¿Cara o cruz? Desmitificando los mitos sociales

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Uno de los grandes retos de la agenda política en América Latina es la Reforma del Sector de Seguridad. Las jóvenes democracias latinoamericanas deben hacer frente, por un lado, a un pasado marcado por las dictaduras y los conflictos que provocaron una gran desconfianza en la sociedad civil sobre el papel de la policía y el Estado en cuestiones de seguridad y, por otro lado, al contexto actual que señala a América Latina como la región más violenta del mundo.

Una primera radiografía de esta violencia nos muestra unas cifras alarmantes ya que el 42% de los homicidios de todo el mundo se concentran en la región, y el coste económico que esta violencia genera a los países latinoamericanos se estima en un 14% de su PIB anual, según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo. La violencia con y entre jóvenes es una de las formas de violencia más visibles y que más impacto genera socialmente. Cuando hablamos de estos jóvenes, nos referimos mayoritariamente a hombres entre 15 y 24 años, marginados socialmente y con historias de vida complejas.

Los medios de comunicación han jugado un papel decisivo en la criminalización de la juventud, destacando actos de violencia protagonizados por jóvenes. Esta presencia mediática, que fácilmente se convierte en presión social y que genera la necesidad de dar respuestas rápidas a problemas complejos, ha llevado en muchos casos a tener a los jóvenes en el punto de mira de las reacciones gubernamentales. Sin embargo, y a efectos prácticos, estas reacciones se han plasmado en medidas como la reducción de la edad penal, políticas de mano dura y de tolerancia cero que en la mayoría de los casos, lejos de plantear una solución seria y firme al problema, han contribuido a agravar la situación.

Es este marco regional en el que debemos plantearnos el que sin duda es uno de los principales retos que deben ser abordados en todo proceso de reforma del sector de seguridad, la relación entre la policía y los jóvenes, y las percepciones sociales de estos colectivos que hemos ido construyendo socialmente.

Primeras ideas para el abordaje de la relación entre jóvenes y policía

Toda (buena) política que quiera realmente ahondar hacia un cambio en la situación de inseguridad y violencia debe, desde el inicio, abordar un análisis integral del qué, por qué, quién, cuándo y cómo.

Si nos referimos a un ítem acotado de esta compleja situación, como puede ser la cuestión de la juventud varias reflexiones pueden ser formuladas. En primer lugar, es necesario diferenciar entre infancia (menores de 18 años) y juventud (menores de 24 años). Además de diferencias legales (la infancia está protegida por una serie de herramientas nacionales e internacionales), también hay diferencias substanciales en cuanto a la vinculación con el crimen. Si bien es cierto que los jóvenes –especialmente los varones- son el principal grupo de riesgo de ser víctima de la violencia, y al mismo tiempo, es el principal grupo de edad en el que se encuentran los agresores 1, esto no es igual cuando se habla de la infancia. A diferencia de los jóvenes, los niños son esencialmente víctimas y pocas veces victimarios 2. Haciendo uso de las estadísticas de incidencia policial, la presencia de agresores menores de 18 años en los países de América Latina es más bien marginal (ronda el 4% de los detenidos 3), sin embargo, es el grupo de población que sufre de manera más directa las medidas punitivas como la rebaja de la edad penal o las políticas de mano dura. Medidas que por un lado, están basadas en la anécdota y en lo excepcional, lo que atenta contra la idea de justicia, y además no sirven para paliar el problema (puesto que la incidencia de este grupo de población es baja).

A escala internacional existen tres instrumentos de Naciones Unidas que establecen un primer marco que puede ser de ayuda para definir la relación entre policía y jóvenes. Estos documentos son: la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la doctrina de su protección integral, tanto legal como social, y dos documentos no vinculantes que tratan sobre la delincuencia juvenil. Por un lado, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia (Reglas de Beijing) que señalan el importante papel que una política social puede desempeñar en la prevención del delito y la delincuencia juvenil, y la necesidad de que los agentes de policía que trabajen con niños y jóvenes deban recibir una capacitación especial y constituyan contingentes especiales de la policía con esa finalidad (regla 12.1). Por su parte, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) fueron creadas para prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, también reafirma la necesidad de capacitación del personal que hace cumplir la ley y que pueda atender las necesidades especiales de los jóvenes (artículo 58) 4.

Cara

América Latina cuenta con buenos ejemplos de cómo diversos cuerpos de policía han aprendido a lidiar con la violencia juvenil de un modo constructivo y eficaz. La mayoría de todas estas experiencias tienen como base de su trabajo un paradigma de policía comunitaria.

La tarea policial con participación de la comunidad se ha convertido en una estrategia importante de aplicación de la ley para combatir la violencia juvenil y otros problemas delictivos en diversas partes del mundo. Puede adoptar muchas formas, pero sus ingredientes esenciales son la creación de asociaciones comunitarias y la gestión de los problemas de la comunidad. Por ejemplo, en algunos programas la policía colabora con profesionales de la salud mental para identificar y referir a los servicios pertinentes a los jóvenes que han presenciado, experimentado o cometido actos de violencia. Este tipo de programas se basa en el hecho de que los miembros de la policía están en contacto diario con jóvenes víctimas o autores de hechos de violencia. Esto les proporciona un adiestramiento especial y los vincula —en una etapa inicial del desarrollo de los jóvenes— con los profesionales de la salud mental apropiados. Todavía no se ha determinado la eficacia de este tipo de programas, pero parecen dar un enfoque útil. Algunas experiencias de esta lógica son los casos de Rio de Janeiro (Brasil) o de Nicaragua comentados a continuación:

