Sobrecarga en las prisiones impulsa reforma legal

Una ley aprobada en el estado de California está cambiando las reglas del tratamiento de los presos en libertad condicional. La ley tiene el objetivo de colaborar en la resocialización de los egresados del sistema carcelario. El cambio fue bien recibido por los especialistas que apuntan fallas en la actual cultura punitiva del sistema correccional norteamericano en los últimos 40 años.

"Además de tener un sistema carcelario sobrecargado, la tasa de reincidencia en California es altísima, superior a 70%, mientras que en otros estados esta tasa es mucho más baja. En Iowa por ejemplo, el índice de reincidencia es de 30%", afirma Alex Busansky, director del Consejo Nacional para el Crimen y la Delincuencia de Oakland, en California, una organización que defiende la reforma penal.

Estados Unidos es líder mundial en población carcelaria: con menos de 5% de  la población mundial, el país tiene un cuarto de los detenidos de todo el plantea. Este contingente de presos es el resultado de un proceso que ha conducido, desde la década de los años 80, a un aumento de 480% de la población carcelaria.

En ningún lugar del mundo esto es tan grave como en el estado de California, que abriga el mayor contingente de personas encarceladas de todo el país. A pesar de tener 33 prisiones -22 de ellas construidas en los últimos 30 años- la capacidad del sistema penitenciario de California está sobrecargada en 130% de su capacidad, de acuerdo con los expertos en el tema.

Según un informe del Nacional Council on Crime and Drugs, NCCD, acerca de la sobrepoblación carcelaria, “salas de estar, gimnasios, jardines y salas de TV fueron convertidos en dormitorios improvisados para abrigar a tantos presos como estas instalaciones fueron capaces de albergar”.

Pero esto está prestes a cambiar con la aprobación de la Ley 3X18, de autoría de la senadora demócrata Denise Ducheny, de San Diego, que pretende combatir los mecanismos que contribuyen para que las prisiones funcionen como puertas giratorias y mantener el volumen de la excesiva población carcelaria.

La nueva ley establece decretar la libertad condicional inmediata e irrevocable para condenados de baja peligrosidad e impide que violadores de la libertad condicional sean enviados automáticamente de vuelta a la prisión. La ley establece y expande el derecho de exconvictos dependientes de drogas y con enfermedades mentales a ser reencaminados a tratamiento en lugar de a prisión. La nueva ley crea un “instrumento de toma de decisión sobre violación de libertad condicional que permite evaluar el potencial de un exconvicto que esté cumpliendo prisión condicional de cometer otro crimen.

El tiempo pasado en prisión también está en la mira de la nueva ley, ya que esta permite que el período de detención previa al juicio sea deducido del tiempo total de la pena. A quienes violen la libertad condicional también se les dará la opción de sustituir la extensión de la pena de reclusión por dispositivos electrónicos de rastreo.

La ley surge en un momento en que los gobiernos están bajo presión de cortar costos y el estado de California pasa por una crisis financiera seria. De hecho, recibió la orden judicial de reducir la población carcelaria de las actuales 165 mil personas a 56 mil. Las nuevas medidas van a contribuir para esa reducción, permitiendo la liberación de seis mil individuos durante el primer año de aplicación de la ley.

¿Pero hasta que punto esto es significativo? Para Marc Mauer (foto), director del Proyecto Sentencia, una organización nacional que promueve la idea de una reforma del sistema de justicia criminal, las nuevas medidas son potencialmente significativas.

“Esto va a depender de qué tan lejos irán ellos con el plan. La Justicia ordenó la reducción del contingente en 40 mil personas, el estado habla de 17 mil. De cualquier forma, comparado con lo que viene aconteciendo en los últimos 30 años, es un cambio bastante significativo en la dirección de la política carcelaria”, afirma Mauer.

Él explica que California es muy rígida cuando se trata de sentencias punitivas y política de libertad condicional y destaca que “la regla de los tres golpes” que aumenta la posibilidad de que la persona que comete un delito por tercera vez sea enviada a prisión perpetua. Mauer explica que la práctica de prender nuevamente a las personas que violan la libertad condicional refleja una tendencia general del país en los últimos 30 años. “La escala del problema en California es mucho mayor que en otros estados”, afirma.

Mauer considera que el paso hacia delante que el estado dio a favor de la reforma no es sólo el resultado de presiones locales, sino parte de un patrón generalizado.

