Sistemas sobrecargados: cárceles en América Latina

Por Alejandro Corda*

Argentina, país “de tránsito” en la industria de la cocaína, ha ido endureciendo su legislación penal sobre drogas durante el transcurso del siglo XX. Si bien su nacimiento en la década del veinte aparece ligado a factores domésticos, desde la década del sesenta se fueron agravando las penas y configurándo delitos al ritmo de los instrumentos de derecho internacional de Naciones Unidas en esta materia.

En 1974 se sancionó la primera ley especial sobre estupefacientes (N° 20.771), imbuida de la “doctrina de la seguridad nacional” y asimilando los términos droga y “subversión”, la cual agravó las penas tanto para el tráfico como para el consumo. A fines de la década del ochenta, influida por los aires de la reciente Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Viena, 1988), fue reemplazada por la aún vigente N° 23.737. Esta última si bien disminuyó la pena de la tenencia para consumo (de 1 mes a 2 años de prisión), la agravó para aquellas conductas de tráfico de estupefacientes, con penas de 4 a 15 años de prisión.

La aplicación de esta ley, en especial por la agencia policial, produjo que en la década del noventa se incrementara la utilización de esta herramienta estatal en relación con las drogas. Pero lejos de recaer sobre los fenómenos más lesivos terminó operando sobre sus manifestaciones menores: los usuarios de drogas y los eslabones más débiles de la cadena de tráfico.

Una de las fuentes consultadas permite inferir cómo el encarcelamiento por delitos de drogas aumentó en este período hasta convertirse en un tercio de la población en cárceles federales (ver cuadro), proporción que se mantiene hasta nuestros días. Mientras en 1985 había 33 personas detenidas, en 1989 aumentó a 332, y así lo siguió haciendo durante los años siguientes; en 1995 la cifra era de 1.400 y en el año 2000 se encontraba en 1.872.

Fuente: Consejo Nacional de la Mujer (investigación sobre población penal feminina alojada en el SPF, año 2001)

Pero además de contribuir al aumento de la población carcelaria, los encarcelamientos por delitos de drogas transformaron la demografía de las cárceles federales al conducir hacia ellas una mayor cantidad de mujeres y extranjeros, que hasta ese momento no tenían tanta representación en ese universo.Durante la década del noventa se duplicó la cantidad de mujeres encarceladas, dos tercios de las cuales se encuentran allí por haber cometido delitos de tráfico de drogas. En 1984 había 100 mujeres encarceladas, en 1989 llegaban a 253, en 1995 eran 572, en el 2000 crecieron a 718, en 2004 llegaron 1010.

Similar es la proporción de extranjeros en la cárcel por delitos de drogas, y cuando ambas condiciones se combinan los valores suelen ser superiores. Según un informe de 2008 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) el 80% de las mujeres extranjeras detenidas en cárceles federales lo estaba por delitos de tráfico de estupefacientes.

A partir de los datos y testimonios recogidos se puede afirmar que la mayoría de estas personas han participado en conductas vinculadas al tráfico de estupefacientes como actores menores y llevados por situaciones de vulnerabilidad, que en el caso de las mujeres aparecen acentuadas, y si son extranjeras aún más.

En este sentido se reiteran las historias donde el comercio de drogas en pequeña escala en los barrios pobres de Buenos Aires y sus alrededores se convierte en una forma de afrontar las necesidades económicas de hogares a cargo de mujeres, en ocasiones con varios hijos, y al mismo tiempo ocuparse de las demandas familiares.

También se multiplican los relatos de personas que realizan transportes de drogas dentro o a través las fronteras, llevados por distintas necesidades. En estos casos, que incluyen aquellos que ingieren la sustancia como forma de ocultamiento, una vez tomada la decisión de involucrarse en estas actividades aparecen las amenazas y la imposibilidad de salir de ese círculo. Incluso, estas personas suelen ser delatadas a las  fuerzas de seguridad como forma de distracción.

El paso por la cárcel, lejos de resolver esas situaciones de vulnerabilidad, las agrava, dificultando una vez fuera la posibilidad de conseguir trabajo y dejándolos a la puerta de la reincidencia, además de estigmatizar a la persona y su grupo familiar. En este punto merece señalarse que la estadía en la cárcel repercute sobre los hijos de muchas mujeres, algunos de los cuales, en especial los de menor edad, suelen acompañarlas en su estadía.

En consecuencia, en la medida que las leyes penales sobre drogas y su aplicación sigan recayendo sobre los actores menores del tráfico, no solo no va a lograr más que éxitos momentáneos, alimentando más una ilusión que la contención del tráfico de estupefacientes, sino que al producir el encarcelamiento de personas en situación de vulnerabilidad por diferentes condiciones (pobreza, genero, nacionalidad) muchas veces sumadas, agrava la situación en la que ya se encontraban.

Es por ello que resulta necesario repensar la letra de las leyes de drogas y la forma en que ellas se aplican si se quiere que operen sobre los actores más importantes y de mayor lesividad dentro del tráfico de drogas. Los eslabones más débiles, muchos de los cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, merecen otro tipo de respuestas estatales, aún cuando sus conductas no dejen de estar alcanzadas por la ley penal. Solo así, se podrá lograr leyes penales de drogas más eficaces, equilibradas y humanas.

* Alejandro Corda es abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desde el año 1998 y docente e investigador de esa universidad. Trabaja en el Poder Judicial de la Nación desde 1993, siendo desde 2001 Secretario de Juzgado en el Fuero Penal Federal. Integrante de Intercambios AC, una ONG con trayectoria en el tema de las políticas de drogas.

El presente texto es una síntesis del informe correspondiente a Argentina cuya versión resumida se puede leer en la obra “Sistemas Sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina” que profundiza la situación de los encarcelamientos por delitos de drogas en la región.