Artículo del vice-ministro de Asuntos Exteriores de Colombia

Artículo exclusivo para el boletín mensual "En la mira - Observador Latinoamericano de Armas de Fuego". Haga clic aquí para suscribirse y ver las ediciones anteriores.

Camilo Reyes

Colombia tiene particularidades que explican nuestra percepción frente a la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, así como nuestro liderazgo en el tema. El país atraviesa una difícil situación interna, cuya singularidad es la multiplicidad de actores armados que operan al margen de la Ley dentro de nuestro territorio. A lo anterior, se suman procesos como la privatización de la seguridad, la actual desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y la expectativa frente a las posibles desmovilizaciones del Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

En este sentido, el Tráfico Ilícito de armas pequeñas y ligeras tiene una significativa trascendencia para Colombia, por lo cual  hemos ejercido un liderazgo global y regional, el cual se ha ido consolidando desde nuestra Presidencia en la Conferencia de Naciones Unidas de 2001.

Con la Conferencia se obtuvo un marco normativo, que dio lugar al Programa de Acción, a través del cual se fijaron los lineamientos para el diseño de respuestas correctas y efectivas a este flagelo y se avanzó en el establecimiento de mecanismos de seguimiento, que permitieron la existencia de un instrumento de marcaje y rastreo.

Los avances han sido pocos, considerando la rentabilidad del comercio ilícito de armas y las posiciones encontradas entre oferentes y demandantes que dificultan llegar a un consenso; no obstante, cada paso representa un gran progreso, tal es el caso de la aprobación por parte de la Asamblea General de la Resolución 61/89 del 6 de diciembre de 2006, mediante la cual se solicita al Secretario General que cree un grupo de expertos gubernamentales encargado de examinar la viabilidad, el alcance y los parámetros de un proyecto de instrumento amplio y jurídicamente vinculante que establezca normas internacionales comunes para la importación, exportación y transferencia de armas convencionales.

Para Colombia es imprescindible toda iniciativa que esté encaminada a armonizar las legislaciones de los países productores, consumidores y de tránsito, de manera que se adopten normas que permitan un mayor control y responsabilidad en la venta, transporte y compra de las armas y municiones.

Adicionalmente, hemos trabajado a nivel internacional por lograr, en primer lugar, comprometer a los países vecinos en la lucha contra el tráfico ilícito de armas a través de las fronteras y, en segundo lugar, avanzar en el desarrollo de la aplicación del Programa de Acción a nivel nacional, regional y mundial.

La Decisión Andina 552 que permite comprometer a los vecinos con el control, erradicación y prevención del tráfico de armas en la frontera. Para ello, se avanzó en la designación de un Comité operativo a nivel subregional, de acuerdo con lo estipulado en la mencionada Decisión. Asimismo, se han conformado Grupos de Seguridad, a nivel bilateral con Brasil, México, Costa Rica y Guatemala, donde se abordan todos los temas de seguridad, entre ellos el del  tráfico ilícito de armas.

A nivel nacional, se han consolidado dos posiciones frente a la problemática de la tenencia de armas pequeñas y ligeras, por un lado, se defiende la regulación de su porte y uso legal, y por otro, se promueve el desarme para reducir los niveles de violencia o el mal uso.

El desarrollo de las iniciativas de desarme ciudadano, recientemente, se ha conformado un Observatorio de Armas, en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores cumple un papel de supervisión, y cuenta con la activa participación del sector académico, organismos internacionales y algunos países de la comunidad internacional. El Observatorio tendrá como objetivo recoger y analizar información sobre la situación de las armas de fuego y municiones en Colombia y establecer elementos de análisis con el fin de diseñar y orientar políticas públicas.

A nivel gubernamental y siguiendo las recomendaciones del Programa de Acción,  a través del Decreto 4508 del 19 de diciembre de 2006 se creó legalmente el punto focal nacional o el Comité de Coordinación Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación  del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, el cual tuvo su primera reunión oficial el 6 de febrero de 2007.

La creación legal del Comité es el producto de de largas negociaciones internas entre las instituciones nacionales que manejan los temas de seguridad nacional y la regulación de armas en Colombia y representa un gran avance para el país, toda vez que concretó y oficializó la labor que  se había venido desarrollando de manera informal.

Sin embargo, es necesario desarrollar una legislación más integral frente al porte de armas. Las normas que pretenden reglamentar la tenencia de armas por parte de la sociedad civil parecen basarse en el concepto de la excepcionalidad, es decir, parten de la base de que el ciudadano del común excepcionalmente podrá tener un arma y que esa propiedad estará bajo el control del Estado. Sin embargo, tal pretensión simplemente refleja algo bastante común entre nosotros, la distancia, el vacío entre la legislación y la realidad.

Por otro lado, el espíritu de las leyes es esencialmente pasivo frente al enorme problema que pretende solventar, toda vez que define normas relacionadas con una concepción restrictiva pero poco actualizada del problema. En términos generales parecen reglas para evitar que aumente o se agrave un problema que ya existe, pero no logran su fin, que es resolverlo.

No debemos olvidar que nuestro mayor desafío es la consolidación de una cultura de paz en la que la resolución de los conflictos no sea a través de la violencia, que promueva la reducción del status del poder que dan las armas en una sociedad y particularmente, ayude a recuperar el monopolio de la fuerza por parte del Estado.