Medellín, el desafío continua

ENTREVISTA/Iván Darío Ramírez

Después de haber registrado una tasa de homicidios de 381 por 100 mil habitantes en 1991 (el triple de lo que actualmente registra Ciudad Juarez, la más violenta del mundo hoy día) Medellín logró revertir la situación de manera espectacular a punta de inversión social y también gracias a un proceso de reinsersión adelantado por el gobierno nacional: para 2004 había alcanzado una tasa históricamente baja de 24 homicidios por cada 100 mil abitantes, situándose por debajo de ciudades como Washington.

Las mega-bibliotecas en barrios marginados, los vagones del teleférico recorriendo las comunas por cable aéreo y la inversión en cultura, recreación y deporte se convirtieron en íconos del llamado “Modelo Medellín”. Pero un repunte en los índices de violencia durante los últimos años -por ejemplo el asesinato por arma de fuego de 80 niños en lo que va corrido de 2011 y una tasa de homicidios de 45 por cada 100 mil habitantes en 2010- ha revivido el temor de que la violencia pueda volver a los niveles de dos décadas atrás.

El sociólogo Iván Ramírez, coordinador del Observatorio Niñez en Conflicto Armado y Violencia Armada Organizada, de la Corporación Paz y Democracia, ofrece su visión de la situación actual de la ciudad, analiza los alcances y las fallas del “Modelo Medellín” implantado por las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar y llama la atención para la importancia de reforzar el enfoque de inversión social para evitar retrocesos en materia de seguridad, progreso y democracia en la ciudad industrial del occidente colombiano.

Se habla mucho del éxito del modelo implantado en Medellín por las administraciones de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, pero recientemente se ha empezado a hablar de retroceso en materia de seguridad ¿Cómo está Medellín hoy?

La historia de Medellín hay que dividirla entre antes y después de la administración del proyecto Compromiso Ciudadano, que encabezó Sergio Fajardo y que continúa hoy con Alonso Salazar. Con estos dos gobiernos ha habido una ruptura importante, a través de un proyecto que ha buscado darle más transparencia a los recursos y dirigir estos recursos un poco más hacia la acción social.

En mi opinión, esa estrategia se fundamentó en que la ciudad (no sólo por razones de seguridad sino por su modelo administrativo) estaba desprovista de las condiciones que la podrían hacer competitiva internacionalmente, como les interesa a muchos sectores de la ciudad. La idea de estas dos administraciones era mejorar algunos indicadores para hacer la ciudad más competitiva y la inversión en lo social era un medio para ello. Eso tiene sus bondades y sus desventajas en el sentido de que termina primando el interés por el capital sobre el interés por las personas. Pero hay que reconocer que hubo una ruptura con los modelos anteriores y un mayor interés por los derechos de las personas.

¿En qué aspectos concretos se ve hoy ese cambio de modelo?

Hay una mejoría en la calidad de vida en asuntos diversos como inversión en infraestructura, transporte (los metro-cables), cobertura en educación, jardines infantiles, bibliotecas y actividades recreativas y culturales. Vas a los barrios y ves las obras y las actividades. Los mismos artistas reconocen que hay avances en la inversión en proyectos culturales, todavía no suficientes, pero mejores que antes.

¿Pero la ciudad está más o menos segura?

Ese tema ha sido polémico todo el tiempo. La entrada de Compromiso Ciudadano al gobierno local coincidió con la primera desmovilización de los grupos paramilitares. Podría decirse que la Alcaldía de Medellín se la jugó por invertirle a un proceso de reintegración social, con recursos humanos y financieros. Comparto con Compromiso Ciudadano la crítica de que el gobierno nacional los dejó solos. Pero igualmente, esa apuesta no estuvo acompañada de un proceso local de veeduría y seguimiento suficientemente serio que permitiera comprender que ese proceso también estaba sirviendo para que sectores que provenían del paramilitarismo y el narcotráfico se reencaucharan y tomaran nuevos aires.  Además se desconoció la necesidad de incorporar en dicho procesos, temas críticos como el del tráfico de drogas en la ciudad,  y apuntar hacia el desmonte pleno de las estructuras paramilitares y sus asociaciones con estructuras de violencia armada organizada.  

Digo que ha sido un tema polémico porque existe una contradicción entre quienes afirman que la mejoría en niveles de seguridad y sobre todo de las tasas de homicidio que se dieron sobre todo en la primera administración, eran una consecuencia de la política de reinserción. Pero también existe otra visión que sostiene: lo que ha habido es una especie de pacto -tácito o no- en el que tras la desmovilización, un actor armado hegemónico estableció un control porque la sensación de tranquilidad favorecía a este actor. Es decir, que la ciudad estuviera en paz servía al establecimiento pero también a estos sectores del crimen porque no los iban a perseguir.

Hoy la experiencia demuestra que la alcaldía se equivocó al no reconocer la magnitud y la complejidad de ese problema.  Por eso hablamos, que hubo paramilitares que se desmovilizaron pero no se desarmaron y paramilitares que se desarmaron pero no se desmovilizaron, esto es, personas y grupos que ejercían un control temerario en muchos barrios de la ciudad.  Además, los gobiernos locales y nacionales durante el proceso y ante las evidencias, reconocieron que hubo un grupo muy importante de reinsertados que volvieron a armarse y que para el proceso de desmovilización, se incorporaron allí grupos delincuenciales y aún civiles que nunca participaron de estos grupos, por aquello de los beneficios  

¿Entonces prevalece esa segunda interpretación, es decir, la mejoría en los niveles de seguridad se debió a un pacto tácito de no agresión entre el establecimiento y la criminalidad?

