Justicia juvenil: puerta giratoria

Las tasas de criminalidad y de detención bajaron, cambió el gobierno y llegó la crisis financiera. Aparte de todas esas novedades, un factor se ha resistido al cambio en Estados Unidos: los índices de reincidencia entre adolescentes y adultos jóvenes. De acuerdo con investigaciones recientes, 75% a 85% de los jóvenes infractores son encarcelados nuevamente durante los primeros tres años después de haber salido de prisión.

Por eso, cuando el gobierno del estado de California anunció recientemente una política que promovía penas alternativas a la detención, entre ellas la transferencia de jóvenes infractores de los grandes establecimientos penitenciarios estaduales hacia instituciones locales, parecía que el cambio finalmente ocurriría, pasando de la teoría a la práctica en el sistema de justicia juvenil de Estados Unidos.

De acuerdo con Yumari Martínez, director asociado del Centro de Justicia Juvenil del Vera Institute, el cambio anunciado para los infractores juveniles en California es parte de una realidad que atraviesa todo Estados Unidos. “Si comparamos con las últimas dos décadas, podemos ver que están ocurriendo cosas similares a lo largo y ancho del país. Cuando la justicia criminal comenzó a ser aplicada a los jóvenes, se basaba en gran parte en la rehabilitación, una oportunidad de corregir los comportamientos. En los años 80 y 90 el sistema judicial juvenil pasó a adoptar una postura más punitiva, con el surgimiento de la idea de un súper predador”, comenta.

Desarrollo del cerebro concluye a los 20

Yumari Martínez hace parte de una fuerza especial de Nueva York para transformar la justicia juvenil a través de la elaboración de un informe que se espera estará concluido a finales de noviembre. Según afirma Martínez, parte de los cambios en las políticas considera que los jóvenes delincuentes como potenciales sujetos para experimentar cambios de comportamiento.

“Durante la última década, y en especial en los últimos cinco años, ha habido un cambio, un sentimiento general de que hay más conocimiento disponible”, dice Martínez recalcando el progreso en la investigación de desarrollo del cerebro, en especial en los jóvenes, y como eso afecta su capacidad de apreciación de las consecuencias de las acciones y de su comportamiento.

“En nuestro sistema criminal, como en la mayoría de los sistemas legales, existen dos dimensiones en el crimen: una sobre si realmente alguien cometió un crimen y por otro lado, la culpabilidad mental, la intención de cometer un crimen. El hecho de que la culpabilidad no puede ser atribuida desde los siete años en adelante –como ocurre en el sistema penal actual- ya que el cerebro solo completa su desarrollo bastante tiempo después de la adolescencia, a los 20 años”. Esto implicaría que el menor de 20, que comete un crimen podría no ser plenamente consciente de las implicaciones de su acto, y por lo tanto, la culpabilidad no es tan fácilmente atribuible a él.

Exposición a la cárcel aumenta el crimen

Este cambio en la dirección de las políticas judiciales juveniles también ha resultado en la mudanza radical del número de jóvenes infractores en establecimientos penitenciarios. De los 12 mil jóvenes detenidos en prisiones estatales en California tres años atrás, sólo quedan dos mil.
“El estado de California tiene 58 condados, siendo que cada condado tiene su propio sistema judicial juvenil. De esta forma, varía la manera como los jóvenes son tratados localmente”, dice el jefe del Gabinete de Libertad Condicional del condado de Santa Cruz, Scout MacDonald, quien señala que hubo una reducción de 65% en el número de jóvenes viviendo y durmiendo en las prisiones locales.

A pesar de haber presidios específicos para jóvenes, la nueva política para residencia en el estado norteamericano es no enfatizar la detención, removiendo a los jóvenes de las prisiones. En vez de eso, los jóvenes son encaminados a actividades monitoreadas que exigen su participación y abren las puertas a la integración de sus vidas en las comunidades. Y siguiendo la misma lógica, las autoridades son presionadas a prestar ayuda a aquellos que se integran a las comunidades de origen: familias y barrios.

“SE abusa de la prisión. Existe una tendencia que ve en la detención una buena manera para reducir el crimen”, dice MacDonald. Él apunta que en California cerca de 100 jurisdicciones firmaron la iniciativa de Alternativas para la Detención Juvenil de autoría de Annie E. Casey Foundation.

Fuera de las prisiones y menos dispendiosos

Los centros de detención son caros por naturaleza. La construcción, la gestión y su manutención, encarecen al mantener individuos presos. En el caso de la justicia juvenil, también se volvió una convención comparar prisiones a “puertas giratorias”. Los jóvenes recién liberados vuelen a envolverse con el sistema de justicia tarde o temprano.

“Con el actual interés de valorizar el control financiero, estos servicios cuestan menos en promedio de lo que cuesta la detención en instituciones. Reduciendo el número de instituciones, se logra ahorrar dinero. Por otro lado, los servicios también son muy exigentes y eso atenúa las preocupaciones del público”, dice Martínez.

