Política de drogas: una mirada a los países vecinos

La segunda quincena de agosto en Argentina estuvo marcada por un triple asesinato que estremeció al país y puso al descubierto una red de narcotráfico que puede llegar a involucrar jueces y miembros del gobierno. Tres empresarios asesinados en la supuesta  cobranza de una deuda acabaron por desenterrar una trama de tráfico de influencias y de drogas en el  país, que actualmente discute reformas en su ley de drogas, aprobada en 1989.

Al calor de ese acontecimiento, se realizó la VI Conferencia Nacional sobre Política de Drogas en Buenos Aires, entre el 25 y el 26 de agosto, en la Cámara de Diputados de la Nación.

Brasil en la Conferencia

Organizado por la asociación civil Intercambios, el evento reunió investigadores internacionales del tema, entre ellos el brasileño Denis Patuco, de la Asociación Brasileña de Reductores de Daños (Aborda) y Regina Buenos, de la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos (Reduc).

Los dos presentaron un velatorio conjunto, realizado por ambas organizaciones con el objetivo de hacer una evaluación paralela a la oficial, divulgada por la ONU sobre la situación de Brasil en relación a la aplicación de la ley de drogas y sus consecuencias. Estructurado en cuatro ejes analizados por diferentes integrantes de las dos organizaciones, el documento trata del movimiento social de redes de reducción de daños, violencia estructural y política de drogas, políticas de salud para consumidores y ciudadanía de personas que usan drogas.

"Aunque el texto de la nueva ley avance en términos de flexibilización de las penas para usuarios, existe una contradicción entre éste y la aplicación y el planeamiento de políticas de salud y de represión a las drogas", critica Patuco.

Para Regina Bueno, sin embargo, la nueva ley representa un avance del Estado en relación a un tratamiento más humano al usuario de estupefacientes. "La reducción de daños está incluida en el texto de la ley y hay incentivos para el trabajo de reductores de daños", afirma Bueno al resaltar que es un paso importante.

Reforma no es consenso en Argentina

Durante la apertura del evento, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, señaló la intención del gobierno de Cristina Fernández de flexibilizar la ley de drogas en el país. "Nuestra política de drogas está marcada por el combate al narcotráfico, por una política de prevención honesta y por un fuerte trabajo de tratamiento y reducción de daños", afirmó el Ministro, que ya había declarado una posición contraria a la política prohibicionista durante un debate temático en la 51ª Sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND, por su sigla en inglés), realizado entre el 10 y el 14 de marzo, en Viena, Austria,

Sin embargo, la controversia de la política oficial argentina en relación a las drogas ilegales fue expuesta por el diputado nacional Leonardo Gorbacz, integrante de la Comisión de Prevención de Dependencias y Control de Narcotráfico de la Cámara Federal. Según Gorbacz, a pesar de las declaraciones combativas del Ministro Aníbal Fernández éstas son incompatibles con la existencia del Sedronar, una secretaria nacional que coordina políticas de drogas en Argentina. "Mientras Cristina Fernández y el Ministro defienden la despelanización de las drogas, el Secretário (José Ramón Granero) se declara contra, implementa políticas represivas y sigue en el cargo".

Para el diputado, el Sedronar se encarga de cuestiones sanitarias que deberían estar a cargo del Ministerio de Salud, y de cuestiones legales, sin estar vinculado a una fuerza de seguridad, lo que hace que no actúe de manera efectiva en ninguno de los dos frentes.

Para Horacio Cattani, juez y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina tiene leyes desproporcionales al problema. "No salimos de los años 1990", afirmó Cattani en alusión a la fecha de aprobación de la legislación sobre drogas. En opinión del juez, la ley de 1989 mantuvo la base de leyes promulgadas en las décadas de 1960 y 1970, ampliando la base represiva con la incorporación de tratados internacionales.

América Latina comienza a caminar con sus propios pies

Coletta Youngers, quien fue directora del proyecto Drogas, Democracia y Derechos Humanos de la Oficina de Washington para América Latina (Wola), criticó la guerra contra las drogas adelantada a lo largo de las últimas dos décadas. "Con el fin de la guerra fría, la guerra contra las drogas sirvió como disculpa para la presencia militar norteamericana en América Latina", comentó.

"La política de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos, desestabiliza gobiernos democráticos con perjuicio al desarrollo de las democracias a largo plazo; deteriora libertades civiles, militariza fuerzas policiales; distorsiona sistemas penales locales y causa violencia política", afirmó.

Como ejemplo del fracaso de la política de represión a las drogas implementada por Estados Unidos en América Latina, Coletta evaluó el Plan Colombia, que después de US$6 billones invertidos, obtuvo como resultado un aumento de 27% en los cultivos de coca en su territorio entre 2006 y 2007, como anunció la ONU en Junio pasado.

Sin embargo, Coletta resaltó cambios en América Latina a partir de 2005, cuando nuevos gobiernos pasaron a implementar alternativas políticas más eficaces y humanas en el tratamiento de la cuestión de las drogas. Como ejemplo de esa nueva tendencia, la analista citó a Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina.

Graciela Touzé, presidenta de Intercambios e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, consideró que en América Latina hay un aumento en la acción de ONGs que trabajan con reducción de daños y expansión de ese servicio en la región. Para la investigadora, es necesario un mayor equilibrio del enfoque entre la oferta y  la demanda, así como prácticas más sensibles a la cultura local, desarrolladas en ámbitos regionales.

Coletta defendió una política alternativa que no vincule ayuda económica a la reducción de índices; que se base en la aplicación de la ley por medio de procesos judiciales por narcotráfico y corrupción; que contemple el desarrollo de fuerzas armadas, policiales y judiciales bajo la perspectiva de los derechos humanos; que trabaje en la reducción de la demanda, principalmente en Estados Unidos, a través de programas de prevención, reeducación y rehabilitación y que aborde el consumo como una cuestión de salud.

Traducción Andrea Dominguez

Para saber más:

Drogas: um desafío latinoamericano

Plan Colombia en jeque

En otros sitios:

Intercambios

Associação Brasileira de Redutoras e Redutores de Danos (Aborda)

Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos (Reduc)

Oficina de Washington para América Latina (Wola)

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