Latinoamérica lista para liderar

El tema central fueron las políticas de drogas, pero lo que estuvo sobre la mesa de debates durante la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas fue mucho más que eso: un ejercicio de democracia, autodeterminación y liderazgo de la región.

Realizado en Río de Janeiro, el encuentro es el único evento regional de su tipo en todo el planeta. Es decir, ni los países asiáticos, ni los europeos, ni los norteamericanos y mucho menos los africanos se reúnen entre sí para cuestionar los resultados de la “guerra a las drogas” y proponer alternativas más eficaces y respetuosas de los derechos humanos que la impuesta hace 40 años por el presidente estadounidense Richard Nixon.

Lo que estuvo en discusión en el histórico predio de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro fue entonces mucho más que la suma de los paneles sobre legislación de drogas en la región, tratamientos médicos para usuarios o consecuencias del combate al narcotráfico.

Como dijo el Secretario Nacional de Justicia de Brasil, Pedro Abramovay, discutir la actual política de drogas es una cuestión de democracia. “Lo contrario al debate informado es dejarse llevar por el miedo y los prejuicios”. El alto funcionario agregó que América Latina se ha liberado de la mentalidad colonizada y que a través de su desarrollo económico y de la implementación de políticas sociales se ha demostrado a sí misma que puede ser modelo, proponer y liderar.

Brasil, dijo Abramovay (foto), ejerce un rol fundamental. “Tenemos una frontera seca de 15 mil kilómetros y una frontera marítima de 8 mil kilómetros. Es imposible pensar en una política que ignore la relación con los vecinos; no podemos construir un muro que aísle a los países. La idea es construir puentes, cooperación para el desarrollo, soluciones duraderas que respecten los derechos humanos”, expresó.

Ethan Nadelmann, director de Drug Policy Alliance y uno de los más vigorosos activistas mundiales a favor de un cambio en la política de drogas, animó a los participantes, en su gran mayoría brasileños y visitantes de otros países latinoamericanos, a ejercer ese liderazgo.

“Muchos creen que las cosas no van a cambiar si Estados Unidos no cambia primero. Honestamente les digo: no esperen que ese cambio venga de allá. América Latina puede liderar ese cambio”. Aunque reconoció que Obama ha mostrado apertura frente al tema, advirtió que no se puede esperar que una política prohibicionista que se ha enraizado a lo largo de 100 años en Estados Unidos sea modificada con la rapidez que la región necesita.

En otras palabras, políticas que lidian directamente con los efectos negativos de la guerra a las drogas, como el crimen organizado, la violencia en las ciudades, la sobrepoblación carcelaria, la desproporcionalidad en las penas para ‘mulas’ y pequeños traficantes, entre otros, ciertamente no llegarán del norte. 

Tampoco será fácil ni inocuo políticamente proponer alternativas osadas, como aconteció hace dos semanas con el presidente Felipe Calderón quien aceptó públicamente la posibilidad de conversar sobre los pro y los contra de una eventual legalización de la marihuana en México.

Sin embargo, algunos hechos que empiezan a pesar en la sociedad norteamericana pueden soplar a favor del cambio. Nadelmann recordó que Estados Unidos tiene menos del 5% de la población mundial y el 20% de la población carcelaria del mundo y que algunos estados de esa nación están en déficit, dos cuestiones que están forzando a los líderes estadounidenses a pensar en la reforma de drogas.

De sur a norte

Es en esas brechas en las que el liderazgo regional puede tomar impulso. Para Nadelmann, no hay ninguna otra iniciativa política que haya tenido más impacto que la de los expresidentes latinoamericanos reunidos en la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia.

“Desde que empezó la prohibición, la declaración de Fernando Henrique Cardoso, Cesar Gaviria y Ernesto Zedillo se constituyó en la primera ocasión en que líderes políticos de esa importancia levantaron abiertamente cuestiones como descriminalizar la marihuana, aplicar la reducción de daños a usuarios de drogas y discutir una política de drogas más humana”, dijo Nadelmann (foto).

Y uno de los espacios a nivel gubernamental que podrían servir para avanzar de manera regional es UNASUR, como lo señaló la fiscal argentina, Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estuipefacientes, de la Delincuencia organizada Transnacional y de la Corrupción. “Debemos aprovechar UNASUR como una ventana para encontrar consensos sobre cómo avanzar en políticas de drogas desde la defensa de los derechos humanos y ver en este foro mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, señaló.

No sólo en el ámbito político se han dado avances significativos en América Latina. Por mencionar sólo el más reciente, días después de la realización de la Conferencia, el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil permitió a los jueces sancionar con penas alternativas a vendedroes de pequeñas cantidades de droga, en lugar de sólo hacerlo con penas privativas de la libertad, como lo había impuesto la llamada Nueva Ley de Drogas de 2006.

DDHH y evidencia científica

De lo anterior, se desprenden los preceptos fundamentales que según los expertos reunidos en el encuentro, deben orientar la política de drogas en la región: el respeto y garantía de los derechos humanos y la evidencia científica más que el dogmatismo moral.

“Llama la atención que el mismo organismo que promueve los derechos humanos promueva la guerra contra las drogas”, criticó Freddy Pavón Rivera, viceministro de Justicia del Ecuador al referirse a la ONU y a las dificultades que tienen los estados para avanzar en el diseño de sus políticas de drogas, aunque hace dos años Ecuador protagonizó un importante precedente al indultar cerca de 2.000 ‘mulas del narcotráfico’, permitiendo que personas condenadas a prisión por venta de pequeñas cantidades de droga salieran de las cárceles de ese país.

