Normativa internacional

Normativa sobre la protección y promoción de los derechos de los menores

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

Es el tratado internacional que más ratificaciones y consenso ha recibido en el seno de Naciones Unidas. Todos los Estados parte de la ONU, a excepción de Estados Unidos de América y Somalia, lo han ratificado.

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000)

Este Protocolo vinculante prohíbe y protege a los menores niños y niñas, que participan de forma directa e indirecta en un conflicto armado.

Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000)

Este Protocolo regula por primera vez de forma vinculante el uso de menores en la pristitución y la pornografía como una de los grandes problemas a erradicar por la sociedad.

Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959)

Esta Declaración no vinculante establecía por primera vez en una normativa internacional la necesidad de proteger de forma específica a los niños y niñas.

Normativa sobre temas vinculados a la justicia juvenil

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil - Directrices de Riad (1990)

Directrices no vinculantes que establecen una serie de requisitos mínimos para la reforma del sistema penal de los Estados para adecuar su legislación a la problemática de los menores ofensores y ayudar a su prevención.

Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1990) 

Estas reglas no vinculantes establecen un mínimo común necesario para gantizar los derechos y las condiciones de vida de los menores privados de libertad y bajo custodia.

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores – "Reglas de Beijing" (1985) 

Estas reglas no vinculantes establecen los prerrequisitos necesarios que debe tener una buena administración de justicia específica para los casos que involucren a menores.