Costa Rica lucha por mantener su seguridad

ENTREVISTA / Kevin Casas-Zamora

La mención de Costa Rica evoca imágenes de cascadas de agua pura, playas cristalinas y bosques tropicales. También es un país sinónimo de convivencia y paz pero empieza a enfrentar el desafío de mantener su seguridad, afectada tanto por aspectos internos, como la impunidad y la corrupción, como por fenómenos globales como el narcotráfico y la delincuencia común.

No cabe duda de que los costarricenses están preocupados con la seguridad de su país. Laura Chinchilla fue elegida presidenta de Costa Rica el pasado mes de febrero bajo la promea de conservar ese preciado tesoro de la nación. Y recientemente, como respuesta al narcotráfico, la Asamblea Legislativa aprobó una expansión significativa de la presencia de Estados Unidos en aguas costarricesnces para ayudar en la lucha contra las drogas a través de operaciones de interdicción marítima.

Para hablar de los principales desafíos en seguridad que enfrentará Costa Rica, Comunidad Segura entrevistó Kevin Casas-Zamora, exvicepresidente de ese país durante el gobierno de Oscar Arias, posición desde la cual trabajó de cerca con la actual presidenta (primera vicepresidenta de Arias). Además, es ex ministro de Planificación y Política Económica y actualmente es investigador becario de Política Internacional del Brookings Institution .

En opinión de Casas-Zamora, Costa Rica tiene a su favor la confianza generalizada que la población tiene en la policía pero debe trabajar fuertemente para recuperar el liderazgo del estado en áreas críticas, no apenas a través de la presencia policial sino de la inversión social. 

¿Cuáles son los principales desafíos en términos de seguridad para Costa Rica y cuáles sus principales fortalezas?

El principal es aumentar la eficacia de las instituciones de seguridad para que la ciudadanía vuelva a denunciar los delitos, condición imprescindible para bajar los niveles de impunidad. El segundo es recuperar la presencia del estado en áreas muy problemáticas, lo que requiere un esfuerzo multi-sectorial muy complejo y costoso. Lo tercero es que, habrá que seguir combatiendo, tanto como se pueda, la penetración del narcotráfico internacional, que es una tarea ingrata que no podemos evadir en el tanto los Estados Unidos no replanteen profundamente el enfoque de sus políticas contra el tráfico de estupefacientes.

La principal fortaleza es que los niveles de violencia de Costa Rica todavía no han escapado de control, como en otros países. Aparte, hay un estado que tiene un nivel adecuado --aunque no perfecto-- de control sobre el territorio. Es un estado que, en términos generales, funciona. No en toda América Latina es así.

¿Cuál debe ser la estrategia a seguir para conservar la seguridad en Costa Rica?

Si la he de resumir en una frase, debe ser de "cero tolerancia frente a la delincuencia y cero tolerancia frente a la exclusión social". Es imprescindible mejorar el desempeño de los aparatos coercitivos --como la policía y los tribunales-- pero también la eficacia de las inversiones sociales del estado.

Sobre lo primero, para bajar los niveles actuales de impunidad es crucial que la ciudadanía denuncie los delitos, cosa que en este momento solo hace excepcionalmente, por falta de confianza en las capacidades del sistema penal para proteger a la sociedad. Sobre lo segundo, es vital hacer que el estado retome control --no solo policial, sino de una forma multi-sectorial-- de comunidades con altísimos niveles de violencia. Esos pequeños "estados fallidos" --por lo demás típicos de muchas urbes en América Latina-- tienen un efecto expansivo, que es vital contener y revertir.

En esas comunidades hay una compleja acumulación de patologías sociales que contribuye decisivamente a la reproducción de la violencia delictiva. Y obviamente todo esto está muy afectado por la presencia del narcotráfico, que requiere de un esfuerzo de cooperación que va más allá de las fronteras nacionales.

En declaraciones proferidas luego de ser elegida presidenta, Laura Chinchilla aseguró que la seguridad en el país no necesariamente implica la militarización del territorio nacional y que va a concentrarse en la modernización de la fuerza pública. ¿Cómo evalúa estas observaciones y considera que esto será suficiente?

Esas declaraciones son lo que uno esperaría de la Presidenta de un país que no tiene ejército. En efecto, la modernización de la fuerza policial es una de las claves, porque el rezago que acumula el país en términos de preparación, profesionalización y equipamiento de la fuerza policial es muy considerable.

Un activo importante con el que cuenta el país es que pese a todas las falencias que acumula la policía y a la generalizada falta de confianza en sus capacidades para enfrentar a la delincuencia, la fuerza pública no es percibida como una amenaza por la ciudadanía. Eso es mucho más de lo que puede decirse en algunos países vecinos. Ahora bien, decisivo como esto es, no es suficiente. Recuperar la presencia del estado en áreas críticas es mucho más que una tarea policial.

De hecho, uno de los problemas más serios es la disociación de las políticas de seguridad pública y las políticas sociales. Esa separación hay que abandonarla cuanto antes. La política de seguridad ciudadana no es simplemente una tarea del Ministerio de Seguridad Pública, sino del gobierno como un todo, con la colaboración, por supuesto, de la comunidad organizada.

En la medida en que las condiciones de seguridad mejoren en Guatemala, El Salvador y Honduras, toda Centroamérica se verá beneficiada. ¿Existe un trabajo conjunto entre todos los países, en qué consiste este trabajo y cuáles son los principales desafíos?

Es evidente que las condiciones en el norte de Centroamérica crean un peligro muy serio para el resto de la región, sobre todo de expansión del fenómeno de las maras. Hasta ahora, el efecto ha sido limitado, sin embargo. Hay que actuar preventivamente, pero no animado por una histeria descontrolada, como a veces lo piden los medios de comunicación.

Hasta ahora el trabajo conjunto entre los países de la región es muy limitado, pese a los esfuerzos del Sistema de Integración Centro Americana. Parte del problema es que el intercambio de información policial en la región requiere de sistemas de información más sofisticados en cada uno de los países, lo cual es un gran reto. El uso de la información en la formulación de políticas de seguridad es totalmente primitivo en todos los países.

¿Se están articulando con México y Estados Unidos soluciones regionales bajo el aspecto de la corresponsabilidad en asuntos relacionados al narcotráfico? ¿Y con Colombia y otros países de los cuales provienen drogas ilícitas, hay algún trabajo en conjunto?

Sí hay iniciativas regionales. La más obvia es el Plan Mérida, cuya concepción del problema de seguridad ciudadana en la región es adecuada y sofisticada. No es, como se ha tratado de decir en algunos lugares, una simple copia del Plan Colombia. Está lejos de eso, pues incluye componentes importantes de desarrollo institucional en el sector de seguridad. Hay que entender que en Centroamérica, las instituciones públicas encargadas de la seguridad no sólo son incapaces de resolver los problemas de seguridad, sino que, de hecho, los empeoran sensiblemente.

En casi todos los casos están carcomidas por la corrupción y actúan en coordinación con el crimen organizado. Así, la tarea de replantearlas desde su base es central. El problema es que los fondos asignados a Centroamérica son una parte menor del plan (menos del 30% del total) y cuando se dividen entre 8 países, queda muy poquito para cada país. Es muy insuficiente comparado con la magnitud del desafío.