Pavón agregó que “en la mayoría de los países de la región las leyes sobre drogas son regímenes especiales, lo que quiere decir que son de carácter excepcional y esto va en desmedro de las garantías fundamentales de los procesados, porque las penas son desproporcionada y las prisiones están llenas de mulas atrapadas en el sistema carcelario y no de grandes traficantes”. El viceministro concordó con la fiscal Cuñarro en que próximas deben respetar los principios de legalidad, proporcionalidad, pro homine y debido proceso.

Para Graciela Touze, presidenta de Intercambios Asociación Civil, organización argentina que junto con la organización brasileña, Psicotropicus, organizó la Conferencia, es necesario instalar políticas de seguridad no represivas. “Nuestros países conocen demasiado bien las consecuencias funestas de la militarización de los conflictos, como las que hoy está viviendo México. Y debemos, de una vez y para siempre, instalar políticas de Estado a largo plazo que no estén sujetas a vaivenes electoralistas”.

Pero no se trata solo de leyes más justas ni de sanciones proporcionales, que por un lado no castiguen a quien no tienen que castigar (por ejemplo, el usuario de drogas) y que por otro, cuando sancionen, lo hagan de manera proporcional.  Se trata también de asumir una responsabilidad colectiva y privilegiar medidas educativas que permitan la resocialización en lugar del aislamiento de quien rompe la ley.

Las autoridades que participaron en el encuentro pusieron el tema sobre la mesa varias veces. Por ejemplo, el viceministro ecuatoriano resaltó que “una adicción no se cura con cárcel” y el secretario Abramovay  recordó que el delito es un hecho social y “el que exista una ley penal no es suficiente para evitar conductas que rompen con el contrato social”.

Para el economista colombiano Francisco Thoumi el verdadero meollo del asunto está en armonizar la ley, la cultura y la moral y citó como antítesis de ello el caso colombiano. “El desafío para Colombia no es legalizar la droga (esto atiende apenas uno de los múltiples factores para que exista el narcotráfico), el desafío es legalizar a Colombia. Es decir, cuando hay conflicto entre la norma legal y la norma de grupos sociales se genera el caldo de cultivo para que se desarrolle la actividad criminal”.

Thoumi agregó que en Colombia hay un individualismo moral profundo, es decir, que al individuo no le importa el efecto que sus acciones tengan sobre el colectivo porque no se siente parte de éste. “Sociedades con este tipo de problema, son profundamente vulnerables a la guerra y la criminalidad”.

Bolivia, en contraste, está trabajando en un plan que apunta a la cohesión social a partir de la identidad cultural en torno a la hoja de coca. El gobierno boliviano le está apostando a una Política Nacional de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca.

De acuerdo con Reynaldo Salvatierra, coordinador general del Programa de Apoyo al Control Social de la Producción de Hoja de Coca, además del dinero y esfuerzo que se invierte en la lucha contra el narcotráfico, la sociedad entera está comprometida con la defensa de la hoja de coca y sus múltiples usos lícitos, como ha sido tradición en ese territorio desde mucho antes de la llegada de los españoles.

“El programa tiene un fuerte componente de control social de la producción y comercialización de la hoja de coca para que los pequeños cultivadores puedan sembrarla y cultivarla como el alimento y medicina que es”, dijo Salvatierra quien hizo una extensa exposición sobre las bondades de la hoja de coca que, entre muchas otras cualidades, tiene proteínas, fibra y calcio comparables a los de la carne, las frutas y la leche, respectivamente.

Más parecido al caso colombiano, México enfrenta como uno de los principales problemas para empezar a vislumbrar una solución la fragmentación del poder público entre los tres partidos más importantes del país, ninguno de los cuales tiene mayoría en el Congreso ni en las regiones y que se encarga de lidiar con los traficantes de turno a su manera.

Así lo explica Luis Astorga, sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Coordinador de la Cátedra UNESCO. Para Astorga, la solución posible –aunque haya otras más deseables- pasa necesariamente por un pacto político pues en su opinión, ante la ausencia de un movimiento sólido de la sociedad civil, será la clase política la que acabe definiendo a favor de sus intereses lo que debe hacerse y lo que no.

“Al haber distintos partidos gobernando municipios y estados, forzosamente tiene que haber un pacto político para establecer los puntos centrales de política de seguridad del estado mexicano y no partidista, pues la fuerza económica y bélica de organismos de tráfico de drogas es tal que se han convertido en un riesgo realmente importante para la seguridad del propio estado”, dijo Astorga quien subrayó que esta unidad del establecimiento es fundamental para que México mantenga su autonomía de negociación frente a cuestiones no solo de seguridad sino de economía frente a Estados Unidos.

“Una debilidad de estado mexicano es una oportunidad más para que Estados Unidos pida mayores concesiones. No hay que olvidar que ésta es la frontera más activa económicamente en el planeta, y por eso una de las más porosas hacia el mayor mercado consumidor de drogas ilegales en el mundo”, puntualizó.

Fotos: Walter Mezquita y Márcia Farías

Más información:

Intercambios

Psicotropicus

Site de la conferencia

Iniciativa Latinoamericana de Drogas y Democracia

Comisión Brasileira sobre Drogas e Democracia