El costo de la desigualdad

Investigaciones recientes señalan la desigualdad socioeconómica como principal factor generador de violencia. Los mecanismos de control de la criminalidad aplicados en las últimas décadas en Brasil, a pesar del alto costo, no presentan resultados efectivos. Estas dos evidencias apuntan a la necesidad de un cambio de paradigma en la seguridad pública e insertan el desarrollo económico en la agenda de las discusiones del sector.

En el III Encuentro Anual del Foro Brasileño de Seguridad Pública, realizado recientemente en la ciudad de Vitória, capital del estado de Espíritu Santo, una mesa redonda trató específicamente esta relación. Participaron los investigadores Daniel Cerqueira y Patricia Rivero, ambos del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea), Jailson de Souza e Silva, del Observatorio de las Favelas y Rodrigo Soares, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, además de la delegada Patricia Soledad de Queiroz, de la Policía Civil de Pernambuco.

De acuerdo con el economista Rodrigo Soares, dos dimensiones son determinantes del crimen en sociedad: las condiciones socioeconómicas y las políticas públicas de control. “En Brasil, las condiciones socioeconómicas son muy propicias al crimen y a las políticas de combate muy tímidas”, afirmó el profesor de la PUC-Río.

Según el experto, la desigualdad reduce la cohesión social y lleva a grupos que padecen privaciones a desarrollar resentimientos. Además de eso, las oportunidades en el mercado legal son pocas, mientras que el mercado de la ilegalidad está abierto. Otro factor importante para el aumento de la criminalidad identificado en estudios, según él, es la juventud de la población. “Una población muy joven tiende tener más violencia”.

Por otro lado, Soares explica que algunas experiencias muestran que políticas de combate al crimen que se basan en el aumento de efectivos policiales y más prisiones, realmente tienen algún efecto en la reducción de crímenes, porque sacan a los criminales de las calles y disuaden a los potenciales criminales. “Si el individuo sabe que la policía es activa y realmente captura, puede que desista. La certeza del castigo evita crímenes”, afirma.

Para Soares, es necesario combinar más la vigilancia policial con políticas de inclusión social que permitan el acceso a servicios públicos y al poder del estado. “Fue así que se redujeron los homicidios en Bogotá y en São Paulo”, ejemplifica.

El economista Daniel Cerqueira, del Ipea, recordó que un estudio sobre 30 años de homicidios en Río y en São Paulo, reveló que la desigualdad es el factor más relevante para la violencia. Otra investigación mostró que hay más criminalidad en municipios que son más pobres y que tienen un gran número de jóvenes fuera de la escuela y de adolescentes con hijos. El experto agrega que hay un efecto de contagio de la violencia entre municipios vecinos. Las acciones de seguridad pública, por su parte, se mostraron ineficaces. “En el modelo fracasado de policía, la violencia viene por añadidura”.

Ciudad fragmentada

El sociólogo Jailson de Souza e Silva, coordinador del Observatorio de las Favelas, comentó algunos resultados del Diagnóstico Social y Deportivo de 53 Favelas Cariocas, estudio realizado por su organización con ocasión de los Juegos Panamericanos de 2007.

Fueron analizadas las disparidades entre las favelas, de acuerdo con las áreas en que se localizan y las poblaciones más vulnerables a la violencia letal. Se verificó que había correspondencia entre los lugares con mayor déficit social y las mayores tasas de mortalidad por homicidio. O sea, la superposición de desventajas socioeconómicas potencia la situación de vulnerabilidad y riesgo social.

El trabajo afirma que las acciones preventivas son más baratas y eficientes que las punitivas y defiende la elaboración de estudios para estimar los beneficios y costos de los programas de prevención. El estudio muestra cuánto sigue siendo necesario avanzar en políticas sociales para superar las acentuadas desigualdades en Río de Janeiro y cuánto aún se necesita invertir en las comunidades pobres para que se aproximen a los índices medios de desarrollo socioeconómico del conjunto de la ciudad.

“Es necesario romper con la lógica de la ciudad fragmentada para construir una ciudad más segura. Crear encuentro de las diferencias con equipos urbanos que aproximen a las personas. Producir una política integrada que sensibilice a las personas y las incentive a construir nuevas relaciones”, sugiere Souza e Silva.

La socióloga Patricia Rivero, del Ipea, también participó en una investigación con el objetivo de proveer subsidios para orientar políticas públicas en el estado. El estudio “Indicadores Socioeconómicos de Protección y Riesgo para la Instrumentación de Políticas Públicas en Favelas”, concluyó que las áreas que quedan en el entorno de morros, de gran concentración de favelas y de regiones pobres de la ciudad, concentran mayor número de homicidios y violencias.

De acuerdo con el estudio, las políticas públicas no encaran la ciudad como un todo y privilegian las áreas más abastecidas, cuando deberían ser comunes a todo el municipio promoviendo la integración urbana. Según el estudio, en las áreas más pobres, la violencia policial y las confrontaciones directas son frecuentes. La vigilancia policial funciona de forma distinta y ocurren muchas más muertes de civiles a manos de policías, lo que se conoce como “autos de resistencia”. “Una de las primeras iniciativas debe ser la de la humanización de la acción policial en las áreas de favela, integrada a otras diversas políticas públicas”, dice el estudio.

