Nuevo observatorio de la violencia en El Salvador

ENTREVISTA /Aída Luz Santos de Escobar

Uno de los mayores obstáculos para desarrollar e implementar proyectos exitosos de prevención y reducción de la violencia en Centroamérica ha sido la falta de información completa y confiable sobre las causas, circunstancias y consecuencias de las muertes violentas que ocurren en la región. Para superar este obstáculo en El Salvador, se acaba de crear el Observatorio Nacional de la Violencia y la Delincuencia, OBNAVID, que establecerá un sistema de recolección de datos para realizar mapas detallados  de la violencia a nivel nacional.

La medida ha sido bien recibida en un país de 7,4 millones de habitantes que desde hace años padecen altísimos índices de violencia e impunidad. En 2010 El Salvador registró 2.922 homicidios por armas de fuego, es decir, 39 homicidios por cada cien mil habitantes. Sin discriminar homicidio por arma de fuego, el total de personas asesinadas fue de 3.987, con una tasa de 54 por cada cien mil habitantes, una de las mayores del mundo.

Pero no se trata de saber únicamente cuántas personas mueren violentamente. Se trata de establecer con exactitud las circunstancias de la muerte: el lugar, el tipo de arma utilizada, el motivo de la muerte, y sobre todo, el autor. También es fundamental establecer todo lo relacionado sobre la víctima. ¿Dónde se presentan los hechos violentos, contra quién, por qué? Esto permitirá a las autoridades y a la opinión pública salir del área gris de la especulación sobre el origen de la violencia.

Aída Luz Santos de Escobar, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública de El Salvador, está al frente de la implementación del Observatorio, que surgió de una directiva del más alto nivel ejecutivo y que cuenta con todo el apoyo institucional necesario para hacer de éste un centro realmente eficiente de diagnóstico del problema de la violencia en el país centroamericano.

A partir de ahora, el Observatorio en alianza con la Procuraduría General de la República, recolectará datos estadísticos de diferentes fuentes durante los primeros diez días de cada mes y hará el análisis de los mismos. La Procuraduría, además de proveer información, vigilará la transparencia y manejo de los datos.

En entrevista con Comunidad Segura, Aída habló sobre la violencia en su país, los desafíos del Observatorio para cumplir con su tarea y su visión de los jóvenes víctimas y victimarios de la violencia.

¿Cuáles son las estadísticas vigentes sobre violencia en El Salvador?

El 28% de la población  del país se encuentra entre los 15 y 29 años y la proporción llega a casi el 40% al sumarse el rango de los 10 a los 14 años. Se estima que cerca de 140 mil jóvenes no estudian ni trabajan. Según estudios de victimización, cerca del 24% manifestó haber sido afectado por el delito en el 2010 y la violencia homicida es uno de los indicadores de mayor preocupación para el gobierno y el público, pues el accionar de las pandillas y las disputas del crimen organizado acumulan un gran porcentaje de esos hechos violentos. Por ejemplo, se ha registrado una alta incidencia del delito de extorsión. Además, hay cerca de 25 mil privados de libertad (360 por casa 100 mil habitantes) 33% de los cuales son miembros de pandillas. El último estudio estimó que el costo de la violencia en nuestro país llega al 13% del PIB nacional.

¿Cómo surge la idea de crear el Observatorio para ayudar a resolver este problema?

La decisión de crear el Observatorio Nacional de la Violencia y Delincuencia surge  para dar seguimiento al mandato presidencial del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de convertirse nuevamente en un ente asesor en materia de seguridad al Presidente de la República. Para lograr este objetivo, se selecciona el personal con experiencia en el tema, se asigna espacio físico, se brinda el equipamiento de oficina y tecnológico. También se ha facilitado la formación y capacitación al recurso humano.

El montaje del OBNAVID, está basado en las experiencias con que ha contado el CNSP en la implementación de Observatorios Locales de Prevención de la Violencia, Observatorios Departamentales de Gestión o de Seguridad Humana y en la única experiencia regional en el ámbito de la observación de la violencia: el Observatorio Centroamericano sobre Violencia (OCAVI).

¿En qué se diferencia OBNAVID de los sistemas de recolección de información sobre la violencia con que ya cuenta el Consejo Nacional de Seguridad Pública y El Salvador en general?

Aspiramos a que el OBNAVID se convierta en una instancia que facilite espacios para el análisis, la negociación y la concertación de los compromisos a ejecutar por los diferentes actores sociales involucrados en la producción social de la seguridad pública, es decir el Gabinete de Prevención y de Seguridad en el ámbito nacional, Departamental y Loca. Su objetivo es generar  una cobertura más amplia y más próxima del comportamiento de la violencia y delincuencia en El Salvador. La diferencia radica en que el OBNAVID será el espacio en donde se recopile la información necesaria y relevante de los diferentes indicadores en observación para la homologación, validación y análisis de la información de manera articulada con las fuentes primarias.

¿Cuál es la importancia de que el OBNAVID sea un esfuerzo conjunto entre el CNSP y  laProcuraduría General de La República? ¿Qué otras instituciones van a estar involucradas?

Este esfuerzo es institucional, la Procuraduría General de La República contribuirá a transferir información valiosa sobre los indicadores en observación, como violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abusos sexuales y temas relacionados con la mediación de conflictos,  entre otros. Es decir, recopilará datos estadísticos de las unidades de atención al usuario sobre violencia y delincuencia que tiene el país. También hemos firmado convenios para que se conviertan en fuentes primarias del Observatorio las siguientes instituciones: Policía Nacional Civil; Fiscalía General de la República; Instituto de Medicina Legal; Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer; Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Adolescencia; Corte Suprema Justicia y Ministerio de Salud.

