 2003. Goiás y Ceará fueron seleccionados por haber sido identificados como importantes puntos de origen de las víctimas de esa actividad criminosa en Brasil. Rio y São Paulo, por ser los principales puertos de salida de esas víctimas. Los datos utilizados son de la Policía Federal, de la Justicia y de entidades que atienden a víctimas. “La investigación no es un retrato fiel de la situación. Son muestras de una realidad mucho mayor”, afirma Marina Oliveira, gerente del proyecto de Trata de Personas de UNODC.
Para combatir el problema, el gobierno federal plantea lanzar el Plan Nacional de Enfrentamiento a la Trata de Personas, que delineará estrategias de prevención, represión y atención a las víctimas. Con validad de dos años, el plan deberá ser revisado después de ese período. Mientras tanto, la línea de actuación del gobierno puede ser conocida en la Cartilla de la Política Nacional sobre el Enfrentamiento de la Trata de Personas (archivo PDF en portugués).
Consciente de la amplitud global y multidisciplinar del problema, el gobierno está contando con acciones integradas no apenas de diferentes ministerios – son 13 órganos federales involucrados en el diseño del plan – como de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, además de estimular colaboraciones con gobiernos estaduales.
En la primera fase del proyecto de UNODC con el Ministerio de la Justicia, entre 2003 y 2005, fueron realizadas capacitaciones y campañas en Río de Janeiro, resultando en el aumento de más de 50% del número de registros y condenas por trata de personas, según la Policía Federal y el Sistema Federal de Justicia. Mientras tanto, Marina Oliveira (foto) cuenta que falta aún la firma de un acuerdo entre los gobiernos federal y estadual.
“Está clara la importancia del protagonismo de los estados para que puedan sembrar políticas públicas sustentables de enfrentamiento a la trata de seres humanos”, afirma. Con el cambio de gobierno, Río de Janeiro debe participar del esfuerzo nacional a través de la Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos.
Red ‘del bien’ contra redes ‘del mal’
Además de los 13 ministerios involucrados en el proyecto gubernamental, 12 ONGs y dos organismos internacionales participan de una red enfocada en el enfrentamiento de la trata de seres humanos. “Es un tema complexo, que exige una serie de competencias técnicas, ya que la trata de personas incluye cuestiones estructurales como factores económicos y culturales. Por ello la importancia de la formación de una red no apenas de servicios públicos, pero también de otros órganos, como universidades, ONGs y organismos internacionales”, afirma Marina. Para facilitar el intercambio de informaciones y plantear recomendaciones, UNODC está organizando, para este mes, un seminario nacional preparatorio para el Foro Global en Viena al final del año.
Para Marina, el gobierno federal está señalizando una buena voluntad política para el enfrentamiento del problema. “El plan nacional es resultado del esfuerzo de integrar acciones. La cuestión ahora es como será implementado”, observa.
De acuerdo con ella, una de las mayores dificultades es obtener denuncias e informaciones de las propias víctimas. “El primer problema es que las personas no se reconocen como víctimas. Además, tienen miedo de denunciar y no tienen clareza sobre como el Estado las puede ayudar”, explica.
Banco de datos
UNODC Brasil está empeñada en la recolección de datos sobre la trata de seres humanos en América del Sur, que integrará la radiografía de la trata en el mundo. El informe de América del Sur – que tiene Brasil en su punto focal – será lanzado en marzo de 2008. UNODC se dedica a la construcción de un banco de datos nacional sobre el tema, lo que, según Marina Oliveira, es un proceso largo, que implica en negociaciones para se llegar a entendimientos comunes, y después depende de las personas alimentar regularmente este sistema.
En defensa de los inmigrantes
Para Frans Nederstigt, jurista internacional y articulador del Proyecto Trama - Enfrentamiento a la Trata de Personas, consorcio que reúne cuatro instituciones - Criola, IBISS, Projeto Legal y Unigranrio -, el Protocolo de Palermo, del cual Brasil es signatario, no es suficiente ante la realidad del mundo globalizado. Según Nederstigt, el protocolo menciona apenas superficialmente los derechos de las personas traficadas, ofrece recomendaciones, en lugar de reconocer derechos, y enfoca apenas la represión. “¿Como reprimir un problema que es fruto de las causas estructurales de la globalización?”, cuestiona.
Nederstigt defiende la firma de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Inmigrantes y de los Miembros de sus Familias, pues cree que cuando sea posible inmigrar de forma segura y regular y los inmigrantes tengan sus derechos garantidos, nadie más caerá en las redes criminosas del tráfico humano. “La ampliación de derechos de inmigrantes, incluyendo los indocumentados, es una forma eficaz de enfrentar el tráfico de personas”, afirma.
Para el jurista holandés, la convención es una solución que huye de la hipocresía de tratados que definen formas de represión, pero no establecen derechos. “En el mundo globalizado, productos son negociados y transportados por todo el mundo. En ese contexto, trabajadores también deberían poder buscar mejor lugares para vivir. La inmigración no es la solución de la pobreza, pero es un hecho de la realidad, y eso se está volviendo un problema, porque las personas están vulnerables para la explotación”, concluye.
Para saber más:
En otros sitios:
Inicio de sesión de usuario
Boletínes
Comentarios
Enviar un comentario nuevo