Las estructuras de control social en Centroamérica

Las estructuras de control social en Centroamérica versus la voluntad de los jóvenes por salir de la violencia

Emilio Goubaud, Interpeace / APREDE

Artículo exclusivo para la publicación bimestral "Exit", año 1, número 0. Haga clic aquí para subscribirse.

El presente artículo reflexiona sobre los mecanismos de integración y control social (familia, escuela, trabajo, policía, centros de detención) de los adolescentes y jóvenes marginales que llegan a cometer delitos, procurando un análisis de los factores estructurales con la subjetividad de los infractores. Respecto de por qué los mecanismos de integración social se han vuelto ineficientes, la “inclusión social” opera a través del control social; y cómo el sistema social excluye y no integra.

La debilidad de los Estados en la región norte de Centroamérica, para resolver disputas no penales (laborales, civiles, familiares, agrarias), no contribuyó a prevenir que estos conflictos trascendieran hacia el ámbito penal, donde se concentró el mayor porcentaje de las causas.

El triángulo norte de Centroamérica ha mantenido una debilidad institucional generalizada, que se refleja en la ausencia de normas, políticas y medidas suficientes que recojan el sentido de servicio público, y que busquen que las autoridades asuman la responsabilidad que implica un Estado en función de los derechos de todas las personas, sin discriminación.

Nuestros Estados tienen el deber de tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar los actos delictivos. Dicha obligación se torna más exigente cuando se conoce que las acciones tomadas anteriormente no han sido ni adecuadas, ni efectivas. La falta de voluntad política o la reproducción de medidas ineficaces ante una situación de violencia generalizada, constituyen en sí mismas un incumplimiento de las obligaciones de los Estados de la región.

Durante los últimos diecisiete años que he trabajado con adolescentes y jóvenes en riesgo social, en la calle, en sus focos (clicas), en sus barrios, he aplicado muchas metodologías de abordaje  para que ellos se interesen en la posibilidad de insertarse a la sociedad, también se han hecho esfuerzos de articulación y coordinación de actividades con espacios oficiales para tratar de obtener respuestas razonables e inteligentes para abordar a la juventud; se han procurado espacios de reflexión y seguimiento a casos específicos por períodos largos, para que demuestren su inserción a la sociedad como personas útiles y productivas; sin embargo, han sido más los tropiezos que las respuestas de nuestros Estados para que ellos salgan de la violencia sin ser estigmatizados, criminalizados, excluidos,  marginados, encarcelados o asesinados.

Me quisiera referir en esta oportunidad a ciertos mecanismos de control que no permiten que muchos jóvenes dentro de nuestros sistemas se inserten y tengan acceso a su desarrollo integral, enfocaremos nuestra atención a  los antecedentes policíacos y a los antecedentes penales, principal causa para que un adolescente y joven no pueda tener acceso a las oportunidades de estudio y trabajo.

Hay autores que ponen énfasis en la función afectiva de la familia, otros en la función formativa y otros en su función económica. Es así que la familia puede ser un espacio de amor, un espacio de estabilidad que hace posible la productividad fuera de él, o bien una “policía” que rige las conductas morales y normativas de sus miembros. Cualquiera que sea el modo en el que se entienda, la familia debe cumplir ciertas funciones como vehículo a la integración social de sus miembros. ¿Qué ocurre en las familias de quienes son infractores de la ley?

En estos casos, la familia puede existir o puede estar totalmente ausente.  Cuando existe, se caracteriza por ser disfuncional – es decir, no cumple con las funciones que se espera de ella, lo que se manifiesta generalmente en ausencia del padre y la aparición de la figura del padrastro, el que suele beber alcohol en exceso y ser violento, tanto con la madre como con sus hijos (hijastros). Aquí aparece la violencia como elemento socializador y modo de relación. La familia también se caracteriza por no satisfacer las necesidades básicas del niño/a, pues los padres viven en condiciones precarias, tienen bajos niveles de escolaridad y se desempeñan en empleos mal remunerados, salvo aquellos que tienen como oficio la actividad delictual y le pueden dar cierto respiro económico, que se paga sin embargo a un elevado costo de entradas y salidas a la cárcel.

La entrega de habilidades y conocimientos, la corrección disciplinaria de ciertos comportamientos indeseados y la inserción en el mundo externo al entorno familiar, constituyen algunos de los elementos que caracterizan a la escuela. ¿Qué pasa con los infractores de la ley respecto a ella?

La escuela aparece como un espacio fuertemente normativo y donde se transmite un conjunto de códigos que muchas veces difieren de aquellos que existen en el núcleo familiar de los niños/as y adolescentes que viven en contextos de exclusión. Así, mientras que los adolescentes no logran adaptarse al sistema educativo, los establecimientos educacionales no logran adecuar sus prácticas a las características de los alumnos denominados “niños problema”, quienes suelen tener problemas de aprendizaje, presentan hiperactividad o déficit atencional, pueden ser impulsivos o agresivos, o sencillamente no encajan en el sistema educativo formal, además de ser estigmatizados, marginados y excluidos por su apariencia (tatuajes y vestimenta). La desescolarización es el corolario de esta relación compleja con la escuela y, tal como afirman algunos, mientras más precoz la desescolarización, más posibilidades de que el individuo presente conductas delictuales. El abandono escolar está altamente correlacionado con la iniciación y reincidencia en la delincuencia. En los jóvenes atendidos por la Red de dicha institución, vigentes a Octubre del 2001, las tasas de deserción son especialmente altas entre los adolescentes ingresados por delitos contra las personas (39,3%) y delitos contra la propiedad (35%). Sin embargo, esta relación no debe leerse en ambos sentidos: es decir, si bien una parte importante de los adolescentes reclusos es desertor, asimismo la mayor parte de los desertores no termina involucrado en el delito.

