Tras el cuerpo del delito

Venezuela_Armas_TOPO.jpgChavistas, opositores, independientes y apáticos políticos están de acuerdo: hay demasiadas armas circulando en Venezuela y muy poco control sobre ellas. Un país que ha tenido dificultades para encontrar consensos en los últimos años, tiene ahora la posibilidad de formar un frente común con un objetivo que les interesa a todos: disminuir la violencia.

Con una tasa de homicidios de 48 por cada 100 mil habitantes según el Ministerio del Interior (o una de 57 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Venezolano de la Violencia)* y la presión popular por mayor seguridad, el presidente Hugo Chávez dio un paso importante al crear hace varias semanas la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme; el grupo más heterogéneo hasta ahora conformado para lidiar con el tema del control de armas.

Nadie sabe cuántas armas ilegales e irregulares hay en Venezuela, pero todos son testigos de su presencia: 79,48% de los homicidios ocurridos de junio de 2008 a junio de 2009 fueron cometidos con armas de fuego, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (INE 2010). En 2010, el 94% de los homicidios registrados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), fueron cometidos de esta forma.

Desde hace varios años, la Asamblea Nacional, AN, viene discutiendo diversos proyectos de ley de control de armas, sin llegar a la aprobación de ninguna propuesta. A su vez, las autoridades no han logrado aplicar el marco legal vigente, por limitado que éste sea, generando un ambiente laxo para la libre circulación de armas ilegales.

Pablo_Fernandez.jpgEl secretario de la Comisión Presidencial, Pablo Emilio Fernández (foto), en su calidad de representante de la sociedad civil como director de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, explica que la amplia representatividad de la Comisión y su jerarquía presidencial, le han conferido una altísima legitimidad a este organismo.

“La Comisión Presidencial tiene la responsabilidad de articular todas las acciones en torno al tema, incluyendo la ley. En la sesión inicial de la Comisión este lunes (13 de Junio) hemos presentado una agenda de trabajo que incluye los siguientes puntos: investigación y diagnóstico, pues hay muy poca información sobre las armas en Venezuela y necesitamos establecer cuántas hay, dónde están, cómo entraron, quién las tiene, cómo son usadas; después queremos hacer una gran consulta nacional e internacional, que permita validar y legitimar el proceso que va desempeñando la Comisión, a través del aprendizaje de experiencias en otros países; luego viene una campaña de comunicación, orientada a promover el desarme y a generar una cultura de paz; posteriormente, y como consecuencia natural de los pasos anteriores, trabajaremos los aspectos jurídicos y normativos, con una propuesta de ley que sea el reflejo de una política amplia”, dice.

Fernández agrega que mientras se desarrolla este programa de largo plazo que implica cambios profundos, la Comisión Presidencial propondrá medidas especiales de urgencia. Éstas tienen que ver con acciones puntuales que se pueden ir adelantando y que no dependen de la ley, para generar mecanismos de control de porte de armas, emisión o no de salvoconductos, permisos nuevos de porte de armas, marcación de municiones se puedan implementar de inmediato y manejo de armas decomisadas para evitar su desvío.

Unir esfuerzos

Paralela a la Comisión Presidencial, existe una Comisión Mixta de la AN (conformada por las comisiones de política exterior y de defensa del congreso venezolano) que también ha avanzado en los últimos meses en las discusiones sobre un proyecto de ley de control de armas, municiones y desarme, y que ya fue aprobada en primer debate.

Aunque fue aprobado en un primer debate, este proyecto deberá pasar por una segunda votación en plenaria,  pero se espera que antes de avanzar más, éste trabajo se sincronice con el de la Comisión Presidencial, para evitar duplicar esfuerzos. El hecho de que dos congresistas que hacen parte de la Comisión Mixta de la AN sean los representantes del Congreso en la Comisión Presidencial puede contribuir a la unificación de esfuerzos en ese sentido.

Sobre este proyecto de ley y sus discusiones en la AN, Fernández dice que “se deben sumar todos los esfuerzos en uno sólo; no hay apuro en aprobar una ley que no esté sustentada por una política amplia de control de armas. Ya existe una ley de desarme aprobada unos años atrás. El apuro no es legislativo porque la ley por si sola no va a resolver el problema. Lo importante es que lleguemos a un instrumento legal viable, amplio y que responda a una política coherente de estado. Sino, corremos el riesgo de que la ley quede en el cajón, de que sea un saludo a la bandera”.

Cesar_Marin.jpgComo investigador del tema, César Marín (foto) miembro del Comité Asesor Internacional de IANSA y de Amnistía Internacional en Venezuela, ha seguido de cerca los diversos proyectos presentados desde 2006 en la AN y ha tenido la oportunidad de formular recomendaciones a los congresistas sobre las carencias de dichas propuestas. Aunque en opinión de Marín, los proyectos de ley hasta ahora discutidos tienen muchas limitaciones, el panorama es alentador tanto por la creación de la Comisión Presidencial como por las consultas que la Asamblea Nacional viene haciendo con diversos sectores de la sociedad civil.

