Después de la pacificación, la inversión social

Texto producido por la alianza entre el portal Comunidade Segura y el Fórum Brasileiro de Segurança Pública

ENTREVISTA / Ricardo Henriques

Después de la implantación de las Unidades de Policía Pacificadora – UPPs-  en favelas cariocas antes dominadas por narcotraficantes fuertemente armados, comienza en Río de Janeiro la instauración de las UPPs sociales. El objetivo es llevar el Estado en toda su dimensión a territorios que durante décadas vivieron bajo el poder paralelo del crimen organizado.

Coordinada por la Secretaría del Estado de Asistencia Social y Derechos Humanos, la UPP Social es una articulación de políticas sociales de óranos públicos federales, estatales y municipales con programas de la iniciativa privada y de la sociedad civil organizada, realizada a partir de la escucha cualificada de las demandas de los moradores de estas comunidades.

A dos años de instaurada la primera UPP en Río de Janeiro –más exactamente en la favela Santa Marta- comienza a llegar la “ofensiva social” a las 13 comunidades que ya cuentan con policía permanentemente y de donde los criminales armados han sido desplazados totalmente. Sin embargo, aún faltan por pacificar más de 500 favelas en toda la ciudad.

En esta entrevista para Comunidad Segura y el Foro Brasileño de Seguridad Pública, el secretario de Estado de Asistencia Social y Derechos Humanos de Río de Janeiro, Ricardo Henriques, explica que el eje del programa UPP Social es “hacer que los jóvenes tengan igualdad y semejanza de oportunidades frente a otros jóvenes que no vivieron en territorio de guerra”.

Para Henriques hay una gran expectativa frente a la retirada de las armas y de la pacificación y una enorme disposición para una acción cooperativa y colectiva. “Estamos viendo un proceso de facilitación en que todos los actores se movilizan –el sector público regulando servicios de agua y basura, sumado a la acción de las empresas de energía eléctrica y de televisión por cable así como otras iniciativas espontáneas que están surgiendo y que están involucrando hasta a los propios policías de las UPP”, dice.

Según Henriques, la agenda política brasileña necesita converger para una nueva generación de políticas sociales. “Estamos yendo al encuentro de esa modernidad. Para viabilizarla, el esfuerzo más difícil es el de la coordinación”, afirma.

El cronograma de ocupaciones de favelas para implantar las UPPs prevé un Río pacificado antes de 2014 y usted declaró que cree en la integración entre las favelas y el resto de la ciudad. ¿Qué significa esto en la práctica?

Significa que las dos agendas son absolutamente complementarias. Tuvimos un enorme aprendizaje reciente sobre cómo una política de pacificación precede a una política de ciudadanía y desarrollo social. La planeación de la expansión de las UPPs y de la pacificación es hasta 2014 y nosotros hemos incluido en esta agenda a la UPP Social, que está cada vez más casada con el cronograma de expansión de la política de seguridad. Tenemos expectativas de lograr establecer, en un período de seis años, las bases concretas para integrar a la ciudad y enfrentar ese histórico de ‘ciudad partida’ que tiene Río.

¿Y cómo se consigue eso?

Primero, entendiendo la especificidad del perfil de la violencia en Río de Janeiro, en la que el crimen organizado –tanto de la milicia como del narcotráfico- coordina, comanda y controla territorios. Entonces, el movimiento esencial y primero es la retirada de este control armado, garantizado por la Secretaría de Seguridad.

En la medida en que el control armado duró casi 30 años, existe un enorme déficit de ciudadanía y de derechos civiles y políticos en estos territorios. No se trata solo de un déficit económico y social. En esos territorios controlados por las armas se generó una separación que en muchos sentidos desocupó el campo de la ciudadanía y de los derechos civiles y políticos.

Para esto, procuramos coordinar las agendas de varios sectores de gobierno (municipal, estadual y federal), además de la sociedad civil organizada y del sector privado comprometido con las causas sociales, para distribuir las políticas públicas –incluso las que no son de carácter estatal- frente a una demanda adaptada a las necesidades de cada territorio, ya que estos son bastante heterogéneos,

¿Y cómo se descubren las necesidades de cada lugar?

Es necesario tener una demanda calificada, una fuerte escucha de los moradores para suministrar a los emprendedores y gestores públicos que están en esos territorios. Es fundamental hacer un análisis técnico, tanto cualitativo como cuantitativo, etnográfico y estadístico de esos territorios para entender el perfil de esa demanda. Logrando entender la demanda, promoveremos una coordinación de este proceso.