En ese sentido, el Programa Nacional de Seguridad con Ciudadanía (Pronasci), que traza políticas sociales inclusivas y busca fortalecer la vigilancia policial comunitaria, es visto con esperanza por investigadores, organizaciones sociales y gestores que abrazan el paradigma de la prevención.

Drogas: guerra costosa

Un tema que ganó proyección en la mesa fue la represión a las drogas, encarada por los participantes como un desperdicio de dinero y un factor impulsor del crimen. Para la delegada Patricia Soledad de Queiroz, de Pernambuco, si la droga fuera legalizada, podría servir como fuente de ingresos para ser usada en proyectos sociales.

Rodrigo Soares recuerda que un mercado prohibido genera una renta excepcional que genera y sustenta al crimen organizado. “¿Será que vale la pena esa política gigantesca contra las drogas? ¿Qué tan negativos deben ser los efectos del uso de drogas para justificar el alto costo con esa política y su pequeña eficiencia?”, cuestiona.

Jailson de Souza e Silva agrego que 70% de los presos están encarcelados por tráfico de drogas, y que eso tiene un gran costo social. Su estudio afirma que los jóvenes presos ligados al tráfico son poco importantes para la cadena de distribución de drogas y pueden ser sustituidos fácilmente sin que el crimen sea reducido. “Es imposible aplazar ese debate”, dice.

Entre lo que se gasta y lo que se deja de ganar como consecuencia de la violencia, se suma más de 5% del Producto Interno Bruto, PIB, de Brasil, según un estudio realizado por el Ipea y la Escuela Nacional de Ciencia Estadística, Ence, con base en indicadores como el costo de los sistemas de salud, seguridad pública y de prisiones y las pérdidas económicas con vidas interrumpidas.

Entre los costos directos calculables están los gastos públicos y privados por tratamientos de los efectos de la violencia, a través de servicios de salud, seguridad, justicia criminal y el sistema carcelario, además de gastos de protección y prevención. Los costos indirectos incluyen la pérdida de inversión en bienes y servicios que dejan de ser producidos o suministrados y las pérdidas económicas por vidas interrumpidas o incapacitadas para el trabajo. Los indicadores utilizados considerados varían de una investigación a otra, lo que dificulta la comparación de los resultados.

En el estudio del Ipea y de la Ence, no fueron calculados costos como el sistema de Justicia; costos motivados por el dolor, el sufrimiento y el miedo; pérdidas por el desvío de turismo y pérdida de productividad motivada por traumas y morbilidad, entre otros factores que se desprenden de la violencia.

A pesar de no tener en cuenta tales indicadores, el estudio llegó al valor de 92,2 billones de reales al año (cerca de 47.8 billones de dólares), lo que equivale al 5% del PIB o  269.6 dólares per capita. De este total, 14.7 billones de dólares (1,65% del PIB) corresponderán a despensas del sector público y 30.9 billones de dólares (3,43% del PIB) a los costos arcados por el sector privado.

En el sector público, la mayor parte (1,45% del PIB) fue asignado al sistema de seguridad (policías y secretarias) y el restante en el sistema de prisiones (0,15% del PIB) y en el tratamiento de víctimas de violencia en el sistema de salud (0,06%).

En el sector privado, el principal costo es la pérdida de capital humano, estimada en 12.4 billones de dólares, o 1.35% del PIB. Los investigadores calcularon cuánto ganarían las víctimas de la violencia a lo largo de sus vidas con base en las tablas de expectativa de vida del IBGE y en proyecciones de rendimiento en función de escolaridad, edad, género y localización geográfica.

Otros gastos relevantes son la seguridad privada (0,8% del PIB), seguros (0,75%) y las pérdidas con robos y hurtos (0,53%). Aún considerando indicadores diferentes, los resultados de este estudio son compatibles a los de investigaciones realizadas por otras entidades respetados en los mayores municipios del país en la última década. Según las investigaciones, en São Paulo, en Río de Janeiro y en Belo Horizonte, los costos de la criminalidad varían entre 3% y 5% del PIB municipal.

Estudios sobre los costos de la criminalidad aún son raros pero son de extrema importancia porque permiten orientar mejor la asignación de recursos públicos. Pero las dificultades son grandes y van desde la variedad de costos posibles a ser considerados, muchos de ellos intangibles, a la inexistencia o precariedad de los datos.

Según el estudio del Ipea “Análisis de los costos y consecuencias de la violencia en Brasil”, en los países desarrollados, el costo asociado a la pérdida de capital humano por muertes prematuras acostumbra responder a un valor entre 35% y 45% del total. En Brasil este indicador queda en 25%, valor relativamente pequeño que podría causar sorpresa, teniendo en cuenta el número alarmante de 50 mil asesinatos por año. El índice, de acuerdo con la investigación, se explica por el perfil de la mayoría de las víctimas de homicidios en el país: jóvenes pobres, con baja escolaridad. El dato confirma que la dinámica criminal en Brasil replica la desigualdad de renta.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un estudio (Londoño y Guerrero, 1999) que estimó en 168 billones de dólares – 15% del PIB de la región- los costos sociales del crimen en América Latina, incluyendo el valor de los bienes robados.