El rompecabezas del crimen

ENTREVISTA / Daniel Cerqueira

En contravía de la norma académica que sugiere enfocar las investigaciones en aspectos específicos, el economista Daniel Cerqueira, del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, Ipea, encaró y cumplió un desafío gigantesco: medir las causas y las consecuencias del crimen en Brasil.

Para eso, Cerqueira tuvo que investigar la literatura disponible y crear indicadores que no existían. Se demoró cinco años, pero concluyó su doctorado en economía en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y puso sobre el tapete datos y conclusiones fundamentales para los rumbos de la seguridad pública en el país.

Su tesis de doctorado, “Causas y consecuencias del crimen en Brasil”, ¿es posible medir la criminalidad, a pesar de tantas variables y subjetividades involucradas?

Sin duda, es posible. Existe un área de estudio de la economía del crimen en que el objetivo es exactamente desarrollar métodos para lograr identificar y estimar estos efectos causales que están por detrás de la criminalidad y ver cuál es el impacto de cada uno de los  determinantes del crimen para hacerlo aumentar o disminuir. Queríamos entender si la evolución de los homicidios en Brasil en los últimos 30 años era un rompecabezas, un enigma, o si se podía explicar racionalmente.

¿Y se puede?

Concluimos al final del trabajo que sí, es decir, el patrón de evolución de los datos permitió explicar dos tercios de la evolución de los homicidios en ese período. Sin embargo, para llegar a esa conclusión, tuvimos que superar obstáculos enormes, intrínsecos a la falta absoluta de indicadores mínimamente confiables para hacer este tipo de análisis. Quedé pasmado. No encontré, por ejemplo, ningún estudio publicado que ofreciera una serie sobre el número de efectivos policiales en Brasil desde 1981. Nadie sabe cuántas personas fueron presas, cuál es la prevalencia de drogas ilícitas, de bebidas alcohólicas, de armas de fuego en las ciudades. Las cosas más triviales y básicas que serían fundamentales para desarrollar cualquier análisis de ese tipo, no existen. Todo el análisis que había estaba basado simplemente en evaluaciones cualitativas y espaciales. Entonces, nuestro primer esfuerzo fue juntar esta serie de indicadores fundamentales y ver si, de acuerdo con ellos y con lo que se conoce en la Academia y en artículos publicados internacionalmente, era posible explicar el crimen en Brasil y qué motivó el aumento de los homicidios y más recientemente, su disminución.

¿Qué factores explican tantos homicidios en Brasil; un millón en 30 años?

Tomamos siete factores de mayor consenso en la literatura de la etiología criminal: las cuestiones socio-económicas (renta y desigualdad), factores demográficos (proporción de hombres jóvenes en la población), indicadores de la justicia criminal (tasa de encarcelamiento) y la tasa de efectivos policiales. Además, tuvimos en cuenta factores con gran poder criminogénico: armas de fuego, drogas lícitas y bebidas embriagantes.

El mayor trabajo en esa fase fue poder producir esos indicadores que hasta entonces no existían en Brasil; son realmente inéditos e hicimos esto de 1981 hasta 2007 con todo el país. Con base en ellos y con conocimiento disponible en la Academia, fuimos a ver la importancia de cada uno de estos factores, si cambiaban de década a década y cuál era su dimensión.

¿Cómo es la metodología para medir los factores?

Básicamente, la metodología cuantitativa empleada busca identificar una relación causal entre cada uno de los factores y los crímenes (lo que es muy diferente de una correlación) al aislar todas las demás variables que podrían interceder en esa relación, como las características idiosincrásicas de las ciudades y las variaciones en las condiciones ambientales de las localidades. En particular, existe una medida muy utilizada por los economistas, conocida como “elasticidad”, que procura medir el impacto proporcional en una variable, causado por un cambio proporcional en otra variable. Por ejemplo, si cada una de aquellas variables analizada hubiera variado en 1%, cuánto eso generaría más o menos homicidios. A partir de esas estimativas que ya existían en la literatura y con base en la evolución del patrón de datos, investigamos el grado de importancia de esos factores.

¿A qué conclusión llegaron?

En la década de 1980, el factor más importante que implosionó el aumento de los crímenes fue el socioeconómico. Este período es conocido como “la década perdida”, cuando hubo un aumento enorme de la desigualdad, grandes brechas socioeconómicas y el país paró de crecer. Mirando las condenas y los arrestos de homicidas, vemos a mediados de aquella época una ruptura en el sistema judicial, que falló. La impunidad creció brutalmente. Al inicio de la década de 1980, por cada 100 homicidios cometidos, la policía aprehendía 61 homicidas.

Al final de la década, aprehendía apenas 35, es decir, prácticamente dobló la impunidad. Ya hacia el final de la década, percibimos un gran crecimiento del número de armas de fuego y de las drogas ilícitas. Esa unión entre las dos dinámicas de armas y de drogas es lo que creó las condiciones para el movimiento de aumento del crimen violento que proseguiría durante toda la década de 1990.

