Entre menos gobierno, mejor

ENTREVISTA / Ester Kosovski

Hace 20 años, la abogada Ester Kosovski enfrentó prejuicios por defender cambios en la política de drogas, cuyo enfoque represivo en esa época ya se mostraba ineficaz. Durante tres años, entre 1990 y 1992 cuando presidió el Consejo Federal de Estupefacientes, Confen, Ester lideró los trabajos que resultaron en una propuesta que preveía la despenalización del usuario, la distinción entre tráfico y consumo y una analogía en tratamiento para igualar drogas ilícitas y licitas.

Profesora emérita de la Universidad Federal de Río de Janeiro, UFRJ, y miembro de las comisiones sobre Política de Drogas de la Orden de los Abogados de Brasil, OAB, y del Instituto de Abogados de Brasil, IAB, Ester celebra los avances que empiezan a presentarse en política de drogas y continúa pregonando la libertad. “Cuanto menos gobierno, mejor”.

¿Cómo ha caminado Brasil en política de drogas durante las últimas décadas?

En 1992, el Confen presentó una propuesta de política considerada muy avanzada, revolucionaria. Propusimos la despenalización del usuario, la distinción entre tráfico y consumo y una analogía de tratamiento para igualar drogas lícitas e ilícitas. Este fue el gran avance de nuestra propuesta. El alcohol y el tabaco son más perniciosos que un cigarrillo de marihuana. El Jornal do Brasil hizo una publicación –desmentida por el Ministerio de Justicia- que reflejaba una campaña difamatoria. Llegaron a decir que el Confen no era un lugar para mujeres. Pero valió la pena porque los avances de hoy son resultado de las semillas que plantamos hace 20 años. Hicimos un trabajo pionero de revisión de la legislación, la ley 2006, que discriminalizar al usuario, está basada en la propuesta de 1992.

¿Por qué era necesario cambiar?

Si un individuo mayor decide tomar algo que es perjudicial para su salud, nadie tiene nada que ver con eso. Es una conducta estrictamente privada, si no afecta a otras personas. El consumo muchas veces hace parte e la cultura local. La prevención y el tratamiento no tienen nada que ver con policía. La represión policial es diferente del control social hecho por la familia, la escuela, las instituciones que la persona frecuenta. El control social es mucho más eficaz que el policial, un ejemplo es el humo del cigarrillo. Pero la polémica del momento es la prohibición porque propicia la detención de personas por porte de drogas.

¿Qué otros avances se han producido, además de la descriminalización del usuario?

Una conquista actual es el tratamiento igualitario del alcohol con el de las otras doras. La Ley no habla de eso, pero la práctica está conquistando este espacio. Vimos en las estadísticas policiales que la mayor parte de la violencia doméstica no se debe al uso de marihuana o cocaína sino al luso de cachaça (aguardiente)  de la peor calidad. El resultado funesto del alcohol es pero que el de las drogas. ¿Y cómo se disminuyó el uso del cigarrillo? Con educación y prevención. Este es un gran ejemplo a ser seguido en este tema de las drogas. Todo lo que es prohibido es más atractivo.

La Ley 11.343 de 2006 no penaliza con prisión a los usuarios de drogas, pero no diferencia claramente entre usuarios y traficantes. ¿Cómo puede ser mejorada esta ley?

La diferenciación sería por cantidades para cada tipo de droga ilícita y por la actitud: si la persona está vendiendo o usando. En la ley de la oferta y la demanda, la oferta a veces es agresiva y la demanda, tímida. Hay una diferencia entre liberación, reglamentación y legalización.  La liberación deja completamente libre el mercado y, por las consecuencias, es difícil de aceptar. La reglamentación es lo que se está proponiendo: regular la conducta. La regulación no tiene la misma fuerza de la ley. Es un control suave. La legalización es no prohibir en la ley, pero estimular horarios y lugares específicos para vender una sustancia controlada por el estado. Esto permitiría inclusive tener estadísticas más confiables y mantener a la policía fuera del esquema. A los policías y los políticos no les gusta esta idea porque con la prohibición pueden ganar más. También es posible la legalización de ciertas sustancias y otras no. Cuando se disminuye el número de delitos, disminuyen los gastos con todo un andamiaje que cuesta mucho y retorna pocos resultados.