El Grupo de Policiamiento en Áreas Especiales (GPae) de Río de Janeiro se creó en 2000 como un cuerpo especial dentro de la Policía Militar, que establecía un modelo policial basado en los siguientes propósitos: a) Ser más pro-activo que reactivo, b) Fomentar y testar un policiamiento comunitario en Río de Janeiro y c) Crear  órganos mixtos de representación y mediación permanente, como el Consejo Comunitario sobre Seguridad y Ciudadanía. Los principales objetivos de la GPae eran promover el policiamiento público regular en las favelas o áreas críticas a través de la prevención del crimen, centrándose en la reducción de los factores de riesgo para los niños y los jóvenes; la reducción del miedo, a través de un esfuerzo constante de interacción de la fuerza policial; represión del trafico de drogas a través del fortalecimiento legal; y la prevención y represión de las actividades ilegales de la policía (falta de disciplina, convivencia con la criminalidad, corrupción, abuso de poder, etc.) 5.

El Departamento de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional de Nicaragua está coordinado por la Policía Nacional. Este programa está considerado como uno de los más exitosos del continente en la prevención y reducción de la violencia relacionada con pandillas. El programa consiste en trabajar el fenómeno de las pandillas desde las relaciones comunitarias y la gestión interinstitucional. Más de 1.000 policías trabajan en esta área realizando un trabajo preventivo con las familias, la comunidad y la escuela. La policía, con un carácter pro-activo, trabaja para la inserción social de los jóvenes de riesgo, habiendo logrado una transformación de estos jóvenes pandilleros en agentes sociales y comunitarios 6.

Cruz

El caso más evidente de medidas polémicas y cuestionadas en su intento de reducir la violencia juvenil puede encontrarse en las políticas de mano dura en Centroamérica. Estas medidas, lejos de haber reducido los niveles de incidencia violenta de las pandillas juveniles, han contribuido más bien a su evolución y sofisticación. Dado que a nivel operativo estas medidas consistían en el arresto de aquellos individuos sospechosos de pertenecer a una mara (bajo criterios básicamente estéticos, por llevar ciertos tatuajes o cierta indumentaria), las direcciones de estas organizaciones han establecido que sus nuevos miembros abandonen estas prácticas haciendo su identificación más difícil. Los códigos internos se han endurecido cerrando las puertas de salida que anteriormente existían, acabando con los procesos de diálogo y mediación que antes se daban con algunos líderes comunitarios y religiosos, y adquiriendo unas tácticas de enfrentamiento menos expuestas, más sofisticadas y con mayor poder de fuego. La relación con el gran crimen organizado (sobre todo tráfico de drogas y de armas) también ha crecido como respuesta a estas medidas, si bien no todas las clickas (unidades operativas de las maras) mantienen relación con el crimen organizado 7.

Un largo camino a seguir

En todo caso, las respuestas que clásicamente se han dado a la delincuencia juvenil, han tenido escasos resultados positivos. La represión, sólo actuando sobre los efectos y las expresiones más visibles del problema, sin ahondar en las causas profundas que los generan ha tendido a simplificar.

Un problema complejo y, por lo tanto, difícil de abordar.

El tradicional concepto de seguridad ha sido redefinido con el objetivo de incluir no sólo la estabilidad y la no-agresión a los Estados (teoría predominante hasta los años 90) sino también la seguridad y el bienestar de las personas. Ello implica un reconocimiento de la vinculación entre seguridad, desarrollo y gobernabilidad, donde no se puede dar ningún concepto de los anteriores aisladamente sin el conjunto de los otros 8. Ejecutada con eficacia y bajo una práctica de transparencia y de rendición de cuentas pública, el sector de seguridad contribuye a la reducción de la violencia y por lo tanto a una mejor gobernabilidad y un próspero desarrollo.

Pero las personas que trabajan en temas relacionados con la seguridad, en ocasiones olvidan que para toda respuesta es necesaria una reflexión pausada. Es necesario ir hacia lo mejor y no hacia lo más fácil. Esto es extensible tanto a los políticos, a los cuerpos de seguridad, a las ONG, así como a los creadores de opinión. Desmitificar que la juventud es sinónimo de violencia y que toda la policía es corrupta es una tarea que todos tenemos por delante, no podemos generalizar ni criminalizar a todo un colectivo por la acción de personas individuales. El desafío de la policía en América Latina es recuperar el foco de su trabajo, servir y proteger, recuperando los valores en los que se basa la fundación de las policías modernas. El camino es largo y con numerosos retos, pero no imposible.

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1 Reza A, Krug E.G. y Mercy J.A.: Epidemiology of violent deaths in the world. Injury Prevention, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2001.
2 Estudio del Secretario General de la ONU sobre Violencia Contra los Niños, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/61/229 de 29 de agosto de 2006.
3 Observatorio sobre Jóvenes en Violencia Armada Organizada, Save the Children-Suecia (en proceso de edición).
4 Para acceder a estos documentos, véase:
5 Bourgois, Josephine: Police Violence in Rio de Janeiro, Brazil: an experience of community policing and human rights educatation for the police in a favela, New York University, 2001.
6 Ulloa, Luis Felipe: Diagnóstico de las pandillas juveniles o marimbas de Estilí, Estudio propiciado por la Policía de Estelí y Adesoz “Las Segovias” Agosto 2003. Para ampliar información sobre esta buena práctica y sobre cual es la estrategia policial en Centroamérica, véase:
7 Sobaja, Harold: Central America and Mexico Gang Assessment, USAid, 2006.
8 La fuente original de esta teoría es el Informe de Desarrollo Humano del PNUD del año 1994. La OCDE acaba de lanzar un manual sobre Reforma del Sector de Seguridad donde se recoge la evolución de toda esta concepción.