EEUU reabre debate sobre control de armas

Hace tres semanas, un hombre disparó contra una multitud en Tucson, Arizona, causando la muerte a seis personas y heridas a otras 19, entre ellas la diputada Gabrielle Giffords. La acción reabrió el debate sobre el control de armas en Estados Unidos
El hombre que disparó, Jared Loughner, de 22 años, usó una pistola Glock 19 y un cartucho de 33 balas compradas legalmente. Disparó por lo menos 31 veces antes de ser detenido.

En respuesta, la diputada Carolyn McCarthy, de Nueva York, y el senador Frank R. Lautenberg, de Nueva Jersey, propusieron un proyecto de ley para prohibir la producción y comercialización de cartuchos de munición de alta capacidad, como el utilizado por Lougher.

“El único motivo para que alguien tenga 33 proyectiles cargados en una pistola es matar personas de forma rápida. Esos cartuchos de alta capacidad simplemente no deberían estar en el mercado”, dice Lautenberg. La venta libre de estos productos estuvo prohibida mientras se mantuvo vigente entre 1994 y 2004 la Federal Assault Weapons Ban (ley que prohibía la fabricación, exportación y venta de armas automáticas como fusiles y ametralladoras), de 1994, este tipo de cartucho era ilegal. Pero tras su expiración, la ley no fue renovada.

El proyecto de ley presentado por los parlamentarios acabaría con las brechas existentes en las exposiciones de armas e impediría a sospechosos de terrorismo tener acceso a armas de fuego. Actualmente, la verificación de los antecedentes de un posible comprador de un arma de fuego no es prerrequisito para efectuar la compra.

“Este pacote de leyes es correcto, sensato y esperado hace mucho tiempo”, dice Paul Helmke, presidente de la Brady Campaign para prevención a la violencia armada. “Tenemos pocas leyes federales sobre armas en la Constitución y, aún así, ellas tienen brechas que pueden permitir que personas peligrosas adquieran armas de fuego de manera muy fácil”, completó.
Según una investigación realizada por las empresas norteamericanas American Viewpoint y

Momentum Análisis, 81% de las personas que poseen armas de fuego en el país apoyan la verificación de los antecedentes criminales para la compra de armas. Además, 90% de los entrevistados también apoyan el ajuste de fallas en las bases de datos del gobierno creadas para impedir que criminales y personas con disturbios mentales compren armas. La pesquisa entrevistó 1.003 personas en todo el país entre el 11 y 13 de enero pasados.

El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, habló sobre la necesidad de corregir este sistema deficiente de verificación de antecedentes, que acabó permitiendo que Loughner –que ya tenía un histórico de problemas mentales y de consumo exagerado de drogas- comprase su pistola.

El sistema, según él, debería “contener todos los registros de condenaciones, crímenes de violencia doméstica y medidas cautelares, uso y dependencia de drogas y diagnósticos de problemas mentales para impedir que las personas que se encuadran en estas categorías puedan comprar armas”, defendió.

El líder del Congreso, senador Harry Reid, de Nevada, cuyas posiciones en relación a las políticas sobre armas ya le dieron incluso e apoyo de la Nacional Rifle Association, propuso un aumento del tiempo de espera para la compra de armas.

Algunos políticos republicanos también manifestaron su apoyo a la revisión de las políticas sobre armas. El ex vicepresidente Dick Cheney, férreo defensor del derecho al porte de armas, dijo la semana pasada que había llegado el momento de restablecer una regla que limite la capacidad de los cartuchos. Por su parte, el senador Richard Lugar, de Indiana, afirmó que apoyaría el retorno de la Federal Assault Weapons Ban.

Otro miembro del Congreso, el diputado republicano Peter King, de Nueva York, dijo que propondría un proyecto de ley para legalizar el porte de armas próximo a predios del gobierno, inclusive por parte de los congresistas. El límite actual de distancia es de 300 metros.

El día siguiente a este anuncio, King, que es presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara y copresidente de la Fuerza Elite sobre Armas ilegales, dijo que su escritorio recibió más de 500 llamadas, la mayoría de electores que desaprueban la propuesta.

Los defensores de la revisión de las leyes sobre armas critican al presidente Barack Obama, que aún no ha logrado restablecer la Federal Assault Weapons Ban, a pesar de ser una de sus promesas de campaña. La prohibición, que entró en vigor en 2004, impidió la producción y venta de la mayoría de las armas semiautomáticas, conocidas como armas de asalto.

Al ser cuestionado sobre los planes del presidente Obama de reformar la política de armas, tras el episodio del tiroteo de Tucson, el asesor de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibs, dijo que el presidente estaba concentrado en el “proceso de recuperación económica del país”.

A pesar de la reciente atención que el asunto ha recibido, los críticos son escépticos sobre una posible modificación en la política de control de armas en Estados Unidos, por lo menos por ahora. El Pew Center, publicó un informe la semana pasada en el cual declara que las manifestaciones públicas sobre el control de armas no cambiaron desde el tiroteo y que el estado de Arizona detectó, inclusive, un aumento en la compra de armas después del tiroteo.
Arizona ya ostenta la fama de tener leyes armas permisivas en este ámbito.

En abril de 2010, el gobernador Jan Brewer firmó un decreto que permite que adultos mayores de 21 años de edad puedan andar con armas de manera oculta en áreas públicas, aunque no sean los titulares de las mismas. Arizona ya es el tercer estado con este tipo de legislación, además de Alaska y Vermont.

La misma diputada Gabrielle Giffords, hoy en recuperación en un centro de rehabilitación de Tucson, defendía la Second Amendment (Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana, que permite al ciudadano tener y portar armas), postura ventajosa para el partido Demócrata en un distrito de mayoría tradicionalmente republicana. Arizona es también el segundo mayor proveedor de armas para México, después de Texas.

Traducción: Andrea Domínguez