¿Dónde están los niños colombianos reclutados?

Colombia ocupa el cuarto lugar entre los países en el mundo con mayor número de niños, niñas y adolescentes en grupos armados ilegales, después de República Democrática del Congo, Ruanda y Myanmar. Estimativas de las Naciones Unidas hablan de 14 mil. Sin embargo, la única cifra verificable de esa realidad son los 2.864 menores de edad atendidos por el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre el 16 de noviembre de 1999 y el 30 de abril de 2006.

La cifra, que representaría sólo el 20,5% del total de menores reclutados por las fuerzas irregulares, es la punta del iceberg de una problemática de gran magnitud sobre la que han advertido autoridades nacionales, organismos internacionales y organizaciones civiles locales.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la complejidad se evidencia, entre otros aspectos, en el hecho de que no existen datos sobre cuántos niños y niñas están en los grupos armados al margen de la ley, qué porcentaje representan con respecto al total de combatientes, cuántos de ellos mueren en confrontación o por castigos severos, cuántos quedan lisiados, qué pasa con aquellos que logran huir, qué ocurre con las mujeres y con quienes siguen enrolados.

Una pregunta sin respuesta

El 15 de junio de este año la Procuraduría General presentó un informe sobre el seguimiento a las políticas públicas de reinserción y desmovilización, en el cual advierte que “dentro del proceso de negociación que antecede a la desmovilización colectiva, existe una invisibilización de niños, niñas y adolescentes”.

En febrero, esta entidad presentó una denuncia contra los principales jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el delito de vincular en sus filas a menores de edad.

Varias organizaciones -entre ellas UNICEF y Human Rights Watch- calculan que en las filas de las AUC, por ejemplo, había al menos 4.000 menores de 18 años. Pero cuando se observa que entre los cerca de 30.000 desmovilizados de los paramilitares sólo se reportan 1.015 menores de edad, la pregunta es obvia: ¿dónde están los demás?

Hasta el momento, el destino de estos jóvenes no ha sido aclarado ni por el Gobierno, ni por los jefes de las AUC.

“Es posible que en el proceso que ha durado más de tres años algunos hayan alcanzado la mayoría de edad y, en consecuencia, estén en las listas de jóvenes adultos con beneficios sociales y económicos”, dice Iván Ramírez, coordinador del Observatorio de la Niñez en el Conflicto Armado y la Violencia Armada Organizada y miembro del Grupo de Trabajo para el Proyecto COAV Ciudades.

Sin embargo, la disparidad de las cifras se mantiene: “Por ser un delito de lesa humanidad, se presume que las AUC hayan desestimado la vinculación de niños. Esta es apenas una hipótesis con un tenue sustento empírico, que no significa que hayan desvinculado de manera no formal a los niños combatientes”, advierte.

Una de las razones es que hoy, en razón de la cuestionada Ley de Justicia y Paz, la Corte Penal Internacional penaliza y castiga el reclutamiento de menores de 15 años como un crimen de guerra, lo que complica las negociaciones de paz con los grupos paramilitares.

Un proceso en jeque

En la época de presentación del informe, el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, manifestó su preocupación por que la Ley de Justicia y Paz contraría los estándares internacionales, ya que concede beneficios jurídicos a los responsables del delito de reclutamiento ilegal de menores de edad, considerado como un crimen de lesa humanidad.

“Pero quizás lo mas importante”, subraya Iván, “es que la negociación del gobierno con los grupos paramilitares solo puso al centro el problema jurídico político, que permitiera reconocerles a estos su carácter político, mediante declarar parte de sus delitos como sedición, la garantía de las no extradiciones, al suspenderlas y subordinarlas al proceso de paz con base en una ley que privilegia su derechos sobre los derechos de las víctimas”.

La pregunta entonces es: ¿Por qué no aparece este tema en el centro de la negociación? Para ir más allá de la impunidad que inspira el acuerdo con las AUC, Iván lamenta que este sea un indicador de que el tema de los niños soldados y los niños en la violencia armada organizada siga siendo “un tema marginal de la política social y de seguridad en Colombia”.

Más de lo mismo

A mediados de este año, la Fiscalía General de la Nación reconoció que ya hay en el país unos 25 grupos formados por antiguos paramilitares desmovilizados. Pero Iván recuerda que no se trata solo si emergen nuevos grupos, sino en saber si efectivamente hubo desmovilización con base en lo acordado.

“En muchos casos no se desmovilizaron todas las estructuras ni se entregaron todas las armas y en consecuencia se mantienen grupos operando bajo las mismas condiciones de antes de la desmovilización”, señala.

Así, la pregunta por los niños sigue sin respuesta. “Lo preocupante es que en algún lugar deben estar y, de acuerdo a las evidencias de casos como Medellín, muchos quedaron como ruedas sueltas, sin atención por parte del gobierno y en algunos casos vinculados a grupos armados o creando sus propios grupos”, denuncia.

Para saber más:

Informe 2005 de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia