Propuestas para desescalar el uso de la fuerza

ENTREVISTA / Luis Gerardo Gabaldón

Desafiados por el crimen organizado, la mayoría de los países de la región enfrentan el reto de mejorar sus cuerpos policiales en términos de transparencia, eficiencia y relaciones con la comunidad. ¿Cómo hacerlo? El catedrático venezolano Luis Gerardo Gabaldón lleva tres décadas  estudiando las respuestas del control social frente al delito. Según explica, algunas de las falencias de los actuales regímenes policiales de la región pueden radicar en que están regidos por normas desvinculadas del control situacional de la violencia policial.

Gabaldón, que trabaja en las Universidades de Los Andes y en la Católica Andrés Bello de Caracas, afirma que son necesarios más manuales prácticos y entrenamiento adecuado para que los policías los puedan poner en práctica, así como una preparación más eficiente del uso de la fuerza, que se enfoque en la premisa básica de desescalar el uso de la fuerza y evitar a toda cosa llegar “más allá del punto de no regreso”.

Además de su trabajo académico en Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge y  el Centro de Formación para la libertad Vigilada, de Vaucresson, Francia, Gabaldón ha viajado por todo el continente conociendo la realidad de las policías de diversos países, actuando también como consultor. En esta entrevista, habla también de las Unidades de Policía Pacificadora de Río de Janeiro y de la interacción entre policía y comunidad.

En América Latina se han desarrollado procedimientos de uso de la fuerza basados en la realidad anglosajona. ¿Cuáles son las principales diferencias con respecto a América Latina y cuál debe ser la prioridad de la región?

Los modelos de uso progresivo y diferenciado de la fuerza se han desarrollado en países anglosajones que privilegian el uso instrumental de la fuerza, como una política general. No se discute que la fuerza policial pueda o deba usarse, sino en qué medida y con el máximo nivel de eficiencia posible. Así como para la producción óptima de una cantidad de cereales por hectárea se requiere la dosificación óptima del fertilizante, a fin de  reducir en lo posible el costo financiero y el agotamiento del suelo, en la medida en que la policía utiliza fuerza regulada estrictamente por protocolos definidos se obtiene el sometimiento óptimo del ciudadano y, presumiblemente, se produce un  menor desgaste para el policía. Esta óptica racionalista no es tan común en América latina, donde, por una parte, la policía ha sido dejada a la inercia operativa por quienes definen políticas públicas y donde, por otra parte, el elemento simbólico del castigo policial implícito también en  el empleo de  la fuerza física, es muy visible.

¿Ya existen en algunos países procedimientos de uso de la fuerza diseñados a la medida de la realidad, cultura y contexto latinoamericanos?

En América Latina predominan las cláusulas legalistas y formalistas sobre los límites que debe observar la policía, especialmente cuando se trata de capturas para el procesamiento penal o durante los procedimientos e interrogatorios. En este sentido predomina una visión restringida sobre el uso de la fuerza: se supone que ella se usa únicamente para aprehender a un sospechoso o mediante la coerción que implica su detención provisional en manos de la policía. Abundan las cláusulas genéricas sobre protección de los derechos humanos, que poco contribuyen a precisar las variables situacionales asociadas a la confrontación entre ciudadanos y policía. Los departamentos policiales más actualizados han comenzado a adoptar manuales sobre uso diferenciado y progresivo de la fuerza sobre los modelos  del mundo anglosajón, probablemente porque si se asume que el uso de la fuerza policial debe tener sólo un objetivo instrumental, este objetivo es universal  y no debería haber distinciones. Sin embargo, cuerpos policiales que han adoptado estos manuales no los aplican necesariamente, bien por falta de entrenamiento específico situacional o porque se asumen ritualmente como una forma de adaptación  de la policía  a los nuevos tiempos. Creo que es muy importante el intercambio de experiencias de investigación y evaluación, con metodologías uniformes, a través de los diversos países, pero se trata de una cuestión sensible donde la obtención de datos y la aplicación de experimentos puede ser difícil debido a la estructura cerrada y corporativa de la policía.

Mueren más civiles en encuentros con la policía en América Latina que en Estados Unidos. ¿Esto es porque hay más confrontaciones entre ambos en América Latina o porque el tipo de confrontación es más violenta?

He sostenido que en América Latina los ciudadanos son más refractarios a someterse a la policía, por variedad de razones, entre las cuales se podrían mencionar las coaliciones grupales, la desconfianza hacia el poder coercitivo del Estado y de la propia policía y la falta de disposición, por parte de ésta última, de mecanismos altamente disuasivos que evitan la escalada de las situaciones de confrontación y logran un sometimiento precoz y rápido de los ciudadanos frente a la coacción policial.

Uno de los mayores problemas actuales en América Latina es la criminalidad violenta derivada del pandillaje. ¿Existe en algún país un grupo de procedimientos de uso de la fuerza específicamente diseñado para lidiar con menores armados? ¿Cómo pensar en un tratamiento diferenciado para estos jóvenes?

Es difícil prever un protocolo específico de fuerza para lidiar con jóvenes armados, aunque la investigación muestra que los policías toman particular cuidado cuando se trata de los jóvenes debido a la protección especial de que gozan dentro del sistema de justicia; esto, por supuesto, en equivalencia de condiciones en cuanto a respetabilidad, prestigio o poder de reclamo social frente a los adultos. También se han documentado castigos físicos severos aplicados a jóvenes por parte de la policía, tratando de disimular las lesiones que un médico forense pudiere certificar, exponiendo al policía a un proceso penal. E incluso se ha observado un poder de negociación de la policía del castigo físico, delegándolo a víctimas y agraviados de la delincuencia juvenil, en una suerte de concesión situacional del poder de castigar.

Los jóvenes son una población de particular riesgo frente al uso de la fuerza policial, por su carácter rebelde, por la inmadurez que conlleva a un uso banal de armas de fuego y por no tener autonomía y anclaje social significativo que les confiera estatus y poder de reclamo social. Por ello sería conveniente pensar, antes que un protocolo diferenciado sobre el uso de la fuerza misma, en mecanismos más flexibles para aplicar el protocolo correspondiente, especialmente con vista a reducir cuanto antes la fuerza aplicada una vez que  desciende en alguna medida la situación de amenaza representada por el comportamiento juvenil agresivo o resistente, evitando consolidar la situación como “más allá del punto de no regreso en el uso de la fuerza”

¿Cuáles son los detonantes más comunes del uso de la fuerza entre los policías?

La investigación acumulada sugiere el peso de algunas variables importantes, como el comportamiento agresivo del ciudadano, la pérdida del control verbal en el encuentro, la escalada de la confrontación a corta distancia, las situaciones de confusión de identidades entre policías encubiertos,  la juventud e inexperiencia del funcionario policial y el poder de reclamo ciudadano, medido fundamentalmente por el prestigio social y la respetabilidad moral del sospechoso. Muchas de ellas tienen que ver con la incertidumbre, esto es, con la dificultad de anticipar una pronta y efectiva salida del encuentro por parte de la policía, aunque, por supuesto, estas variables son probablemente influyentes en los encuentros donde la violencia policial no estaba premeditada y constituía un propósito desde el inicio, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales o muertes como producto de maltrato en cautiverio.

¿Qué tan determinantes son los prejuicios de los policías a la hora de disparar un arma? Por ejemplo, en el caso de Río de Janeiro algunos académicos sostienen que hay una mayor predisposición por parte del policía a disparar un arma contra un individuo si, bajo ciertas circunstancias de tensión, se encuentra cerca de una favela.

Los sesgos en la utilización de la fuerza por razones de condición social o étnica son complejos. La literatura sobre la utilización de la fuerza policial excesiva sobre los negros en Estados Unidos ha destacado que una explicación plausible sería la percepción de amenaza, debido a las altas tasas de violencia, en vecindarios segregados. Esto sería compatible con la idea de que la favela, en sí misma, constituye un ambiente peligroso, independientemente del aspecto o condición de quienes allí habitan. A nivel individual, el juicio moral sobre el sospechoso es muy importante: habrá menos consideración en la aplicación de la fuerza si se tiene una identidad moral deteriorada, pues la misma población puede reforzar la disposición policial a usar la fuerza excesiva. Pero, a mi modo de ver, el poder de reclamo social (que no está necesariamente asociado al estatus socioeconómico, sino a la capacidad de movilizar influencias y “palancas”) es un componente importante en la decisión policial de incrementar el uso de la fuerza aplicada.

Los policías se quejan de la dificultad de evaluar rápidamente, en un momento de alto estrés y peligro, la conveniencia o no de usar la fuerza y la intensidad de la fuerza usada. ¿Es posible entrenarlos para una mejor toma de decisiones en este tipo de circunstancias?

Hay departamentos policiales que disponen de simuladores audiovisuales con situaciones de confrontación que van escalando y que, a un determinado momento, deberían generar la aplicación de determinado nivel de fuerza. Usualmente se circunscriben al uso del arma de fuego, por lo cual no solo resultan limitadas en cuanto al espectro diferenciado de la fuerza sino que tienden a enfatizar el uso de estas armas con propósito letal, por cuanto la instrucción estándar es: “cuando tenga que sacar el arma de fuego, úsela y apunte al centro de la masa corporal para neutralizar al agresor”. Creo que estos simuladores son simplificados  y no registran la variedad de situaciones y de medios de que debe disponer la policía para actuar.

Muchos policías han llegado a considerar el “bastón, “bolillo” o “tonfa” como algo gravoso e impráctico, pues no han sido entrenados en su uso. El entrenamiento situacional requiere un inventario de casos que se presentan según las diversas culturas y entornos sociales, que pueden variar grandemente. Lo más importante es enfatizar que, por una parte, debe mantenerse la alerta y el apoyo de los compañeros para enfrentar situaciones complejas y, por el otro, que no hay situación, por más avanzada que haya ido en los niveles de confrontación, que no admita desescalar para utilizar un nivel menor de fuerza. Por supuesto, la regla suprema es la preservación la vida humana como valor superior sobre cualquier otro, y el uso de la fuerza letal solo para defenderla o preservarla. Hay mucho trecho que recorrer todavía.