¿La prisión no es una solución?

La prevalencia de la política de represión originada en la década de 1970, no dio resultado. Fue una copia de los Estados Unidos, donde también está siendo revisada esta postura. Ya no interesa aprehender por crímenes sin víctima, o en los que la víctima es la propia persona que los comete. Los pequeños ‘aviones’ (mandaderos de traficantes en las favelas) son pescados entre los más pobres, niños sin futuro. Ellos sólo hacen el papel de conductores, no presionan ni estimulan. Cuando son capturados, los menores de edad van a instituciones donde dan inicio a una carrera criminal real. Los mayores son detenidos por tráfico de drogas y en la prisión, entran en contacto con la droga y con elementos del crimen organizado. Queda desarraigado de la familia, del mercado de trabajo, de una vida sexual normal. Los maleficios de la prisión están siendo reconocidos y en el balance entre los costos y beneficios a la sociedad, el costo de la prisión es mayor.

¿Estamos próximos a la legalización?

No estamos tan cerca, pero poco a poco se han ido dando pasos como la protección del usuario. La legalización se inicia con no castigar al usuario y ofrecerle tratamiento a quien lo acepta. Debe haber colaboración de la sociedad, no puede venir de encima para abajo ni de un legislador corrupto. Estamos caminando hacia una mayor comprensión del problema. Pero hay gente interesada en crear prohibiciones, como en el caso de las apuestas ilegales (conocido como ‘jogo do bicho’ en portugués). Entre quienes hacen las leyes prevalece el interés de quien paga más y no los intereses de la sociedad. Por eso hicimos una propuesta de reglamentación , y legalizar sería el próximo paso.

¿El crack merece atención especial?

El crack asusta mucho porque ahora está alcanzando a la clase media y su efecto es rápido y dañino. Hay una pasión mayor de la familia, que tiene que cargar con los costos de tener un drogado en la familia. Algunos parientes van al tratamiento junto con el paciente y otros se revelan. Esto tiene mucho peso en la sociedad. El crack realmente tiene que tener un control mayor que el de cualquier otra sustancia porque además de los daños que causa, es barato.

¿Cómo fue el proceso de reglamentación del uso ritual de Ayahuasca (yagé)?

Fue un proceso que comenzó en la década de 1980 con la gestión de Tecio Lins e Silva en el Confen. El uso de Ayahuasca es cultural. Hay presiones policiales para que sea considerado ilícito por ser alucinógeno, pero es una tradición de los pueblos de la selva. Las personas se hacen clarividentes y según estudios de Domingos Bernardo Gialluisi Sá, la prohibición no favorecería a nadie excepto a las batidas de policía que intimidan a las personas. Por eso, fue aprobado unánimemente en el Confen. Las mismas iglesias que la usan lo controlan para que la bebida no sea llevada fuera del contacto religioso.

El uso medicinal de marihuana es aceptado en varios países. ¿Qué posibilidades le ve a este uso en Brasil?

Si puede ser usada para curar, como medicamento, no puede ser prohibida. O se deberían prohibir también innumeras sustancias que enriquecen a la industria farmacéutica.

¿El uso recreativo de drogas es un derecho humano?

Hace parte de los derechos humanos sin duda alguna, como el esparcimiento y el ocio. La interferencia del estado tiene que disminuir cada vez más. O laissez faire, laissez passer tiene que ser para los individuos también.

¿Cómo sería la política de drogas ideal?

Depende de las circunstancias y las mentalidades. No vale la pena imponer una política contra la posición de la mayoría. La política debe atender al máximo el bienestar individual, respaldado por las declaraciones de derechos humanos (derecho a la privacidad, a la libertad personal des que no afecte a otros). No soy anarquista, pero creo que tiene que haber gobierno mínimo con responsabilidad social, para mantener la paz social. Entre menos gobierno, mejor.