“Muchos estados están intentando reducir su población carcelaria por dos motivos: disminuir costos porque las prisiones son caras, y por el entendimiento de que de ayudar en la resocialización de expresiones trae mejores resultados para la seguridad pública. Kansas, Michigan, Nova York y Nova Jersey redujeron entre 5% y 20% el número de personas mantenidas en prisiones en los últimos 20 años”, comenta.

Las prisiones no hacen sociedades más seguras

La construcción de prisiones y la condena de criminales con penas de reclusión se dieron al mismo tiempo que la caída de las tasas de criminalidad en todo el país. Por otro lado, la exposición a prisión está directamente ligada a la reincidencia criminal.

“El objetivo de un buen sistema judicial es mejorar la situación de seguridad pública. Si arrestamos es porque creemos que eso mejora la seguridad pública, pero las investigaciones dicen que no es así”, afirma Alex Busansky (foto). “No creo que la gente entienda realmente cómo es posible que las prisiones ofrezcan poca seguridad. El sentido común es que si la policía arresta personas, esto hace la sociedad más segura. Pero mantener a alguien en prisión por 40 años y cargar con sus costos médicos no produce seguridad”, explica.

Los estudios demuestran que los detenidos cuestan más al Estado a medida que van envejeciendo. Una estimativa proporcionada por Joane Faryon a la red de noticias KPBS News detectó que el costo individual de un detenido se triplica cuando éste alcanza los 55 años de edad. “De 50 mil dólares, este rubro sube a 150 mil por año”. Faryon también observó que los detenidos están más propensos a contraer enfermedades como hepatitis C y Sida, que el resto de la población.

“El poder legislativo quiere ser duro con la criminalidad y la manera que encontró para esto fue aplicar largas condenas. Pero, en realidad, lo que debería estarse garantizando es que la seguridad pública mejore”, afirma Busansky.

El profesor de Justicia Criminal de la Universidad de Chicago, John Hagedorn, ha sido constantemente procurado para servir como testigo en juicios de miembros de pandillas en Chicago. Él asegura que “esto es siempre un estímulo”, o sea, que el hecho de pertenecer a una pandilla puede ser llevado formalmente en consideración para extender el tiempo de una pena. “No se si este es el caso de California, pero los fiscales siempre usaran el “vínculo con pandillas’ para exigir penas mayores o inclusive la pena de muerte”, dice Hagedorn.

‘Hay un interés creciente en aplicar cambios en esa política, como la reducción del número de sentencias, el tratamiento –en vez de la prisión- de personas que comente delitos relacionados con drogas o como hacer que los criminales no violentos pasen menos tiempo en prisión. La cantidad de cambios aún es relativamente modesta”, dice Mar Mauer.

Cada vez se están proponiendo más proyectos de ley para asegurar que toda la información disponible llegue al sistema judicial y de prisión para generar cambios. El Justice Reinvestment Act (que propone financiar estudios para la reforma penal) está ganando más apoyo masivo, tanto de republicanos como de demócratas.

“Esta ley es una pieza importante de la legislación en la tentativa de una mejor distribución de los recursos. Habrá más fondos destinados a programas locales, para que supervisen a los criminales en las comunidades, y esto permitirá a los estados reducir su población carcelaria”, dice Mauer. Él afirma que la crisis fiscal está creando una oportunidad importante para la revaluación del sistema

“Es un excelente momento para examinar como debe abordarse el problema del crimen. Durante 40 años, nuestro abordaje ha sido construir prisiones y encarcelar gente”, explica. Mauer apunta también la necesidad de invertir en prevención y tratamiento y apuesta en el fortalecimiento de familias y comunidades como medida preventiva y alternativa al encarcelamiento, para que el número de personas presas disminuya.

“En mi opinión, gran parte del problema que enfrentamos hoy en Estados Unidos es político, no es falta de conocimiento, es más una cuestión de líderes políticos que abrazaron discursos políticos, como nuestra política criminal. Esto ha causado muchos daños, necesitamos basarnos más en la información”, finaliza.

Traducción: Andrea Domínguez

Foto portada: penitenciaría de Solano, en California (tomada del site del Departamento de Corrección y Rehabilitación de California)

Foto interior: penitenciaría de Corocoran, California (tomada del site del Departamento de Corrección y Rehabilitación de California)

Foto interior, Busansky:© University of Washington School of Law