¿Cuáles son las prioridades de la UPP social?

La UPP social es un esfuerzo de gestión calificada que produce integración y coordinación entre varios actores. Va al encuentro de una modernidad, desde el punto de vista de la gestión pública y promueve un encuentro entre las necesidades de la comunidad y las potencialidades de a acción pública. Este es el proceso de facilitación.
Hay toda una lógica de implantación. Necesitamos poder dar cuenta de la herencia histórica que tiene mucha fragmentación de políticas, sobreposición y agendas sectoriales aisladas que no dialogan entre sí.

El área de Educación no dialoga con el área de Salud que a su vez no conversa con Medio Ambiente y Trabajo. Al promover este encuentro y esta coordinación, se busca enfrentar estos déficit de ciudadanía.

Esto implica agregar al derecho de movilidad, que la pacificación permite, el derecho al intercambio, a la interlocución, a las distintas formas de interacción entra varios actores. La analogía que hemos hecho es que el primero movimiento de la UPP Social es llevar el Estado a aquellos territorios, creando campos de participación, identificación y promoción de liderazgos.

¿Qué esperaba oír la Secretaria qué están diciendo los moradores de estos lugares?

Es muy interesante ver que cuando se abre una ventana de oportunidades al diálogo, se ve un cúmulo enorme de percepciones y expectativas. Tenemos desde el caso de la Ciudad de Dios (zona oeste de Río), donde hay desde 2003 una agenda constituida por un grupo enorme de moradores y emprendedores locales, que elaboran una propuesta de desarrollo para la comunidad, hasta un proceso de participación en el morro de Providencia (centro de Río) que comenzó con 30 personas y en la última reunión ya tenía más de 120 personas.

Ellas tienen una visión sobre el proceso histórico de Providencia, una de las primeras favelas de Río, y una percepción no sólo de la riqueza del territorio, sino también una enorme demanda. Sin embargo, a veces estas demandas son presentadas de forma muy dispersa. Lo que surge del proceso de interlocución de los actores públicos con los locales es justamente una calificación de esta demanda, como un proceso de decantación de capas de demandas que tienen que ver con represamientos históricos y al mismo tiempo, con emergencias. El intercambio califica esta agenda.

El primer movimiento de la UPP Social es la llegada del Estado. ¿Cuál es el segundo?

Dado el control de las armas y la situación extraordinaria de guerra que se veía allí, las reglas también fueron abandonadas. Se vivía bajo el arbitrio (de uno de esos actores) o bajo la anarquía. Los traficantes y los milicianos definían el papel de la justicia.

El segunda paso entonces es definir de forma articulada las reglas de esos campos con la soberanía de poderes públicos, de la Alcaldía y del Estado. Estamos discutiendo reglas que están ausentes en varios territorios que vivieron bajo la guerra. Un ejemplo son las reglas que tienen que ver con el horario de fiestas, bailes funk, encuentros comunales.

No hay modos comunitarios de discusión, hay gran heterogeneidad en estas comunidades. A algunas personas les gusta el funk a otras la música sertaneja (género popular del nordeste de Brasil), a otras el forró (género de música popular). Hay niños y ancianos. ¿Hasta qué hora deben ir las fiestas? ¿El ruido incomoda? ¿Reverbera o no la música de la fiesta? ¿Los parlantes tienen que estar ubicados allí o allá? La idea de un sistema de reglas en torno de las fiestas y el sonido tiene que ser construida colectivamente con parámetros proporcionados por el poder público pero adecuados a las necesidades de esa realidad particular.

¿Cómo se da la llegada de los servicios públicos a esas comunidades?

La discusión de este sistema de reglas se vuelve muy productiva en lo que se refiere a la provisión de servicios básicos (luz, gas, televisión por cable). Estamos coordinando con la Alcaldía y con el gobierno estadual y el sector privado, una racionalidad en la forma de operar cada servicio.

La regularización de la luz, por ejemplo, es un trabajo en colaboración con la empresa Light (de energía eléctrica) que ya se estableció en la favela Santa Marta, y que está llegando ahora a la favela Providencia, con una estrategia de expansión grande. Se instala un reloj de luz y se hace, junto con las secretarias de la Alcaldía y del Estado, una campaña de educación por el consumo responsable, con la transición para la línea blanca, cambiando los electrodomésticos que consumen más energía.