En síntesis, el OBNAVID permitirá contar con un diagnóstico actualizado, periódico, oportuno y confiable, que nos ayude a conocer las situaciones asociadas directa o indirectamente con la violencia y el delito a nivel nacional, departamental y local.

¿Cuáles considera que son los esfuerzos y buenas prácticas en prevención y reducción de la violencia armada que mejor han funcionado en su país?

El proyecto Municipio Libre de Armas, que se desarrolló en los municipios de Ilopango y San Martín,  en el año 2005. El objetivo fue desarrollar una experiencia de control de la circulación de las armas de fuego, que permitiera evaluar su impacto en la violencia armada. Las experiencias de San Martín e Ilopango, sirvieron de antecedentes para la campaña “Menos Armas, más vida” que se desarrolló en el municipio de Santa Ana, en el occidente del país, en el año 2008. Dicho proyecto contemplaba la ordenanza restrictiva del uso de armas de fuego en espacios públicos, la campaña de sensibilización “Menos armas más vida” y el observatorio local de prevención de la violencia.

Otra experiencia es la que ofrecen las Vedas de Armas en los municipios más violentos, esta es una iniciativa del órgano Ejecutivo, los gobiernos locales y la Policía Nacional Civil.

¿Cómo se han insertado los jóvenes dentro de la política nacional de juventud?

En primer lugar, en ser protagonistas de la consulta de juventudes que se realizó con alrededor 8.000 jóvenes de los 262 municipios de los catorce departamentos del país el año pasado, a través de un proceso participativo, en el que ellos señalaron los principales problemas que los afectan. La política pública de juventud procurará el desarrollo de grandes procesos: la construcción de identidad y autonomía de las y los jóvenes; el mejoramiento de la integración social y la participación ciudadana de la juventud;  el fomento de la cohesión social y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

Obviamente, las y los jóvenes están contemplados en la integración a áreas como la educación (en la que el objetivo es erradicar el analfabetismo, completar la educación básica y aumentar la cobertura de la enseñanza secundaria y universitaria). También en la capacitación e inserción laboral, pues es necesario brindar empleos temporales, aumentar la cobertura de programas de capacitación, disminuir tasa de desempleo juvenil y disminuir el grupo de jóvenes que no estudian ni trabajan. Finalmente, en el área de la salud, con objetivos concretos como recudir la tasa de fecundidad y de mortalidad materna en mujeres adolescentes, y reducir la prevalencia de anemia en las adolescentes y la tasa de homicidio cometidos contra jóvenes.

¿Y los jóvenes en conflicto con la ley?

El objetivo es concretar la participación de jóvenes en acciones preventivas, participación en escuelas para la convivencia, ampliar la cobertura con medidas alternativas a la privación de libertad en adolescentes en conflicto con la Ley Penal Juvenil. La recreación, cultura y deporte hace parte importante de ello, así como mejorar y ampliar la infraestructura deportiva, ampliar y diversificar la oferta cultural.

Hay otras medidas concretas en el área de prevención, entre ellas, el mejoramiento de la infraestructura en 8 centros integrales de desarrollo juvenil;  la construcción de ocho más; el mejoramiento de 200 plazas y parques y arreglos en la infraestructura de 411 escuelas.

¿Cómo considera que debe ser manejado el tema de las pandillas en su país?

Debe abordarse a través de un enfoque multidisciplinario en el área del control y represión. La actuación de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía General de la Republica debería de estar dirigida a la investigación y posterior juzgamiento de los hechos delictivos que este tipo de grupo social pudiera cometer, fortaleciendo principalmente la investigación científica y técnica de los delitos, así como un plan exhaustivo de capacitación en criminalística para la investigación de la Policía y Fiscales.

De igual manera, los planes de control y represión deben de ser elaborados a partir de los modelos criminológicos y política criminal imperante en nuestra sociedad. Y seguidamente, tal como ha sido probado por estudios de diversas organizaciones, los entes de investigación deben atacar el posible recurso económico con el que estas organizaciones se financian. Todo este enfoque tendría que estar asociado a programas de reinserción directo, es decir, desde el momento de su captura, el Estado deberá velar por mostrarles y enseñarles habilidades diferentes y especiales, enfocados en el plano personal, espiritual, cognoscitivo, psicológico, vocacional, etc., a fin de que puedan manejar su personalidad violenta, obtener aptitudes para un cambio de paradigma laboral y de oportunidades.

¿Y a nivel de prevención?

En el área de la prevención de violencia y delincuencia, el tema de las pandillas debe tratarse bajo el modelo de prevención social y situacional, debido a que es necesario minimizar los factores de riesgo, personales como ambientales, dando oportunidad a los jóvenes que las integran de poder retirarse del grupo violento y en el mejor de los casos, los jóvenes en riesgo no vean a las pandillas como la única institución social que les brinda la oportunidad. Para el desarrollo de este modelo es necesaria la complementariedad de las acciones de todos los sectores, la coordinación de los organismos gubernamentales de este sector, sociedad civil, iglesias de todos los credos, instituciones de seguridad y de investigación.

Fotos: Consejo Nacional de Seguridad Pública/El Salvador

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