Prisiones: urge un cambio

La Constitución de 1988 ya estaba en vigor desde hacía cuatro años garantizando la dignidad humana, cuando las imágenes de la matanza de la cárcel de Carandiru, en la que111 presos fueron masacrados por sus guardianes, recorrieron el mundo, avergonzando a Brasil. ¿Lección aprendida para nunca más repetir el mismo error? Nada de eso. El sistema de prisiones brasileño se mantiene como mal ejemplo internacional.

En 2004, por recomendación de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue cerrada la prisión Polinter, en Río de Janiero, que tenía una capacidad para 150 detenidos pero albergaba a 430. En 2006, en São Paulo, rebeliones coordinadas en diversos presidios paulistas llamaron la atención hacia la sobrepoblación carcelaria, problema que volvió a ser noticia este año cuando el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria pidió intervención federal en el presidio de Espíritu Santo, donde los presos habitaban en contenedores.

En los últimos días, un reportaje de la cadena O Globo denunció hacinamiento en los cuatro centros de detención provisoria en São Paulo: construidos para 2.056 personas, abrigan hoy a 5.057 presos, es decir, están ocupados en 146% más de lo que permite su capacidad. Dichos centros están localizados en la Zona Oeste de la capital paulista.

El tema de la mesa redonda realizada en la Escuela de la Magistratura del Estado de Río de Janeiro (Emerj) fue “Política criminal y penitenciaria en Brasil: ¿hacia donde avanzamos?”, pero la sensación que quedó es se avanzó muy poco.

Los casos emblemáticos fueron recordados por el abogado Taiguara Souza, del Instituto de Defensores de Derechos Humanos, IDDH, que presentó datos preocupantes: la población carcelaria brasileña aumentó 282% en 12 años, siendo la octava mayor del mundo y la mayor de América Latina. En Brasil, en 2007, había 227 presos por cada 100 mil habitantes. La media en América Latina es de 165,5 presos por cada 100 mil personas.

“El sistema penitenciario pasa por una crisis de legitimidad muy grande, por tortura y condiciones degradantes, insalubridad y superpoblación. La resocialización prevista no se cumple y la regla es la violación sistemática de las garantías. El Estado se iguala a los criminales cuando no garantiza su propio funcionamiento”, afirmó Souza, quien es supervisor del programa Balcón de Derechos de la Universidad Federa de Río de Janeiro y la Secretaría Especial de Derechos Humanos.

De acuerdo con el abogado, 60% de la población carcelaria cometió crímenes patrimoniales leves y tráfico de estupefacientes; 70% son reincidentes, ‘empujados a una condición permanente de criminalidad’, según Souza quien afirma que en su mayoría son personas con bajos ingresos que no logran insertarse en el mercado laboral. El experto recordó que 46,6% de los jóvenes brasileños están desempleados.

“Una sociedad excluyente va a generar más y más criminales. Atribuir a la policía la solución de ese problema es una injusticia enorme. La prisión jamás ha sido la solución. Las penas cada vez más severas no atacan el origen del problema. La cárcel no es una posibilidad democrática de solución. Es barrer el problema debajo del tapete”, dice.

Para el abogado, las respuestas no vendrán del Estado penal, sino de inversión en políticas públicas de empleo, salud, educación, vivienda y control social democrático. Según él, las iniciativas de penas alternativas, justicia restaurativa y mediación de conflictos implementadas en Europa son promisorias para Brasil.

Un ejemplo positivo citado por Souza es el proyecto implantado en 2008 en la Delegación de Policía 52 en la ciudad de Nova Iguaçu, por el delegado Orlando Zaccone. A través del proyecto Encarcelamiento Ciudadano, los presos reciben la asistencia prevista en la Ley de Ejecución Penal: ayuda educativa, jurídica, de salud-. El delegado creó además una campaña por el voto del preso. “Nunca más hubo rebelión y la reincidencia cayó”, contó el abogado.

El profesor Sergio do Rego Macedo, presidente del Instituto Brasileño de Derecho y Criminología llamó la atención hacia el hecho de que 43% de los presos en Brasil estén en detención provisional. “La prisión preventiva es ilegal, solo debe ser decretada en estado excepcional, de necesidad absolutamente fundamentada”, aseguró. Macedo citó además el caso dos presos que ya cumplieron sus penas, pero no fueron liberados.

“La criminología sugiere la reducción de las penas privativas en por lo menos 80% en todos los países”, dice Macedo y agrega argumentos económicos a la reducción de las prisiones: “Cada preso cuesta carísimo. Proveer reeducación sería mucho más barato”.
Estado penal.

Para Macedo, la prisión en la que los presos no estudian ni trabajan es medieval. “El sistema penitenciario brasileño es una afrenta a la Constitución Federal, que dice que la dignidad humana debe ser prevalerte en relación a la formación del estado democrático de derecho. No puede existir pena cruel ni tortura. Hay prisiones donde el individuo no tiene ni donde acostarse. La tortura es crimen horrendo”, enfatizo

De acuerdo con Macedo, el Estado policial no puede expandirse más allá del Estado de derecho. “El Estado de policía tiene que ser vigilado. Cuanto menor sea, significa que hay un buen funcionamiento del estado de derecho”, concluyó.

Taiguara Souza destacó que la Constitución de 1998 trajo innovaciones significativas, pues la dignidad de la persona pasó a ser el epicentro del ordenamiento jurídico. “Los principios se volvieron normas y ganaron aires de ley, pero aún así el ideario del régimen militar se mantiene. La búsqueda de la seguridad toma el lugar de la búsqueda de la libertad”, ponderó.
Para él, el control ha sido más importante que las políticas públicas y las respuestas son buscadas a partir de la óptica exclusiva de la dimensión penal. “El control social en el lugar de políticas públicas es un paño de agua tibia”, dice al recordar que, según un Informe de UNICEF, el área urbana del Complexo do Alemão, al norte de Río de Janeiro, tiene 180 mil habitantes y un solo puesto de salud, dos escuelas y ninguna guardería.

Agrego que el poder judicial también se distancia de la realidad social. Los ejemplos son la discusión sobre reducción de la mayoría de edad penal, las prisiones de alta seguridad y los juicios a través de videoconferencia, en que el juez no necesita más estar próximo al reo. “El juez necesita sentir el olor del reo, decía el gran jurista brasileño Evandro Lins e Silva”, citó Souza, quien criticó el monitoreo electrónico de los sentenciados, “que es interesante para desocupar las cárceles, pero amplía el poder punitivo”.

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Panela de pressão: o que esperar do Pronasci para o sistema prisional - artículo de Vanessa de Amorim Cortes