¿La década de 1990 también fue perdida?

Lo que se ve en esa década, impulsado por ese paso acelerado de los homicidios, es a la sociedad atónita, queriendo protegerse, comprando armas y contratando servicios de seguridad privada. Tuvimos una explosión de la industria de la seguridad privada y también un aumento de las armas de fuego, mientras el Estado estaba quebrado, fallido. En ese período hubo una reducción de los salarios de los profesionales de la seguridad pública, en relación con los de la seguridad privada, al mismo tiempo en que generalmente la escala de trabajo de la seguridad pública era un esquema de 24 por 72 horas. Eso creó los ingredientes para un equilibrio perverso en ese juego: menos seguridad pública, más seguridad privada y más lucro privado. Y quién estaba en esas dos puntas? El policía, que trabajaba en las dos modalidades. Es claro que hay un conflicto de intereses.

¿Y eso cambió en la última década, ya en el siglo XXI?

En los años 2000, lo que aconteció aparentemente fue una especie de círculo virtuoso de la seguridad. Hubo una transformación en el debate de las políticas públicas, con la participación más decisiva del Estado en los planos federal y municipal. Además, varios indicadores que analizamos mejoraron, como las cuestiones socioeconómicas. La proporción de hombres jóvenes disminuyó en la mayoría de los estados. En la cuestión del arma de fuego, se creó el Estatuto de Desarme en 2003. En relación a la justicia criminal, varios estados invirtieron, y se observó aumento del efectivo policial y de la tasa de detenciones. Entonces, básicamente todos los indicadores confluían hacia una dirección positiva para disminuir homicidios.

¿Y esta confluencia se materializó?

El único indicador que estaba remando contra esa marea positiva era justamente la prevalencia de las drogas ilícitas, que podríamos clasificar inclusive como una epidemia que se presenta y crece sobre todo en estados que hasta entonces no veían esto como un problema mayor. De hecho, de 2001 a 2007 hubo un aumento de 144% en la prevalencia por drogas psicoactivas ilícitas en Brasil.

Antes, el problema de las drogas estaba principalmente en Río, en Sao Paulo y en algunas localidades específicas, como en el polígono de la marihuana, pero después de 2000, los datos revelan un aumento y una dispersión de esos mercados ilícitos para varios estados del Nordeste, Minas Gerais y Distrito Federal. Allí vemos, en esos estados, como aumentan también las armas y los homicidios. De 2001 a 2007, en 11 estados hubo disminución de los homicidios, al paso que en el resto del país hubo aumento, muy influenciado por la violencia sistémica ocasionada por el mercado ilícito de drogas.

¿En su opinión, cuál sería la solución para la cuestión de las drogas?

La solución no existe todavía en Brasil ni en el mundo. No se ha tocado si quiera en la cuestión principal de la política pública relacionada a las drogas, que tiene que ver con disminuir la demanda por drogas y la violencia sistémica resultante del mercado ilícito. De un lado, está la guerra a las drogas capitaneada por Estados Unidos y de otro, la política de reducción de daños, que es una política importante, pero de salud pública. Las dos soluciones no resuelven el problema de la demanda ni de la violencia sistémica ocasionada por la existencia de los mercados ilícitos. Tenemos que imaginar otra salida, que no discutimos en la tesis, y debe ser profundizada en el futuro.

¿Cuál salida sería ésta, legalizar?

Si no logramos combatir la oferta de drogas y si la cuestión de salud pública no resuelve el problema, tal vez tengamos que hablar de legalizar y el Estado tendría que controlar la droga. El impuesto podría ser usado para la prevención. Por lo que conozco, sobre adicción, después de que el joven se ha enviciado, el trastorno es para toda la vida de él y de la familia. Aunque se implementen políticas de salud pública, es difícil revertir ese proceso. Tiene que actuarse antes, para eso es preciso entender qué mecanismos arrastran a los chicos a probar esas drogas y promover la prevención.

En su investigación usted concluye que por cada 1% adicional de armas los homicidios aumentan 2% y que con cada 18 armas aprendidas se salva una vida. ¿Cómo llegó a esos números?

Es un trabajo de identificación causal. Queremos saber el efecto de las armas sobre determinados crímenes. Pero, como no hay una medida del stock de armas de fuego en las ciudades, tuvimos que encontrar una Proxy, o sea, un indicador que esté altamente relacionado con esta variable desconocida.

Internacionalmente, la variable más relevante es la proporción de suicidios cometidos por arma de fuego (PAF). Entonces, recurrimos a las microdatos del Sim, verificamos cuántos suicidios fueron realizados con arma de fuego y creamos nuestro propio indicador, que es la proporción de suicidios por PAF. De ahí viene un problema metodológico enorme: queremos saber el efecto sólo del arma de fuego sobre el crimen. Puede ser que observemos en los datos que cuanto más armas más crímenes, pero no podemos decir que existe una causalidad, es decir, una mera correlación.

