De las palabras a los hechos: cómo Perú avanza en la implementación del Plan de Acción

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Daniel Luz*

Pocos son, como Perú, los países de América Latina y el Caribe que más han avanzado en una efectiva implementación del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras.

Perú es un país modélico en sus informes anuales al Departamento de Asuntos de Desarme de la ONU sobre cumplimiento con el Plan de Acción, ya sea por el nivel de detalle como por la regularidad con la que los presenta; es un firme defensor de procesos como el del ATT, la Decisión 552 de la Comunidad Andina o el ITI 1 (Instrumento Internacional de Marcaje y Rastreo de Armas, por sus siglas en inglés). Además ha constituido una Comisión Nacional multisectorial, denominada CONATIAF (Comisión Nacional contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados 2). Recientemente, esta Comisión Nacional, ha adoptado un reglamento 3 para garantizar su operatividad y la coordinación de las diferentes instancias gubernamentales clave en los esfuerzos de mejorar el control de armas pequeñas y sus municiones. Quizás, el aspecto a mejorar sea la limitada participación de la sociedad civil en esta instancia, limitada actualmente a un rol de observador, pero sin un lugar regular en la CONATIAF.

Como parte de los trabajos ya emprendidos por la CONATIAF, a finales del pasado mes de febrero, se organizó un taller nacional para avaliar la implementación del ITI en el Perú, gracias a la cooperación de España y la asistencia técnica de UN-LiREC y la organización brasileña Viva Río. Las conclusiones y recomendaciones de esta actividad son las siguientes:

1. Reconocer a la CONATIAF como la entidad responsable –a nivel del Ejecutivo- para el diseño de un plan nacional de acción relacionado con la aplicación de los instrumentos internacionales relacionados con el combate y la erradicación de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y municiones, la gestión de la cooperación y asistencia internacionales y la propuesta de iniciativas legislativas.

2. Reconocer que no existe una ley general de armas y municiones y que la actual normativa contiene vacíos legales que deben ser armonizados con los instrumentos internacionales a los que el Perú se ha adherido. El modelo de legislación marco recientemente aprobado por el Parlatino podría ser utilizado como referencia para una eventual iniciativa legislativa.

3. Asumir que tan importante como reprimir el tráfico ilícito de armas y municiones es controlar el movimiento y la transferencia de armas legales, buscando la incorporación de ese concepto en los planes y políticas del Estado en materia de seguridad ciudadana.

4. Intercambiar información entre las distintas instancias del Estado sobre la aplicación de la normativa vigente, así como las prácticas nacionales relacionadas con la prevención, el combate y la erradicación de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y municiones, incluidos el marcaje y el rastreo, designando puntos focales.

5. De ser el caso, evaluar los excedentes de armas de fuego y municiones de propiedad del Estado e incluir la gestión y seguridad de los almacenes en los programas y políticas de las instituciones nacionales responsables. Aprovechar las propuestas existentes de cooperación para la gestión de almacenes, como el software Sistema de Gestión de Arsenales –SIGA- del Centro Regional de Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo –UNLiREC.

6. Sobre la base de la determinación de armas de fuego y municiones realizada por las instituciones responsables, solicitar el desarrollo de estudios destinados a estimar la cantidad de armas de fuego y municiones distintas a las de guerra de carácter ilegal, en circulación. Los resultados de dichos estudios, eventualmente, podrían ser utilizados para sugerir una restricción de la importación de armas distintas a las de guerra.

7. Establecer un sistema de marcaje estandarizado para las armas y municiones de propiedad del Estado y establecer otro sistema estandarizado para las armas y municiones distintas de las de guerra, solicitando apoyo técnico y financiero, de ser necesario.

8. Mejorar el sistema de registro informatizado de las armas y municiones existentes o crearlos donde no existan, con las especificaciones de, entre otros, el nombre del fabricante, el país de origen, el número de serie, el año de fabricación, el calibre, el modelo, la marca y el tipo de arma o munición, con el propósito de facilitar el rastreo operativo y la identificación del destino final de las armas y municiones, solicitando el apoyo de la cooperación internacional.

9. Utilizar las nuevas tecnologías y metodologías para el rastreo de armas de procedencia legal o ilegal, elaborado por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, tomando en consideración el papel de los intermediarios en la cadena de las transferencias de armas.

10. Propiciar la mayor colaboración entre las instituciones nacionales encargadas de autorizar y controlar la posesión y el uso de armas de fuego y municiones, fortaleciendo dichas instituciones a través de una mayor capacitación a los funcionarios y técnicos responsables.

11. Buscar sinergias entre la acción de la sociedad civil y la responsabilidad de las instituciones del Estado, incluidas las Municipalidades, estableciendo temas de mutuo interés.

12. Desarrollar una conciencia pública relacionada con los aspectos preventivos derivados de la posesión y uso de armas, como el aumento de la violencia en la población joven.

13. Coadyuvar a la identificación y a la obtención de información básica de redes y rutas nacionales, regionales e internacionales de tráfico de armas de fuego y municiones.

14. Intercambiar información y experiencias con otros Estados, particularmente con Brasil y España, en lo que respecta a las lecciones aprendidas sobre la aplicación de los instrumentos internacionales relacionados con armas de fuego y municiones.

15. Destacar la importancia de la cooperación y asistencia internacionales para el cumplimiento de las disposiciones de los instrumentos internacionales, así como de la identificación de los aspectos que son susceptibles de solicitar cooperación y aquellos en los que el Perú tendría la capacidad de ofrecer a los Estados que así lo soliciten.

La implementación del ITI puede facilitar a los Estados el conocimiento específico y detallado sobre diferentes rutas y métodos de tráfico ilegal de armas. Sin embargo, se estima que los Estados podrían ir más allá de las provisiones del ITI, ya que éste tiene diversas debilidades. Es un instrumento político, no legalmente vinculante, y no cubre las municiones. El marcaje en el momento de la importación, es algo recomendado pero no obligatorio; y tampoco ha creado un mecanismo multilateral para las peticiones de rastreo.

Es por ello por lo que este tipo de avances, como el realizado por el Perú, contribuyen enormemente a su efectiva implementación y constituyen pasos necesarios para lograr un mejor mecanismo de control de armas y municiones. Además, el hecho de haber logrado una discusión a nivel de los actores vinculados al registro y marcaje de armas de fuego en el Perú, funcionarios de la administración pública, expertos y miembros de la sociedad civil con el fin de sugerir mecanismos para una mejor implementación de dicho instrumento internacional a nivel nacional ayuda a generar un empoderamiento del tema, que es vital para su efectivo funcionamiento.

1 La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el ITI el 8 de diciembre de 2005.

2 Resolución Ministerial- R.M. N° 134-2007-PCM.- (07/05/2007) sobre la creación de la CONATIAF, disponible en: http://www.rree.gob.pe/portal/pexterior.nsf/

3 Boletín Oficinal de Perú (BOP), de 17 de febrero de 2009. Disponible en: http://vlex.com.pe/source/peruano-diario-oficial-2021/issue/2009/2/17

*miembro de la Junta Directiva de IANSA