Del papel a la prática

Mayor centralización de los datos sobre armas de fuego, menos armas en circulación, más armas aprehendidas, disminución en 90% de la venta de armas a civiles, caída drástica en la emisión de porte de armas a civiles y, lo más importante, más de cinco mil vidas salvadas en menos de tres años. Estas han sido algunas de las conquistas del Estatuto de Desarme, la ley brasileña de control de armas que entró en vigencia en diciembre de 2003.

Los logros y fallas en la implementación de esta ley fueron recogidos en el informe “Implementación del Estatuto de Desarme: del papel a la práctica”, realizado por el instituto Sou da Paz, en alianza con la Rede Desarma Brasil y financiado por la Fundación Ford.

El objetivo de la investigación fue mapear en todo el país cómo están siendo aplicados los artículos del Estatuto. “Los avances fueron significativos, pero no podemos olvidar que todavía mueren cerca de 37 mil personas al año en Brasil por culpa de las armas de fuego”, recordó Denis Mizne, director ejecutivo del Instituto Soy de la Paz.

Los resultados de la investigación fueron anunciados en presentación realizada el día 29 de abril en la Cámara Federal y contó con la presencia de representantes de la Red Desarma Brasil en varios estados, el equipo del Instituto Soy de la Paz, de São Paulo y varios congresistas y representantes del Ministerio de Justicia, la Policía Federal y el Ejército Brasileño.

En 2003, según Datasus, el banco de datos del Sistema Único de Salud, cerca de 40 mil brasileños murieron víctimas de armas de fuego. Pero ese cuadro parece estar cambiando. Después de la entrada en vigencia del Estatuto de Desarme en 2003, los homicidios por arma de fuego comenzaron a caer y hoy continúa una curva descendente.
Para tener una idea, ese año la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en el país era de 28,9. En 2007, último dato disponible en el SUS, esta tasa había caído a 25.2 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un descenso de 8%.

Heather Sutton, coordinadora del área de control de armas del Instituto Soy de la Paz concuerda en que los avances son innegables pero alerta que el problema todavía es grave. “Brasil es el sexto mayor productor de armas de fuego en el mundo. En ninguna otra nación mueren más personas víctimas de armas que en Brasil. Nuestro país tiene el 2,8% de la población global pero es responsable por el 13% de las muertes por violencia armada en el mundo”, explica.

Durante dos años fueron realizadas entrevistas, aplicados cuestionarios y levantados datos sobre implementación del Estatuto en diez estados brasileños. Fueron consultados órganos estaduales y federales responsables del control de armas, como la Policía Federal, el Ejército Brasilero y el Ministerio de Justicia. También se entrevistó a policías civiles y militares, guardias civiles metropolitanos y funcionarios de secretarías de Seguridad Pública. Los estados investigados fueron São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Río Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará, Pernambuco, Pará y Distrito Federal.

Según Mizne (foto), el levantamiento de datos permitió la elaboración de un mapa para verificar cómo y dónde se estaba haciendo el control de armas en el país. Y la conclusión fue que, a pesar de los importantes avances obtenidos en ocho años, hay problemas en su implementación y medidas que no salieron del papel.

Una de las más graves es la falta de integración de las bases de datos sobre armas de fuego de la Policía Federal –Sinarm- y del Ejército Brasileño –Sigma-. Esta falencia impide el conocimiento sobre el número real de armas en el país. A esto se suma la falta de acceso que tiene la Policía Federal a los otros sistemas del Ejército (Cicof, sistema de control sobre la fabricación de armas, y Cicovem, que controla los depósitos).
“La ley establecía el plazo de un año a partir de su reglamentación, para la integración de los sistemas.

Conversaciones con los cuerpos policiales del país y ellos nos muestran que esta deficiencia dificulta el trabajo de investigación ya que burocratiza el acceso a loa datos sobre armas de Sigma, lo que no es compatible con la tarea de combatir el crimen”, dice Mizne.

Según el delegado de la Policía Federal, Marcus Vinícius Dantas (foto abajo), ya está siendo desarrollado un nuevo sistema para ser integrado a Sigma, permitiendo la total implementación de la Ley. “Sinarm es un sistema antiguo, fue creado en la década de los años 80 y ahora será transformado en un sistema amigable para los servidores”, explica Dantas, responsable del Sinarm/Darm.

Otro asunto importante señalado por la investigación es la participación de los coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores en el total de armas en manos de civiles. De acuerdo con los datos revelados, ese grupo tiene un arsenal de 155 mil armas. Entre todas las policías militares de Brasil se suman 376  mil armas, poco más del doble del número de armas en poder de los coleccionistas.

