El Congreso argentino aprueba una nueva ley de control de armas

El Senado argentino concluyó sus tareas de 2006 con la aprobación de una extensa lista de proyectos de diversa naturaleza. La votación más relevante fue sin embargo, la que aprobó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Esta ley, que deberá ser reglamentada por el Presidente Néstor Kirchner dentro de un período de 60 días, establece incentivos para que la población civil se deshaga de sus armas de fuego .

El proyecto de ley fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y fue producto de la nueva política de control de armas que había sido anunciada personalmente por el Presidente Kirchner en agosto de 2006. El proyecto fue elaborado en base a la experiencia de la Provincia de Mendoza, y será instrumentado en base a tres ejes fundamentales:  la reestructuración del sistema de control de las actividades en las que se utilizan armas de fuego;  la intensificación del combate al mercado ilegal de armas; y la reducción del número de armas en manos de civiles.

Según Gabriel Conte, de la Red Argentina para el Desarme, el miércoles 20 de diciembre, el Senado aprobó una ley de desarme que ya venía siendo aplicada en Mendoza  hacía siete años. “Esta conquista es fruto del trabajo de toda la Red y del reconocimiento del Poder Ejecutivo a la importancia de este trabajo que ahora encuentra respuesta en el Poder Legislativo”, conmemoró Conte.

Además de la campaña de recolección de armas, la ley establece la creación de un consejo consultivo para las políticas de control de armas formado esencialmente por especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Según Conte, con la la nueva ley el control sobre la portación, la fabricación, la importación, la exportación y la comercialización de armas de fuego, pasa ahora a la órbita del Ministerio del Interior. Serán promovidas campañas de sensibilización de la población y será prohibida la fabricación y comercialización de réplicas de armas de fuego. 

El proyecto de ley dispone también la creación de un banco de datos nacional donde estén registradas todas las armas de fuego existentes en el país, tanto en manos de civiles como de instituciones del Estado y obliga a las Fuerzas Armadas y de Seguridad a informar a cada tres meses al Congreso Nacional casos de pérdida, robo o desvío de armas y munición pertenecientes a sus inventarios.

Tradución Pablo Dreyfus

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