El problema en nuestros países es que muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran excluidos de los sistemas formales de educación; es decir que ni siquiera han tenido acceso a la oportunidad de estudiar. Guatemala por ejemplo, después de Haití es el país con más índices de analfabetismo.

El trabajo

El trabajo es el mecanismo de integración social clásico, permite insertarse en un entramado social e institucional que ninguna otra área hace posible. No sólo reporta una remuneración necesaria para subsistir e integrarse al mercado mediante el consumo, sino que también va ligado a mecanismos de seguridad social, previsión y salud; generando redes sociales,  ampliando el círculo de relaciones, así como también otorga la posición que se ocupa dentro la estratificación social, definiendo el status poseído. En definitiva, abre la puerta a la integración social. De hecho, las teorías sobre la exclusión social surgen precisamente a propósito del desempleo estructural y de una sociedad que debe saber funcionar con un segmento de su población condenada a restarse de esa dimensión de la vida, a ser un supernumerario.

De este modo, el trabajo es una dimensión que adquiere diversos significados en el caso de quienes viven en situación de exclusión. A nivel macro, los sectores de pobreza son por excelencia los territorios donde mayores tasas de cesantía existen y dichos territorios son precisamente donde habita mayor proporción de personas en conflicto con la justicia, por lo que el desempleo en sí mismo es un factor de riesgo respecto de la delincuencia y más aún el desempleo juvenil. Sin embargo, no sólo la escasez de empleos es un factor de riesgo, sino también la imposibilidad de accesar a estos por los controles sociales que nuestros Estados han implementado en componenda con los sectores productivos de nuestros países, específicamente con los antecedentes policíacos y penales, los cuales son una respuesta represiva, excluyente y marginal que no permite la oportunidad a personas que en algún momento cometieron un delito, transgredieron la ley penal o simplemente fueron acusados de algo por alguien y les fichan de delincuentes. En muchísimos países del mundo, los antecedentes policíacos representan un documento o herramienta de apoyo a jueces para sancionar y castigar, es un documento privado y no público y mucho menos un documento que sirve de prerrequisito para obtener un trabajo o el ingreso a una escuela.

Dicho lo anterior vale la pena mencionar que muchos programas de prevención que se implementan en Centroamérica son estandartes constitucionales, banderas que se han tenido que enarbolar desde la sociedad civil, debido a la indiferencia de nuestros estados y nuestros políticos hacia el sector juvenil, percibiéndolos como enemigos del Estado y no como ciudadanos a quienes hay que invertirles para su desarrollo integral.

Nuestra lucha va en función de la oportunidad y no de la venganza, del lado de la prevención social del delito y no desde la pena y la cárcel. Debe de hacerse una diferencia enorme en el abordaje y no seguir pretendiendo dinamizar el tema de la prevención desde la seguridad pública. Hemos fracasado por atender los efectos del problema desde la reacción policial y la represión, no nos hemos querido enfrentar al hecho inminente del conflicto social en el cual nuestros Estados perdieron la gobernabilidad, es necesario y urgente atender el conflicto de manera integral, escuchando a los jóvenes, sentarse con ellos y encontrar de manera colectiva  (Estado y sociedad), la solución.

Conclusiones

Hay esfuerzos y experiencias exitosas en torno a la prevención de la violencia juvenil en Centroamérica, sin embargo, no han tenido impacto por la dimensión del problema de la violencia juvenil en la región, la indiferencia de nuestros Estados no permite que dichos esfuerzos se conviertan en programas nacionales, la inversión social y la construcción de tejido social siguen desarticulados y deteriorados, existen muchas normas jurídicas, leyes y reglas que establecen los límites de acción para los adolescentes y jóvenes de nuestros países, pero no contamos hasta el momento con políticas públicas de prevención de la violencia juvenil, que obliguen a las instancias de nuestros gobiernos a brindar oportunidades de desarrollo integral para la niñez, adolescencia juventud en Centroamérica.

Hoy en Centroamérica se cuenta con espacios de participación juvenil, redes de jóvenes que expresan de diferentes formas sus anhelos, demandan atención y participación, generan propuestas y se capacitan para incursionar en el medio político con el afán de construir una nueva Centroamérica, contamos con agencias internacionales que han descifrado la urgente necesidad de que los gobiernos volteen a ver a los adolescentes y jóvenes de nuestros países de diferente manera, invirtiendo en ellos y reconociéndolos como el presente y como pilares del mejoramiento de la productividad ante la globalización. Existen también organismos y contrapartes nacionales que han emprendido la lucha por elaborar iniciativas que den oportunidades  de inclusión a este sector en la toma de decisiones y finalmente apuesten a la capacidad de los mismos para construir una mejor región.

Actualmente trabajo en el impulso de propuestas de políticas públicas regionales de prevención, me resisto a aceptar y mantengo la indignación por las 36 muertes violentas por día en los países del triangulo norte de Centroamérica, de las cuales 21 son menores de 25 años. Queremos una región con capacidad de vivir en armonía y en libertad, generar un cambio de actitud de los políticos y las instituciones de gobierno en función de la niñez y juventud de Centroamérica.

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