Según información del mismo Ejército, algunos coleccionistas de armas tienen permiso para tener inclusive armas automáticas. “Esas armas son objeto de deseo de grupos criminales y nos parece que el nivel de control sobre ellas no es lo suficientemente rígido”, afirma Mizne.

Como recomendación a esta falla en el Estatuto, él propone la retirada del dispositivo de disparo de las armas de los coleccionistas y tiradores deportivos. “Esto va a traer seguridad para los mismos coleccionistas”, garantiza. La diputada y exdelegada de la Policía Civil de Río de Janeiro, Marina Maggessi, concuerda y va inclusive más allá. “Vamos a retirar los dispositivos de las armas de coleccionistas y dar armas no letales a los policías. Esta práctica es buena no sólo para la víctima sino también para el criminal y para el mismo policía militar que puede ver su carrera interrumpida por matar a alguien en servicio”, afirma Maggessi.

La falta de creación de un banco de datos balístico también fue apuntada en la investigación como falla en la implementación del Estatuto. Este banco de datos debería contener una especie de impresión digital que cada arma de fuego crea en los proyectiles al ser disparada. El caño de toda arma contiene las llamadas “líneas”, surcos en relieve que dejan marcas en la bala cuando esta es disparada. El banco de datos sería así una herramienta últi para la investigación de crímenes cuando el cartucho encontrado podría llevar al arma del crimen y a su origen.

El delegado Marcos Vinicius Dantas explica que esta es una práctica costosa y que no generaría tantos beneficios legales. “La gran deficiencia de este método es la ineficiencia de poder condena alguien con base en el microestriamiento. Por tanto, corremos el riesgo de invertir muchos recursos para no tener un sistema de control tan eficiente”, explica Dantas.

Otro de los inconvenientes subrayados por la investigación se refiere al control de armas de las empresas de seguridad privada. Existe hoy 1.8 millones de vigilantes registrados en la Policía Federal, y 352 mil tienen porte de armas. También de acuerdo con la Policía Federal, las 3.181 empresas de seguridad privada registradas en Brasil tienen en su poder 223 mil armas de fuego.

En São Paulo las empresas tienen 69 mil armas en su poder y reportan el robo de 21 mil armas, o sea 20% de su arsenal pasó a manos del crimen organizado. La Comisión parlamentaria investigadora de Tráfico de Armas de la Cámara Federal, que función en 2005 y 2006, reveló que 17% de las armas aprehendidas a criminales tenían su origen en una empresa de seguridad probada.

El coordinador general de Control de Seguridad Privada de la Policía Federal, delegado Adelar Anderli (foto), afirma que “la actividad de seguridad privada es complementaria a la seguridad publica y no sustitutiva de esta y no debe trabajar en el vacío de la seguridad publica por culpa de la ineficiencia de la policía”. Anderli cuenta que  se desarrollo un sistema nuevo para gestionar la información sobre este segmento.

“El Gesp, Gestión Electrónica de Seguridad Privada, es el único camino para que las empresas se registren. Y está integrado al Sinarm. Por lo tanto, toda arma que concedemos a una empresa privada está directamente registrada en el Sinarm. De esta forma, no hay forma de que la empresa oculte información sobre sus armas”, explica.

Entre las recomendaciones hechas después de la investigación, el Instituto Soy de la Paz destaca la prevalencia de la Policía Federal sobre el control de armas en Brasil. “La división igualitaria de poder entre Policía Federal y Ejército perjudica el control de armas. Las armas de fuego curtas en Brasil son una cuestión de seguridad pública y no redefensa nacional”, explica Denis Mizne.

Otras recomendaciones son: creación de un Gabinete de Gestión Integrada-Armas para estimular el diálogo y la interacción entre los diversos órganos públicos que lidian con el control de armas en los niveles federal, estadual y municipal; permitir la alimentación directa del Sinarm por las policías Civil y Militar; intensificar el control sobre las empresas de seguridad privada y crear reglas claras de control físico de los arsenales que deben ser implementadas por todos los órganos de control.

Una comisión parlamentaria fue formada para entregar los resultados de la investigación a los ministerios de Justicia y Defensa y trabajar en el Congreso Nacional para impedir la aprobación de proyectos de ley que desfiguren el Estatuto de Desarme. “Queremos mostrar que la ley funciona si es bien aplicada. No podemos dejar que ocurra con el Estatuto lo que ocurrió con tantas otras leyes que nunca salieron del papel”, concluye Mizne.

Resumen ejecutivo de la investigación (Portugués)

Investigación completa (Portugués)

Estatuto do Desarmamento (Portugués)

Más información:

Dossiê sobre a CPI do Tráfico de Armas

Dossiê sobre controle de armas no Brasil