Lo mismo ocurre con la basura: se regula la recolección de basuras y se definen modos de utilización de la basura. En Providencia surgió lo obvio: no había canecas de basura en la comunidad. Sólo había un basurero, en la base del morro. Quien subía y bajaba con un papel o un palito de paleta no tenía donde arrojarlo. En la primera reunión con la comunidad se concluyó que eran necesarias 20 canecas. En 15 días, fueron instaladas y la recolección de basuras fue regularizada.

¿Y la televisión por suscripción? ¿Cómo sustituir el ‘gatonet’ (piratería) proveído por el poder paralelo?

Sky hizo un programa específico para las UPPs de Río. La empresa ofreció un paquete de 90 y 100 canales, con lo que es fundamental –como la garantía de asistencia técnica y el compromiso de respuesta en tiempo estándar- por un precio $25 reales más barato (aproximadamente 15 dólares) que el menor precio que la empresa cobra en Río de Janeiro. Y asumió el compromiso de que cualquiera que sea el precio popular, el precio para las UPP será menor. Es decir, esto no es una agenda de responsabilidad social de la empresa, es una agenda de corebusiness, buscando su rentabilidad junto a los segmentos C, D y E (estratos sociales menos favorecidos) dentro de las favelas, pero teniendo la oportunidad del momento, o sea, las UPP Sociales.

¿Ha sido fácil conseguir apoyo de la iniciativa privada?

El diálogo ha producido muchas expectativas y algunos resultados concretos. Hay dos frentes: discusión de responsabilidad social empresarial y de los negocios propiamente dichos. Desde el punto de vista de los negocios, el icono tal vez haya sido la decisión soberana, unilateral, pero cooperativa, de Sky de hacer un servicio de calidad con precio más bajo.

¿Qué se está haciendo en el área de calificación profesional?

Estamos construyendo un “matrimonio” con entidades como Firjan (Federación de Industrias de Río de Janeiro) y el Sistema S –formado por el Servicio Social de la Industria y el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial- para habilitar cursos de alto valor agregado. Ya conseguimos 500 cupos gratuitos para habitantes de UPPs en las áreas de diseño de páginas web, diseño y mecánica. Estos cursos necesitan de un laboratorio de equipos instalados, entonces normalmente no funcionan en los territorios de las UPPs.

Hicimos también una articulación con la Fetranspor para que los alumnos y alumnas de estos cursos puedan tener el tiquete único electrónico (para usar todos los medios de transporte público). Hay cursos del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial que pueden ser llevados a las UPPs, como el de peluquería, informática y el curso para meseros. Para estos ya hay aproximadamente 120 cupos.

¿Cómo conciliar los cursos y la empleabilidad?

Son procesos diferentes. No abrimos cupos formales de trabajo local. La misión de la UPP social es producir una economía más formal para que la cosa se vuelva más dinámica. Esta coordinación para viabilizar la empleabilidad es de hecho muy difícil por la precariedad de las condiciones educacionales del espacio urbano brasileño como un todo y, en particular, en los territorios que estaban dominados, lo que hace que el desfase de esta juventud con baja escolaridad sea enorme.

Sus condiciones de calificación profesional y empleabilidad son mucho más frágiles que las de la juventud escolarizada. Es necesario acelerar el proceso de reducción de esta desigualdad para hacer este proceso articulado. No sirve de nada un delirio de empleabiliad sin que sean producidas las condiciones adecuadas de capacitación para el mercado de trabajo.

El discurso fácil “consiga puestos que estos serán ocupados” es un discurso de atraso, sin adherencia a los desafíos reales de la sociedad: ¿cómo aumentar la escolaridad de los jóvenes? ¿cómo crear condiciones adecuadas de calificación profesional y en poco tiempo? Es preciso tener acciones afirmativas para aumentar las oportunidades de esta juventud para que entre más rápido en el mercado de trabajo.

¿Pero existe algún programa que prevea que los jóvenes que están siendo formados en alguno de estos cursos del Sistema S sean recomendados para ocupar empleos?

Eso nunca podrá ser un programa en sí, es una visión antigua, hiper-estatista del proceso y no funciona; sofoca. Para producir oxígeno es necesario hacer que todos los actores se muevan. La cuestión clave es saber cómo las empresas dispuestas a tener una acción sólida en estos territorios disponibilizan puestos –y no por generosidad- pues los puestos necesitan ser atendidos con determinadas calificación.

¿Puede explicar?