Los analistas del fenómeno urbano en Medellín coinciden en que esto fue un factor importante y prueba de ello es lo que tenemos hoy día en la ciudad: unos grupos que se pueden llamar neo-paramilitares, y que aprendieron de la experiencia del paramilitarismo. En opinión de algunos, antes había paramilitares con tácticas delincuenciales y hoy tenemos delincuentes con tácticas paramilitares. Las organizaciones civiles coincidimos en que hay una mixtura entre una concepción delictiva y una práctica delictiva asociadas con prácticas de paramilitarismo.  Hablar de un pacto es complejo, pero si  podemos señalar que hubo laxitud y cierta tolerancia y no hubo una lectura y acciones más integrales, frente al problema. Por ejemplo en aquellos casos en que se denunciaban amenazas a líderes sociales y de derechos humanos por  parte de los desmovilizados, e incluso  el asesinato de algunos de ellos. Pero el hecho más evidente es la existencia de un control territorial que no dejó de existir y que se expresa bajo esas nuevas formas.

¿Cómo se manifiesta esto en la ciudad?

Existen estructuras de lo que podemos llamar violencia armada organizada que no necesariamente tienen un proyecto contrainsurgente sino un interés fundamentalmente económico, que recogen prácticas de los grupos paramilitares como aquellas de capturar el estado  pretender incidir en el. No se trata sólo de estructuras criminales asociadas al narcotráfico sino que también están asociadas a otras economías ilegales, al control territorial, expresados en muchos casos como grupos neo paramilitares, con una clara concepción de ataque a los defensores de derechos humanos y líderes sociales,  como las organizaciones de víctimas. Y bueno, también en el incremento en los dos últimos años en las tasas de homicidios y en el amplio reclutamiento de niños, niñas ya adolescentes a estos grupos armados. 

Entonces, en términos de seguridad, ¿la ciudad está peor que antes?

Sectores de la oposición y defensores de derechos humanos denuncian que el proceso de desmovilización tuvo mucho de impostura. En ese proceso de reinserción, el actor armado ilegal se aprovechó del mecanismo y entró en un juego que le permitió recrear algunas de sus propias estructuras. Los investigadores y críticos han denunciado que existe hoy un poder “mafioso” o “ilegal” en la ciudad, que no sólo tiene que ver con narcotráfico sino de criminalidad interesada en el estado. Las cifras de homicidio muestran que en 2008 habíamos bajado a 30 homicidios por cada 100 mil habitantes y hoy día tenemos casi 100 homicidios por cada 100 mil habitantes.

¿Cómo son estos grupos que amenazan hoy día la seguridad de Medellín?

Son grupos que se han reencauchado de procesos anteriores. Como no hubo política hacia los mandos medios durante la desmovilización del año 2003, desde allí se arrastran esos remanentes  y empieza una disputa de nuevo por el territorio y por su mercado interno. Sin embargo, en la ciudad existe una dificultad para definir o aceptar la existencia de esos actores armados, que son una expresión del conflicto armado; son nuevas expresiones de estructuras paramilitares.

Según algunos investigadores, esas estructuras tienen un proyecto económico, un interés en el estado y buscan un control territorial, a través de la lucha contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos y por medio de un accionar mafiosa, no únicamente en el sentido de traficar de drogas, sino en que en que se mueven en la ilegalidad, usan la corrupción, la extorsión y la intimidación. Al otro lado, el gobierno insiste son estructuras criminales y que  no tienen interés en el control de territorios. Nosotros creemos que estos sectores tienen un interés por capturar el estado, como en ciudades de Italia y otros lugares del mundo.

¿En qué ámbito se puede ver la disputa de territorios entre estos grupos?

Cada vez hay un uso mayor de niños relacionados con estas prácticas criminales (reclutamiento para transporte de drogas, para trata de personas, explotación sexual). Hoy día, muchas escuelas en Medellín son territorios en disputa por actores armados que no sólo han atacado la escuela sino que han permeado la escuela desde sus intereses criminales.

En Colombia, además de la violencia política, las escuelas viven el acoso y la acción de actores ilegales armados que tienen intereses económicos que se expresan en venta de drogas, uso de niñas para la explotación sexual, circulación de armas. También se usa el actor armado para presionar a las autoridades de la escuela. Hay rectores que actúan con miedo, maestros amenazados, niños amedrentados y esto tiene un impacto fuerte en la desescolarización. Hay un caso que ilustra la gravedad del problema, es una escuela en la que de 450 estudiantes se han desescolarizado 75 debido a las amenazas o porque no pueden pasar una frontera de un territorio a otro.

¿Qué cifras pueden ilustrar la victimización de los niños y jóvenes en Medellín?

En 2009 fueron asesinados 12 estudiantes en Medellín. En el año 2000 –cuando la tasa de homicidios Medellín era de 167 por 100 mil habitantes- cada 4,8 días mataban un niño. En 2009, cada 3 días mataban a un niño en la ciudad; en el 2010, cada 1,8 días y a febrero de 2011, casi cada 1 día muere un niño por arma de fuego en la ciudad. Es decir, entre enero y febrero de 2011 fueron 58  menores de 18 años los que fueron asesinados, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. En los últimos 18 meses han matado a 5 artistas juveniles de grupos de hip-hop de la Comuna 13. Necesitamos despertar, si no nos duele que maten un niño cada día aquí, entonces ¿qué nos duele?

Foto: Iván Ramírez

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