“Entre 75% y 85% de los jóvenes reinciden en los primeros tres años después de la liberación. Ningún sistema penitenciario recoge estos datos de forma ideal o sistemática, pero los números se han mantenido estables. Esa tasa cae a 50% cuando se analiza cuáles de los reincidentes son efectivamente reencarcelados. Aún así, todavía es bastante alta lo que nos da la sensación de que no estamos teniendo éxito en nuestras acciones”, afirmó Martínez.

La detención como una “puerta giratoria” es un concepto especialmente preocupante en el caso de los jóvenes infractores, porque sus penas tienden a ser más cortas de lo que son para los adultos. Si los problemas no son resueltos, continuarán reincidiendo.

Los programas innovadores para este público, tanto antes como después de la sentencia, envuelven el monitoreo bajo tutela, actividades que incluyen deportes, capacitación profesional, reintegración en la escuela, apoyo sicológico y otros servicios. “Un conjunto de instrumentos está siendo desarrollado en dos frentes para mantener a los jóvenes fuera de las prisiones mientras estén presos”, explica Martínez.

El experto cito los programas desarrollados en Missouri como ejemplo. El estado adoptó un modelo de detención con centros de corrección que parecen dormitorios en ves de prisiones y donde los jóvenes se visten con ropas normales y no con uniformes.

Otra preocupación es intentar mantener estos jóvenes cerca de sus casas. En lugar de tener jóvenes condenados a una jurisdicción y trasladados a centros de detención a cuatro o cinco horas de viaje de sus casas –lo que genera una situación traumática en las comunidades- estas nuevas políticas defienden la preservación de los lazos comentarios. Esto significa muchas veces ofrecer a las familias de los jóvenes acceso a servicios de apoyo.

Estas nuevas herramientas están siendo consideradas también para los delincuentes adultos. “Cuando pensamos en jóvenes infractores, pensamos en adolescentes, pero estamos intentando llevar estas iniciativas también a los adultos. Estamos buscando alternativas a los mandatos de prisión, por ejemplo, para individuos en libertad condicional que no se presentan a las autoridades. En estas situaciones, el uso de monitoreo electrónico puede ser útil”, dice MacDonald.

Pandillas bajo una nueva perspectiva

Existen dos variables relacionas con la naturaleza del delito que van a determinar si un joven infractor es elegible para las alternativas de detención: el riesgo de reincidencia o el riesgo de fuga. “En el pasado, pedíamos a los jóvenes no asociarse a pandillas, pero ellos terminaban presos junto con miembros de pandillas”, dice MacDonald. “Ahora, estamos intentando diseñar programas de intervención que sean positivos, menos apoyados en la prohibición. Tenemos programas exitosos con deporte y trabajo, con estudios e intentamos trabajar cera a los jóvenes y darles la atención que necesitan”, afirma.

Además del programa de fútbol Azteca, desarrollado en Santa Cruz –y que recibió premios- MacDonald destacó el trabajo de los Wrap Around Services, también en la misma región. El programa hace trabajo conjunto con agentes de libertad condicional, profesionales de salud mental y familias de los infractores. “Les preguntamos a las familias cuáles son sus preocupaciones y después intentamos incluirlas en el sistema de servicios de custodia, garantizando que las familias puedan ayudar a preservar los lazos que unen estos jóvenes a la comunidad”, explica MacDonalds.

Parte de la nueva política de procedimientos es usar evaluaciones de los programas en curso para producir resultados y así diseñar programas basados en informes y estudios prioritarios, garantizando que sean eficaces. El concepto pasó a ser llamado PBE, Prácticas Basadas en la Evidencia.

“Necesitamos hacer más que simplemente aprehender. Tenemos que dar oportunidades y medir el impacto de nuestros programas con mayor rigor, no podemos dejar que el miedo y el espectáculo mediático se sobrepongan a la nueva política y necesitamos tener certeza de que ésta se rige por datos concretos y no por el espectáculo”, resume MacDonald.

El énfasis en la evaluación de los programas en términos de Prácticas Basadas en la Evidencia es saludable, pero, como acontece con otros casos, debe haber una evaluación crítica. Existen dos riesgos que corremos: uno es recurrir a modelos importados que no fueron diseñados para las realidades locales y el otro, dar un paso en falso, que pueda colocar todo el programa en peligro”, alerta Martínez.

 Traducción: Andrea Domínguez

Foto de portada: Gina Smith, para  Photoexpress

Cover Photo: Gina Smith, for Photoxpress.

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"These are our kids: Transforming Juvenile Detention in Three American Cities” film (13 minutes) by the Annie E. Casey Foundation.

Chief Probation Officer of Santa Cruz, official website