¿Cómo se organizan las cadenas de responsabilidad con respecto al uso indebido de la fuerza en América Latina? ¿Estos mecanismos han sido eficientes en disuadir (sancionar)  el uso excesivo de la fuerza (del arma de fuego) por parte de los policías? ¿Cómo mejorar?

La falta de protocolos definidos cuando se usa la fuerza incluye la ausencia de registros o reportes para casos de utilización del armamento o de otro equipo con potencial lesivo, una vez que han sido desplegados. Departamentos policiales estrictos requieren que cada vez que se desenfunda un arma de fuego se describa  la razón y las circunstancias que ameritaron su uso, mucho más cuando fue disparada, independientemente del resultado del disparo. En América latina todo esto es muy laxo. No solo se permite y, hasta en casos, se exige, a los funcionarios policiales que adquieran su munición o se permiten armas complementarias, sino que no existen registros balísticos ni inventarios de armamento, subsistiendo una gran promiscuidad en el uso de las armas. Los disparos no exigen, por lo general, un informe circunstanciado. Por otro lado, ha habido  criterios  jurisprudenciales, como en el caso venezolano, que han permitido interpretar como ejercicio de un deber el disparar a un automóvil en fuga bajo la presunción de que escapaban delincuentes. Si a todo esto se añade una laxa supervisión interna del comportamiento policial cotidiano, generamos  condiciones para favorecedoras del descontrol. Todo ello fomenta una cultura de tolerancia y normalización en el uso extremo de la fuerza física por parte de la policía.

Sociedades que padecen altos índices de violencia tienden a volverse más tolerantes con el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. ¿Cómo lidiar con la exigencia de seguridad por parte de la población, que en ocasiones incluso avala el exceso de fuerza?

Efectivamente, parece haber una correlación entre violencia social y violencia policial, lo cual no es sorprendente porque la policía es parte también de la sociedad y está sujeta a demandas, presiones, exigencias y juicios que tienden a ver la violencia en la represión del delito como la respuesta más adecuada la violencia que acompaña a la delincuencia. Y la policía tiende a calibrar muy bien cuáles son los niveles de tolerancia institucional y colectiva hacia la violencia. De modo que, como muestra alguna investigación comparada, las medidas más efectivas para permitir el consentimiento informado, la discusión ciudadana sobre el uso de la fuerza y el peso de las “recomendaciones sensatas” es mucho más probable en sociedades con bajas tasas de criminalidad violenta. Las políticas más inmediatas al respecto son el control efectivo de las armas de fuego en manos de los particulares, y el entrenamiento policial para el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, medidas que deben aplicarse en paralelo para consolidar el monopolio estatal en el uso de la coacción armada.

La interacción del policía con la comunidad parece ser uno de los aspectos imprescindibles para mejorar el uso de la fuerza. ¿Cómo se puede mejorar esta relación?

Mucho se ha hablado de la comunidad como un comodín y de la necesidad de que la policía cuente con el apoyo de la misma. Esto no es tan simple, pues hay muchas comunidades y dentro de cada una subsisten actores y grupos con intereses diversos. Si algún sentido tiene la policía llamada comunitaria es la de facilitar arreglos de conflictos por vías pacíficas, jurídicas o no, pero con reconocimiento institucional. En este sentido funcionaría como una instancia de mediación. Este modelo no puede ser universalizado para todo el servicio de policía, pues hay muchas formas de delincuencia, muchos tipos de delincuentes y estructuras organizadas que desafían el poder mismo del Estado.

¿Qué opina de las Unidades de Policía Pacificadoras en Río de Janeiro?

Las Unidades de Policía Pacificadora son una iniciativa muy reciente en Rio de Janeiro, creada mediante un decreto de comienzos de 2009 y cuyo efecto debería ser sometido a evaluación antes de opinar. Sin embargo, el perfil que define el Decreto 41.650 es el de “una tropa especializada y técnicamente preparada para ejercer acciones de pacificación y mantenimiento del orden en comunidades carentes”, lo cual sugiere, además de la significativa prima de riesgo que se otorga a sus miembros, un perfil de “ocupación táctica” luego de desalojar (o para lograr el desalojo) de otras fuerzas ilegítimas, como comandos de narcotráfico o paramilitares, y en este sentido es difícil imaginar qué perfil de resolución capilarizada de conflictos podrían desempeñar. Podría tratarse de una etiqueta que oculta un desempeño basado más bien en el despliegue simbólico y altamente ostensivo de la Policía Militar, a fin de generar imágenes de “seguridad y control de espacios” que han sido confiscados al Estado en muchas de las áreas urbanas más pobres del país.

Fotos: Rodrigues Moura