En la medida en que las empresas disponibilizan puestos, vamos cualificando gente de acuerdo con esas exigencias. En el mercado, son generalmente diez u ocho candidatos por cupo y es la empresa quien los selecciona. Lo que necesitamos hacer es producir este campo de encuentro. Es preciso sensibilizar el sector privado a que abra puestos y a que se disponga a recibir a estos chicos. Por otro lado, estimular a quienes ofrecen los cursos para estos cursos de manera gratuita para estos jóvenes.

El Estado sólo puede responsabilizarse por el encuentro, pero no por el ‘matrimonio’, esto es una falsa discusión sobre empleabilidad, por eso muchos programas no funcionan. Lo que el poder público puede hacer es aumentar la probabilidad de una buena calificación de estos jóvenes y la disponibilidad de puestos ofrecidos a jóvenes con este perfil.

¿La policía también participa en acciones sociales?

Hay varias experiencias exitosas de policías que toman la iniciativa, como el curso de karate en Providencia. Este incluye a cerca de 60 jóvenes que disputan campeonatos por todo Brasil y que ya han ganado medallas. En Ciudad de Dios, los jóvenes policías -soldados y cabos- se aliaron a los militantes de la Central Única de Favelas, Cufa, para hacer un programa llamado “Mano en la cabeza”. En él, los jóvenes de Cufa enseñan a los policías a hacer grafitis, bailar break dance y técnicas de video. Ya se están realizando guiones para hacer películas y documentales sobre las UPPs junto con los habitantes de Ciudad de Dios. Hay una idea de que los muros de las UPPs sean grafiteados. Hay mucha cooperación.

¿Y dónde entran las ONGs?

Hay ONGs que prestan servicios de altísima calidad y otras que deben mejorar. Pero sobre todo hay una enorme descoordinación. Una comunidad como Santa Marta tiene más de 40 ONGs actuando, y el número amentó después de la implantación de la UPP. Es una cantidad excesiva frente al tamaño de la población de esa favela. En cambio en Batam no existe sociedad civil de dentro o de fuera, prestando servicios sociales. Estamos discutiendo con las ONGs la posibilidad de que direcciones su trabajo para otras áreas, ya que ahora garantizamos la paz, porque la guerra era la gran limitación.

¿La UPP social prevé la mediación de conflictos en las comunidades?

La llegada del Estado y de las leyes del Estado implica la institucionalidad de la mediación de conflictos como un servicio regular, pero aún no hay ningún programa concreto en práctica de mediación de conflictos. Existe la idea de que en la gestión central haya algunas personas dedicadas a coordinar esa mediación de conflictos. La previsión es que la formación de coordinador social del equipo de cada UPP Social se dé de modo articulado y queremos un efecto de desbordamiento para la Policía Militar, formando también el capitán y el teniente en técnicas de mediación de conflictos.

¿Cómo está el proceso de formalización de los comercios locales?

El programa Empresa Bacana formalizó, en un final de semana, 237 negocios en Ciudad de Dios. Hoy, con la continuación  ya son más de 400. El Borel el primer fin de semana se formalizó 139 negocios. La informalidad es una de las causas de la precariedad social y económica de las favelas. Tiene que haber reglas de transición para la formalización de los negocios.

En las comunidades que cuentan con obras del PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) hubo un censo especial que descubrió que en el Complejo de Alemán (el mayor complejo de favelas de Río) 90% de las casi  siete mil actividades económicas que se desarrollan en el área son informales.

¿Cómo va la regularización de los inmuebles?

Hicimos 400 regularizaciones en Cantagalo (favela contigua a Ipanema). Es súper engorroso, tenemos que identificar cuales son y cuáles no son tierras públicas, si es el caso de ocupación –e inesperado frente a esta cultura de separación de estos territorios frente al resto de la ciudad. La regularización de terrenos será un enorme avanzo para la ciudad y es responsabilidad de la Alcaldía a través de la Secretaria Municipal de Urbanismo, la Secretaria Especial de Obras Pública y Secretaria Municipal de Habitación.

¿La UPP Social es una política de Estado o de Gobierno?

Es una política de Estado. Política de Estado no es una cosa que se define por ley. Se define por competencia y por la capacidad de enraizamiento de determinada práctica dentro de la sociedad. Si hay alguna cosa después del Bolsa Familia (programa de asistencia económica a familias más pobres) que es política de Estado hoy, son las UPPs. No hay ningún actor relevante en el escenario de la política pública de Río de Janeiro que siquiera piense en no tener una UPP.

Fotos: Delfim Vieira (Oficina de rrensa/SEASDH-RJ)

Traducción: Andrea Domínguez