El motivo de la causalidad podría ser inverso: por el hecho de que las ciudades sean más violentas, las personas se arman para defenderse. Entonces teníamos que expurgar esa posibilidad y otras, como variables socioeconómicas, la mejoría del trabajo de la policía y cuestiones específicas de las ciudades, por ejemplo, el hecho de ser fronterizas. Todo el trabajo metodológico fue expurgar todas las posibilidades y quedar únicamente con lo el efecto de las armas sobre el crimen.

¿Y cómo hicieron eso?

Hay métodos econométricos y estadísticos cuantitativos. Pero para que el método pueda funcionar, tiene que haber una variación exógena en la medida de armas pretendida. La demanda de armas tendría que cambiar por algún motivo que cayó del cielo, que sería esa variación exógena. Y eso sólo fue posible porque hubo esa variación exógena que fue la ley del Estatuto de Desarme. Ella funcionó como una información preciosa para que pudiéramos identificar exactamente la relación de causalidad entre armas y crímenes.

¿Qué piensa del proyecto del senador José Sarney de realizar un nuevo plebiscito sobre el comercio de armas?

Creo que es como ponerse el zapato antes que las medias. Y corremos el riesgo de perder de nuevo, es que es lo que creo que pasaría. La sociedad votó hace cinco años y más del 60% votó a favor de las armas, entonces creo que en este momento volver a esa discusión, además de irrespetar la opinión de la mayoría, es dividir esfuerzos y perder tiempo . Hay cosas más efectivas, como aplicar correctamente el Estatuto de Desarme y mejorarlo. Si lo hiciéramos, creo que sería un consenso de la sociedad, o efecto en la disminución y en el control de las armas va a ser sustancial.

¿Políticas y campañas de desarme realmente sufren efecto en la reducción de los homicidios?

En este momento, poco. Las personas que querían entregar armas, ya las entregaron en la primera campaña, tanto que en la segunda campaña ya hubo mucho menos entregas. Claro está que es importante hacer las campañas, pero no creo mucho en el efecto de que esas personas se sensibilicen. Quien tenía que ser sensibilizado, ya lo está. Ahora es más importante cerrar esa llave abierta que lleva armas de la legalidad a la ilegalidad.

¿Qué se puede hacer para controlar mejor las armas?

Primero, actuar en la cuestión de las armas aprehendidas por la policía. Sabemos que en Brasil la policía es extremadamente corrupta. Buena parte de esas armas es desviada y vuelve al mercado. Entonces, después de que un perito hace una buena documentación sobre un arma aprehendida, la ranura de la bala, lo que puede servir de prueba para un proceso judicial, el arma debe ser inmediatamente inviabilizada. También tiene que haber más control de las armas de policías y seguridad privada. La persona compra el arma y de repente, se le pierde, o se la roban. Es muy grave que una persona tenga un registro de arma de fuego, ésta tendría que responder criminalmente por su pérdida. En tercer lugar, tenemos que mejorar la ley, tapando esos huecos que quedaron en 2003. Como la inclusión de varias categorías profesionales que pueden tener arma de fuego.

¿Qué categorías no deberían tener permiso de porte de armas?

No veo motivo ninguno para que la Guardia Municipal ande armada. Máximo, el arma debería ser de baja letalidad. Pero el propio estado facultó a las ciudades con más de 500 mil habitantes para dar permiso a los guardias municipales de andar armados. Otra cosa que nadie discute en Brasil es, por qué el Cuerpo de Bomberos es militar y por qué los bomberos usan arma. No puedo encontrar ninguna explicación mínimamente razonable.

¿Qué otras medidas serían eficaces?

La reforma de las policías, una reforma radical para controlar el desvío de conducta. Está claro que no se puede generalizar, pues tenemos policías extremadamente preparados y éticos, pero de un modo general, institucionalmente, las policías en Brasil, en varias unidades federales, son corruptas. Tenemos que hacer una reforma radical, que no pase sólo por fortalecer marginalmente las corregidurías e investigar un desvío de conducta después de que alguien ponga una queja.

Tiene que ser una transformación radical y preactiva. No se requiere ser muy inteligente para saber que en los patios de los batallones de Policía Militar y alrededor de las estaciones de la Policía Civil de muchos estados, se encuentran un montón de Mitsubishi, Hilux, carros carísimos importados que son de los policías. Tenemos que investigar bien porque el policía tiene un poder enorme: él tiene el poder de vida y muerte, entonces él tiene que ser por un lado, bien remunerado y valorizado y por el otro, se necesitan instrumentos más eficaces para poder actuar contra el desvío de la conducta policial.

Traducción: Andrea Domínguez

Más información:

Causas e consequências do crime no Brasil - Tese de doutorado de Daniel Cerqueira apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia da PUC-Rio. (Portugués)