“Los ponentes del proyecto, que pertenecen a grupos políticos diferentes, han manifestado que están allegados a consensos. No hay polarización frente al tema y es genial que se dé esta situación sobre un tema tan sensible y que tiene incidencia directa en la mejoría de condiciones de vida de todos. Además, es muy positivo que el presidente haya convocado a varios sectores, sin importar el tinte político”, expresa Marín.

Para César, el mayor reto que enfrenta Venezuela en este momento es superar la tendencia instintiva de responder con violencia a la violencia. “Cuando una sociedad es amenazada por la violencia, surge la tendencia de imponer mano dura; el primer impulso es querer armarse para defenderse o subir las penas de prisión, pero la experiencia ha demostrado que la presencia de armas o las penas más duras no necesariamente disminuyen la violencia”, explica.

En opinión del experto, el hecho de que la Comisión Presidencial esté comandada por la sociedad civil, ya implica una postura más amplia que una visión puramente de mano dura. “La Comisión tiene como reto ayudar a los venezolanos a entender que  no avanzaremos como sociedad hacia la paz si no nos hacemos cargo de perspectivas de violencia: intolerancia, violencia intrafamiliar, convivencia, actitud. Sorbe todo con los más jóvenes en contextos urbanos y educativos”, dice.

Lo que no puede faltar

Entre las recomendaciones formuladas por César Marín y otras organizaciones al proyecto de ley discutido el año pasado, se destacan varios aspectos puntuales para hacer de la eventual ley un instrumento más eficaz. ““Hemos sugerido no disociar municiones de armas pequeñas, ya que la primera propuesta no contenía nada de control de municiones, rastreo de armas, inventario, excedentes de municiones. El mismo director de la Policía Nacional hizo esta recomendación, que es una herramienta muy buena a nivel técnico para diferenciar la munición desde su origen”.

Además, Marín comenta que cualquier marco legal en Venezuela debe establecer diferencias entre porte y tenencia de armas, como en la legislación brasileña. “Esto subraya la noción de lo extraordinario que es tener permiso para tener un arma y aún más, cuando te dan permiso para portarla”, agrega.
 
Para el experto, es importante no dejar de lado el carácter amnistiable de los planes de desarme, pues asegura que “nadie va a la cárcel por voluntad propia cuando sabe que va a enfrentar persecución civil o penal”.

Así mismo, la ley debería contemplar un plan de atención a víctimas y familiares. “No hay legislación que promueva la creación de fondo de apoyo a gente que tiene que recibir terapia física o sicológica como consecuencia de un ataque con armas de fuego”, dice Marín.

Datos preliminares y alarmantes

Tanto Fernández como Marín reconocen que actualmente, Venezuela no cuenta con un mapa de las armas. No se tiene certeza acerca del número de armas en circulación y las autoridades han hablado de 5 millones de armas irregulares y algunos miembros de la Asamblea Nacional han hablado de 9 millones y hasta de 15 millones. Pero no existen datos concretos que respalden estas hipótesis.

De acuerdo con Pablo Fernández, hay un enorme subregistro debido a que muchas armas entran de manera legal al país pero terminan entrando al mercado ilegal, ya sea por robo o venta ilegal. “Se ha encontrado que 80% de las armas incautadas a delincuentes tienen municiones producidas por la compañía venezolana que produce las municiones en el país. O sea que las balas que producimos acá son las que nos están matando”, dice.

A su vez, Marín explica que aunque no haya mapa, sí existen algunos datos que  indican la dimensión del problema. “Un grupo de investigadores hizo un trabajo en las morgues y estableció que 90% de las víctimas fatales por armas de fuego, fueron asesinadas con armas semiautomáticas, siendo la 9 mm la más usada. Es decir, no estamos en presencia de unos revólveres heredados del abuelo, sino que hay material nuevo, relativamente reciente y con un poder de fuego alto”, explica Marín.

El investigador agrega que, debido a la presencia de este tipo de armas y por el hecho de que a la gente la matan no con una sino con cinco o más balas, se puede ver un alto nivel de violencia y saña. “Esto nos indica además que las armas y las municiones son accesibles”.

Todo esto tendrá que ser resuelto por la Comisión Presidencial, que en un principio tiene un mandato de un año, podría ampliar sus trabajos por uno más.

 

* Datos de otros investigadores calculan este número en 74 homicidios por cada 100 mil habitantes y en algunos casos, inclusive, señalan que la tasa real es de 165 mil por cada 100 mil habitantes. (Datos suministrados por Ana María San Juan y Roberto Briceño, de la Corporación Andina de Fomento y la Universidad Central de Caracas, respectivamente)

Foto de portada: Marcia Farias

Retratos: Archivo particular

 

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